Roberto Gerardo Longoria Romo

Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
38/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Roberto Gerardo Longoria Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído dictado en ocho de junio de dos mil veintiuno, (en el que se decretó la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que se extinguió la materia por la muerte del aquí quejoso). En tal virtud, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En términos del artículo décimo octavo, fracción b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo décimo octavo, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en dos de febrero de dos mil veintiuno, se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional, en resolución de ocho de febrero del año en curso, se concedió la suspensión definitiva, y en determinaciones de veintiséis de agosto, veintinueve de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se negó la suspensión definitiva; el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable y únicamente el tercero interesado Héctor Alfonso Jaquez Reyes Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, hizo uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el trece de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Gerardo Longoria Romo, contra los actos reclamados a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, para el efecto siguiente: "Requiera al defensor particular Martín Ezequiel Camacho Avalos; para que en audiencia exhiba su cédula profesional o título que lo acredite como abogado (aunado de que corrobore dicha información con los datos que obren agregados en el registro con el que cuenta dicho tribunal). En caso de que exista imposibilidad para exhibir cualquiera de los documentos indicados, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. En el supuesto de que no se logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistente la audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, relativa al proceso penal 4618/2020 (con motivo de la solicitud de la ampliación para resolver la situación jurídica del quejoso en la diversa audiencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno), con sus consecuencias legales, debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, con plena observancia de los derechos humanos del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Si se logra la acreditación de Martín Ezequiel Camacho Avalos, como abogado, se continuará con la secuela procesal, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie la autoridad responsable, empezará el término legal para la promoción del recurso o juicio de derechos humanos contra la audiencia inicial y el auto de vinculación a proceso. La anterior concesión es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensor en la audiencia, sino en la falta de certeza de que la persona que se ostentó como defensor del impetrante, tuviera la calidad de profesional del derecho, como requisito para brindarle defensa técnica adecuada, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a las consecuencias indicadas; lo que sin duda alguna se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica, incluso tratándose de alguien de confianza del imputado. De manera que, sería impráctico conceder el amparo para que omitiendo realizar el requerimiento y la indagatoria mencionados, sin más se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho; y, no obstante quedaran insubsistentes esas diligencias en las que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición el derecho fundamental de justicia expedita, consagrado en el artículo 17 Constitucional. En lo conducente apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ INVESTIGUE. El derecho a una defensa adecuada le impone a las autoridades jurisdiccionales e investigadoras el deber de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, cuando en un procedimiento penal mixto no esté acreditado que alguno de los defensores era licenciado en derecho, necesariamente el Juez o el Ministerio Público incumplieron con su deber de cerciorarse de que el inculpado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, en el caso se actualiza una violación a una vertiente del derecho a la defensa adecuada y procede conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y reponer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia para que el Juez cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho. En dicha investigación, los jueces de instancia podrán decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica. En caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en derecho, entonces deberá repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual el Juez deberá: (i) anular las diligencias de averiguación previa en las que participó el defensor en cuestión; y/o (ii) reponer el procedimiento en caso que el defensor que no acreditó ser licenciado en derecho hubiera participado en el juicio" (énfasis añadido). Se hace la precisión que ante la violación procesal que motiva la concesión del amparo, quien resuelve se encuentra jurídicamente impedido para emprender el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la vinculación a proceso que dio origen al juicio constitucional en que se actúa y sobre la legalidad de las medidas cautelares impuestas por la Juez de Control al momento de dictar el auto de vinculación a proceso en su contra. