Roberto Hernández Mélendez

Expediente 61/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
61/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Mélendez
  • Ricardo Eulalio Pérez Zarate, apoderado legal de

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 149 y 150), se requirió a la parte quejosa para que comparezca a recoger los documentos originales exhibidos en el presente juicio de amparo dentro del plazo de noventa días, con el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente; sin que conste dicha notificación personal. En consecuencia, notifíquese personalmente a la quejosa el auto de veintiocho de junio del año en curso. EL ACUERDO DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 139 a 141), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que comparezca a recogerlos dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Transparencia. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 139 a 141), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que comparezca a recogerlos dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Transparencia. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil dieciocho (fojas 102 a 113), en el presente juicio de amparo indirecto número 61/2018-II, promovido por Ricardo Eulalio Pérez Zárate en su carácter de apoderado legal de Roberto Hernández Meléndez, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Presidente y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala realizara lo siguiente: ".dentro de los términos y con las formalidades que marca la ley eviten la demora o paralización del procedimiento laboral de origen, es decir, proceda a dictar el acuerdo que corresponda al escrito presentado por el actor -aquí quejoso-, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual solicitó la aclaración de la resolución dictada en el incidente de liquidación de laudo en el expediente laboral 328/2012-C." Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (fojas 131 y 132). Mediante oficio 797/2018 de diecisiete de mayo del año en curso, la autoridad responsable, Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente a la aclaración de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación dentro del expediente laboral 328/2012-C de su índice, en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio (fojas 123 a 129). Por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera (fojas 131 y 132). Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida sentencia de amparo. Ahora el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada del proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente a la aclaración de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación dentro del expediente laboral 328/2012-C de su índice; documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De dichas constancias se aprecia que el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dio cuenta al citado órgano colegiado con dos escritos, el primero de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y, el segundo diecinueve de enero del año en curso, ambos suscritos por Ricardo Eulalio Pérez Zarate, apoderado legal del actor; asimismo, en el acuerdo de esa fecha, respecto a lo solicitado por el promovente determino: No ha lugar a incluir en la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete la cuantificación de intereses generados con motivo de los doce meses que transcurrieron desde la emisión del laudo hasta el dictado de la resolución en comento Corresponde al trabajador, para efectos de la reinstalación, un salario diario de $ 246.71 (doscientos cuarenta y seis pesos 71/100 M.N) Se debe sumar la cantidad de $ 150, 464.03 (ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 03/100 M.N) al total que deberá pagar el demandado en el juicio de origen. Del análisis de lo expuesto se aprecia que, el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dictó el proveído correspondiente al escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que el quejoso solicitó la aclaración de la resolución dictada en el incidente de liquidación dentro del expediente laboral 328/2012-C de su índice, por lo que es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dos de mayo del año en curso (fojas 102 a 113), en la que se determinó, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Hernández Meléndez, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se provee cumplimiento reservado. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de veintiuno de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente al oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, lo cual ya aconteció; en consecuencia, se provee: Se da vista con cumplimiento a parte quejosa. Visto de nueva cuenta el oficio de referencia, mismo que fue recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho del mes y año que transcurre, registrado bajo el número de folio 6992, a través del cual remite copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 328/2012-C, de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.

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