Roberto Gabriel Lozano Tamez
Expediente 1287/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Gabriel Lozano Tamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA I. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a los presentes autos el oficio 956, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de mayo del año en curso, por ese Cuerpo Colegiado en el toca 80/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ROBERTO GABRIEL LOZANO TÁMEZ, por conducto de su apoderado José Luis Lozano Támez, en contra del acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que la citada Superioridad en su único punto declaró infundado el recurso de queja interpuesto. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, del acto reclamado a la responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que en proveídos de diez y veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó agregar el alegato ministerial rendido por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, y el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, reservándose acordar respecto al contenido de los mismos, hasta en tanto se resolviera el diverso recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, lo cual ya aconteció el once de marzo del año en curso; sin embargo, no se realiza pronunciamiento al respecto, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, la copia certificada, en dos tomos, del toca 59/2007, de su índice y en tres tomos, del expediente 199/2015, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con sede en Guadalupe, Nuevo León, que la aludida autoridad acompañó a su informe justificado; toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 2185/2019, signado por Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de once de marzo del año en curso, dictado en este asunto; quedando registrado con el número 80/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el escrito signado ...quien se ostenta apoderado legal del quejoso ... por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce al ocursante la personalidad con la que se ostenta esto es, de apoderado del nombrado quejoso, en términos de la copia certificada del testimonio de escritura pública número ciento cuarenta y tres, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número Diecisiete en el Estado de Campeche. Ahora, toda vez que el apoderado del citado quejoso, solicita el cotejo del referido instrumento notarial con la copia simple que exhibe; por tanto, proceda el Secretario a realizar el cotejo del documento exhibido, para el efecto de que una vez certificada la copia, sea agregada a los presentes autos. Respecto a la devolución de dicho documento que exhibe en copia certificada, hágasele del conocimiento del citado apoderado que se le devolverá una vez que se ordene el archivo en el presente juicio. Asimismo, téngase como domicilio del nombrado apoderado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su escrito de mérito; y como sus autorizados para tales efectos en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Celso Augusto López Pérez, Johanna De Lourdes Gómez Domínguez y Rubén Rafael Brizuela Zepeda, y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a Eduardo Alejandro López Novelo, Jonathan Fernando Casanova Solís, Jeiner Ricardo Martínez Ku, Carlos Enrique Aké Moo, Samantha Georgina Solís Herrera, Alam Fernánez Martínez, Pablo Yael Romero de Dios, Enrique Méndez Millán, Denise Juárez Pérez, Yiddiany Violeta Ruz Caballero, Elina Yuriana Sánchez Santiago, Javier Leonardo Lara Ortegón, Kevin Jesús Manzanero Arzápalo e Ileana Arminda Esperón Rodríguez; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se lea autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora, toda vez que el citado apoderado Lozano Tamez, interpone recurso de queja contra el auto de once de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase a la Superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado; igualmente, remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, y en el que expresa sus agravios, así como la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Téngase por recibido y agréguese el oficio 296, de siete de los corrientes, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el veintiocho de febrero del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 182/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso ROBERTO GABRIEL LOZANO TÁMEZ, por conducto de su representante especial ZAIRA XACUR HERNÁNDEZ, contra el auto dictado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto declaró fundado el recurso de queja interpuesto, y ordenó dejar sin efectos el acuerdo recurrido, a fin de que se emita otro en el que se tenga como acto y autoridad responsable los expresamente señalados en la demanda de amparo, que lo son: la ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio de amparo directo 134/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Judicial en el Estado de Nuevo León, (y no la orden de reaprehensión atribuida a la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León), y hecho, se resuelva como legalmente corresponda. En consecuencia, acúsese recibo; y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Por tanto, se deja sin efectos el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciocho; y se procede al análisis integral de la demanda de amparo, y se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción del artículo señalado que considera resulta aplicable al caso concreto. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" Ahora bien, para lo que interesa a éste asunto, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa para atacar tanto decretos, como autos y sentencias, en atención a que todos esos actos son resoluciones judiciales, en términos del artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y esa improcedencia opera cuando la resolución sea dictada por la Superioridad. De lo transcrito se colige que el amparo es improcedente, toda vez que no es posible tener como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se impugnan actuaciones dictadas en su carácter de órgano de control constitucional en una vertiente terminal, como acontece en el presente caso, en atención a que la resolución controvertida fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Judicial en el Estado de Nuevo León, por lo que conforme a la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la vía que se pretende resulta improcedente. En ese sentido, debe considerarse que por regla general, las resoluciones de los Cuerpos Colegiados de Circuito, son inobjetables, pues tienen como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas por éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Pues esa causa de improcedencia específica de la acción de amparo, descansa en una razón de carácter práctico, consistente en la estabilidad y seguridad jurídica, a cuya consecución tienden todos los procesos; luego, la resolución de las cuestiones constitucionales que se ventilen en los juicios de amparo en la vía directa, como es en el caso, se vería indefinidamente aplazada, debido a la incesante promoción de recursos contra resoluciones o proveídos recaídos en aquellos. Todo lo cual no sólo menoscabaría considerablemente la seguridad jurídica que en materia constitucional debe existir; sino que quebrantaría el prestigio y la estabilidad de la administración de justicia en el fuero federal. En apoyo a tal consideración, cabe citar por analogía la Jurisprudencia (PC.III.L. J/11 L (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 1816, registro 2010747, que establece: "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho." Así también por analogía, la tesis II.2o.C.48 K, de la Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1235, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ... Por tanto, al haber analizado la causal de improcedencia en cuestión, en términos de los artículos 62 y 112 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior tiene sustento por analogía jurídica en la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 emitida en la actual Novena Época por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: ....
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