Roberto Everardo Pinedo Bañuelos

Expediente 1286/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1286/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Roberto Everardo Pinedo Bañuelos

Actuaciones

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente.********************Vista la copia simple de la demanda de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1286/2023-3, que promueve Roberto Everardo Pinedo Bañuelos, por conducto de su defensor público federal Víctor César Cano Hernández, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Mexicali, Baja California. Solicitud de informe previo.********************Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados. Audiencia incidental.********************Se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Suspensión.********************Del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: "4. ACTO RECLAMADO: a) De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo la resolución de 10 de octubre de 2023, dictada dentro de la causa penal ********************, que me fuera notificada en esa misma fecha, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa." Asimismo, del propio ocurso se desprende que solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: ".se solicita la suspensión del acto reclamado, atendiendo a la apariencia del buen derecho, teniendo el alcance de la restitución de derechos con el objeto de que se deje de aplicar la medida cautelar oficiosa en los términos impuestos. La naturaleza de la suspensión solicitada tiene el objeto de evitar la continuación de la privación de la libertad del quejoso sin justificación y evitar perjuicio de imposible reparación; aunado a que no existe perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y bajo el principio de la apariencia del buen derecho, se debe de considerar que los efectos de la suspensión del acto reclamado, es celebrar nuevamente la audiencia de medida cautelar sin que se considera la imposición de la prisión preventiva oficiosa de forma automática y solo atendiendo argumentos de justificación de la imposición o no de la medida cautelar. El acto reclamado es susceptible de suspensión, ya que es jurídica y materialmente posible, la suspensión puede desde luego tener efectos restitutorios en tanto se resuelve el juicio de fondo principal."******************** Precisado lo anterior, conviene destacar que el objeto de la suspensión, como regla general, es paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consuman, destruyendo la materia del juicio de amparo, y procederá siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 128 y 138, ambos de la Ley de Amparo. Los dispositivos aludidos condicionan la concesión de la suspensión, además de la solicitud de la parte quejosa, a considerar la naturaleza de la violación alegada, para lo cual, en términos de la ley reglamentaria respectiva, el órgano de control constitucional debe realizar un análisis de la naturaleza del acto. En efecto, los citados artículos disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); y,******************** c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.******************** Luego, el primer requisito se cumple debido a que el acto reclamado produce efectos positivos susceptibles de suspenderse. Por otra parte, el segundo requisito también queda colmado, ya que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados y refiere ser la parte imputada en la causa penal ********************, en la que se impuso medida cautelar reclamada. Finalmente, el tercer requisito se cumple, toda vez que, con los datos que se cuentan hasta este momento, el otorgamiento de la medida cautelar para los efectos que enseguida se precisarán, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Ahora bien, es oportuno señalar que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que cuando se solicite la suspensión provisional contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ésta deberá concederse con efecto de tutela anticipada en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo y para los efectos expresamente señalados en dicha ejecutoria. Por tanto, conforme a las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida en la contradicción de criterios 40/2023 antes invocada, con fundamento en los artículos 147 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que el Juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas (en aplicación analógica de la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162) señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, con intervención de las partes, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares.******************** Contradicción de la que derivó la jurisprudencia PR.P.CN.J/13 P(11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con registro 2027280 del contenido siguiente: ******************** "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." En ese sentido, se solicita al Juez responsable que una vez que emita la determinación sobre la imposición de la medida cautelar correspondiente, remita copia certificada de dicha constancia. Finalmente, se precisa que esta suspensión provisional surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Notificaciones a las autoridades responsables y tercero interesadas.********************En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y, en su caso, de las autoridades que tengan carácter de tercero interesadas, que en el presente incidente de suspensión únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por importancia deban notificarse con las reglas de aquella que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados en la página http://www.dgepj.cjf.gob.mx.******************** Habilitación de días y horas inhábiles.********************De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Admisión Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Everardo Pinedo Bañuelos, por conducto de su defensor público federal Víctor César Cano Hernández, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Mexicali, Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; por tanto, fórmese expediente físico y electrónico bajo número 1286/2023-3. Incidente de suspensión Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión respectivo. En el entendido de que el duplicado se integrará en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez responsable informe si Víctor César Cano Hernández tiene reconocido el carácter de defensor público del quejoso, dentro de la causa penal 395/2023 y, de ser así, remita la certificación correspondiente. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento Prevéngase a las partes para el caso de que tengan conocimiento sobre actualización de causa de sobreseimiento del presente sumario, quedan obligadas a comunicarlo a este Juzgado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa, de conformidad con los numerales 64 y 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, incisos e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-1, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Subdelegación de Procedimientos Penales, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; por tanto, se ordena su emplazamiento al juicio mediante oficio. Domicilio Se tiene como autorizados sólo para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que se mencionan, como domicilio para tal efecto el que se indica y como datos para establecer comunicación no procesal y facilitar el proceso de notificación, los que se proporcionan.

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