Roberto German Rosas Ruiz
Expediente 1489/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Roberto German Rosas Ruiz
- Presidenta Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los autos, en el sentido de que a la fecha, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado en cuatro octubre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Roberto Germán Rosas Ruiz, en consecuencia se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, bajo la supervisión de la secretaria encargada del trámite, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, previsto en los artículos 201 y 202 de la ley de Amparo, para inconformarse con la resolución de once de abril del presente año, que tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo sin que se interpusiera dicha inconformidad; por tanto, con fundamento en el numeral antes invocado, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el juicio constitucional en el que se actúa. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la ley de la materia, previa revisión por el Secretario encargado del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados de este Juzgado, el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 1489/2022 del índice de este Juzgado; quedando debidamente notificado de la auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy Fe.-
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 638/2022-2. R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Ramón Rubio Rodríguez e Isabel Molina Carrillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que señaló en su demanda Segundo. Admisión. Mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por admitida la demanda, la que se registró en el libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE) como juicio de amparo 638/2022-2; por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde, se reconoció el carácter de las autoridades tercero interesadas y, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos de omisión y presentarse la demanda en el lugar en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa en esencia reclama la omisión del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar sentencia definitiva dentro del juicio contencioso 55/2020, y del Actuario adscrito de realizar su notificación en los términos de la ley aplicable. Tercero. Inexistencia de actos. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó el Magistrado Titular adscrito, al rendir su informe justificado. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en copia certificada relativas al juicio 50/2020, de su índice, se advierte que la omisión que se reclama no existía a la fecha de la presentación de la demanda -doce de mayo de dos mil veintidós-; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Ello, tomando en consideración que por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, -posterior a la presentación de demanda- en el juicio contencioso 55/2020, la responsable citó a las partes para oír sentencia; por lo que es evidente que al momento en que se presentó la demanda de amparo, no podía estimarse que existiera la omisión que se le atribuye a la autoridad responsable, ya que aún no se había dictado el cierre de instrucción, lo que conllevaría a que no corría el término para su dictado y por ende no se violenta la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, lo que provoca que al no existir el presupuesto que condiciona la existencia de la omisión, tampoco puede considerarse que existía el acto abstensivo que se reprocha. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 133 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 2011, con registro 1002199, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". De igual forme, tomando en cuenta la presentación de la demanda, no es cierto el acto que se atribuye al Actuario adscrito al juzgado responsable, consistente en la omisión de notificar la sentencia que se dicte en el juicio génesis del presente en el término de la ley aplicable, no obstante su omisión de rendir informe. Lo anterior, ya que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, ya que el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, este Juzgador constata que el deber de notificar surge, en este caso, de la sentencia que se dicte en el juicio contencioso administrativo origen del presente sumario, la cual no existía al momento de presentarse la demanda, tanto así que también se reclama la omisión de su dictado. Luego, si la data en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo, no existía la resolución que su omisión de dictado se reclama, es ineludible que no existía deber del notificador para actuar en determinada manera y por ende, resulta inexistente la omisión atribuible a esa autoridad. Es aplicable la tesis, por las razones que expone, la tesis: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que sea el caso ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, en virtud de que el sobreseimiento decretado impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, Octubre-Diciembre de 1989, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ramón Rubio Rodríguez e Isabel Molina Carrillo, contra actos de las autoridades responsables, por las razones que quedaron especificadas en el considerando tercero de esta sentencia.
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