Roberto Heraldo Rocardez Aguirre
Expediente 1914/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1914/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Heraldo Rocardez Aguirre
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1914/2023-VIII; y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Igualmente, solicítese atentamente al Juez correspondiente, para que al rendir su informe justificado, indique si al momento de emitir la determinación impugnada, tuvo a la vista alguna constancia integrante de la carpeta de investigación natural y, en caso afirmativo, remita, única y exclusivamente, copia certificada de la o las constancias respectivas. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 206, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, toda vez que consta en la certificación de cuenta que el nombre del usuario "********************" que proporciona el promovente, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza únicamente el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir vía electrónica a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y proporciona para ello el citado usuario, en consecuencia, de conformidad con los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con el nombre de usuario "********************", para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior del conocimiento del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizada, a la persona que designa en su demanda de amparo con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en este juicio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax; sin perjuicio de que una vez que obre en estos autos el informe justificado de la responsable y las constancias que remita, se advierta circunstancias distintas y se provea lo conducente. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley en comento, gírese oficio al aludido tercero interesado, a fin de notificarle la admisión de la demanda que nos ocupa, adjuntándole copia simple, e indicándole que puede comparecer con tal carácter a este juicio, si a su interés conviniere; comunicándole además la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Ahora bien, respecto al carácter de terceras interesadas que pudiere recaerles a las personas físicas a que hace alusión en la demanda de amparo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, del que pueda constatarse si cuentan o no con tal calidad Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recibe. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Roberto Heraldo Ricardez Aguirre, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós Ahora bien, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 238, en armonía con el diverso 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los d1emás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: - El auto de vinculación a proceso de cinco de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en su contra en la carpeta administrativa 112/2023, del índice del Juzgado responsable, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio simple. Precisado lo anterior, en cuanto a la emisión del acto reclamado precisado, tiene la calidad de acto consumado, debido a que ya fue realizado por la autoridad responsable; por lo que, en su contra, resulta improcedente conceder la suspensión; en tales condiciones, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional que de este órgano de control constitucional se solicita, respecto del precitado acto. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otro lado, previo a pronunciarse en relación a los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, resulta necesario precisar que la Primera Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 302/2021, emitió la jurisprudencia 25/2023, determinó que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada, pues ni del Código Nacional de Procedimientos Penales ni de la Ley de Amparo se desprende incidencia alguna de dicha resolución sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada, pues su objetivo se constriñe a definir su situación jurídica, en tanto que sus efectos se limitan a establecer los hechos sobre los que continuará el proceso, o bien, en su caso, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, pero no privarle de la libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, como serían diversas medida legales. Acorde a lo anterior, puntualizó que dicho auto de vinculación a proceso no se encuentra contemplado en la parte especial de la Ley de Amparo, dedicada a la procedencia y efectos de la medida cautelar de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 del propio ordenamiento en cita. Por lo que para tales efectos cautelares, debía atenderse a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, esto es, a la satisfacción de los requisitos establecidos en los dispositivos 128 y 138 de ese ordenamiento, y una vez colmados, procederá la medida en términos y para los efectos previstos en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la invocada legislación. Lo anterior, fue dispuesto en la jurisprudencia 25/2023, de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. HECHOS: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. JUSTIFICACIÓN: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Debiéndose puntualizar que la indicada jurisprudencia por contradicción de tesis es de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese contexto, para resolver sobre la suspensión solicitada por el quejoso, es necesario atender a la naturaleza del acto a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión, la violación alegada y que se satisfagan los requisitos que establece el invocado numeral 128, que consisten en: a) Que lo solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por otra parte, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. A su vez el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión el acto reclamado deberá efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y en su caso acordará lo conducente respecto de tal medida cautelar. En el caso, las consecuencias del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, es susceptible de suspensión, pues se traduce en la continuación del proceso por los hechos delictivos antes ponderados. Así, en criterio de esta Juzgadora Federal, se satisfacen también los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo que se estima así, porque la medida suspensional fue solicitada por la persona imputada, en cuya contra se decretó auto de vinculación en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio simple. Además, el segundo requisito previsto en la Ley de Amparo también se ve satisfecho, porque no se advierte que con su concesión se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, pues con la medida cautelar no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgaran las leyes o se infiriera un daño que de otra manera no resentiría; por el contrario, la sociedad tiene especial interés en que los hechos que la ley enmarca como delictivos, sean investigados y que sean observados los principios del debido proceso y en caso de no otorgarse la medida suspensional, el quejoso sí resentiría una afectación en su esfera de derechos, pues de llegar a concluirse el eventual juicio oral, se haría nugatorio el amparo solicitado contra el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por tanto, respecto a los efectos y consecuencias del auto de vinculación a proceso impugnado, procede conceder la suspensión provisional que se solicita. La medida cautelar se concede para el efecto de que la Juez de Control suspenda el procedimiento seguido al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se le notifique la sentencia ejecutoriada que se dice en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo, no se fija garantía para que surta efectos la medida suspensional, toda vez que la suspensión únicamente tiene efectos sustancialmente similares a los que se refiere el citado numeral 163 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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- Roberto Fermin Valencia Tamayo2031/2021
- Roberto Gabriel Hernandez Hernandez1071/2017
- Roberto Gabriel Lozano Tamez1287/2018
- Roberto Heraldo Ricardez Aguirre1726/2023
- Roberto Jaciel Dominguez Leal637/2020
- Roberto Javier Ibarra Morales1073/2018
- Roberto Javier Pan Flores1515/2021
- Roberto Javier Quintal Lopez1611/2021
- Roberto Jaziel Dominguez Leal1179/2018
- Roberto Jesús Pimentel Rodríguez26/2023