Roberto García Palafox

Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
282/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Roberto García Palafox

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 56 a 67), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 282/2018-VIII, promovido por Roberto García Palafox, contra los actos y autoridades responsables en términos de los considerandos tercero y sexto de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. En otro aspecto, se tienen por ofrecidas las documentales remitidas como anexo al oficio que se provee, consistente en copias certificadas de las actuaciones judiciales de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Ahora de lo anterior, se advierte que la autoridad oficiante fue omisa en remitir la totalidad de las constancias que integran la causa penal 168/2014; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita la totalidad de las constancias que integran la causa penal 168/2014 de su índice, las que deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho, apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo vigente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) emplácese por oficio al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y para tal efecto adjúntese copia de la demanda y auto admisorio. En consecuencia para dar margen a lo anterior y a fin de evitar alguna violación al procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles , hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.

  4. Incidental

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que han transcurrido los plazos de tres y cinco días, concedidos al quejoso Roberto García Palafox, en la resolución interlocutoria de cinco de abril del año en curso, para comparecer ante el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a fin de continuar con la averiguación previa correspondiente y para exhibir la garantía fijada por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas que autoriza la ley, respectivamente, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que la medida suspensiva ha dejado de surtir efectos respecto de la orden de aprehensión, librada en contra del quejoso y su ejecución, dictada su contra, y por ende, tiene expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado. En el entendido de que la parte disconforme está en aptitud de cumplir con las prevenciones formuladas mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal.

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