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos que se reclaman al Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana; dado los efectos para que se concedió la protección constitucional." En acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, al no haberse recurrido la sentencia protectora de derechos humanos, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y al Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. En auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por recibido los oficio y anexos que remitió la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 4618/2020, con motivo de la incomparecencia de la defensa del imputado aquí quejoso, i) nombró a Armando García López, como defensor público de la parte quejosa el cual discernió el cargo conferido, ii) se acreditó el fallecimiento del imputado, aquí quejoso Roberto Gerardo Longoria Romo, motivo por el cual en atención a la solicitud planteada por el Agente del Ministerio Público decretó la iii) extinción de la acción penal y en vía de consecuencia el iv) sobreseimiento total de la causa penal de origen por la muerte del antes mencionado, remitiendo para tal efecto el disco compacto que contiene la audiencia de que se trata y en lo que aquí interesa, se resolvió lo siguiente: "minuto 7:23 Juez: procedo a resolver: tenemos que en nueve de enero del año dos mil veintiuno, mi homologa la Juez de Control Patricia Hernández Haro, dictó auto de vinculación a proceso al imputado Roberto Gerardo Longoria Romo, por su probable intervención del hecho que la Ley señala como delito de uso de documentos falsos, a quien le impuso medidas cautelares, bajo la noticia que se da en el presente audiencia justificada de manera oral con el acta de defunción de la que se acredita que dicha persona falleció el veintitrés de abril del año que transcurre. Tenernos entonces que dentro de las causas de extinción de la acción penal que prevé el Código Penal para el Estado de Baja California, particularmente en el artículo 97 fracción II, se prevé el supuesto de muerte del imputado; de igual manera, bajo las hipótesis de sobreseimiento que se establecen en el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la muerte del imputado en su fracción IX, en vía de consecuencia declaro extinta la acción penal y decretó el sobreseimiento total del presente proceso penal por la muerte del imputado Roberto Gerardo Longoria Romo, con sustento en los numerales antes expuestos de igual manera en términos del 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este sobreseimiento total por muerte del imputado, es apelable, de ahí que le pregunte a las partes, fiscal. Fiscal: por parte de la fiscalía se adhiere a la presente resolución. Juez: se conforma con el sobreseimiento total. Fiscal: si así es su señoría. Juez: renuncia al plazo para apelar. Fiscal: si así es Juez: Está de acuerdo que quede firme en esta audiencia. Fiscal: Sí su señoría que quede firme en esta audiencia. Juez: Gracias, defensor público la misma pregunta está conforme o no con el sobreseimiento total. Defensor público: Señoría esta defensa se conforma con emisión de la resolución manifestada por usted, y se conforma con la misma renunciando al plazo para recurrirla. Juez: Está de acuerdo de que quede firme en esta audiencia. Defensor público: Claro que si su señoría. Juez: Bien entonces tenemos que las únicas partes son el fiscal y la defensa no hay parte ofendida y el inculpado ha quedado acreditado su muerte, ante ello declaró firme el sobreseimiento total para los efectos que marca el numeral 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta y envíe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medida procesales que se hubiesen dictado, gírense los oficios correspondientes al coordinador de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, informando el sobreseimiento total firme del presente proceso penal, por el cese. De igual manera gírese oficio al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo de Juicios Federales en el Estado de Baja California, informando que se ha decretado el total y este ha quedado firme en el presente proceso penal, antes que cerremos diversa manifestación o solicitud, fiscal. Fiscal: si su señoría solamente para precisar que el oficio que gire al Juez Sexto en Materia de Amparo, es para establecer que gire en relación al amparo 38/2021, promovido directamente por el imputado Roberto Gerardo Longoria Romo. Juez: alguna petición fiscal- Fiscal. No, es todo su señoría. Juez Cierro la audiencia, buen día." (minuto 10:58) Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Luego, en proveído de dos de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio presentado por la parte tercero interesada Héctor Alfonso Jaquez Reyes Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, manifestó lo siguiente: "al respecto me permito comunicar muy atentamente a su señoría que, la solicitud de sobreseimiento de la causa penal 4618/2020, relacionada con la carpeta de investigación identificada con el número único de caso 0204-2020-32206, fue realizada por esta Fiscalía en la audiencia celebrada de manera virtual el día diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, esto ante el fallecimiento del imputado ROBERTO GERARDO LONGORIA ROMO (aquí quejoso), ocurrido el día 23 DE ABRIL DE 2021, según acta de defunción número 422, del libro 3, de la oficialía 01, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California." Por lo antes expuesto, conviene identificar que existen dos supuestos de imposibilidad material y jurídica de para cumplir con la ejecución de la sentencia, mismas que son: a) Habrá imposibilidad material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, cuando las autoridades responsables se encuentren impedidas para ello por factores externos que destruyan la materia protegida en la sentencia de amparo, de tal forma que la responsable aun y cuando esté en condiciones de realizar actividades mecanizadas tendientes a su cumplimiento, no sea posible porque la materia del amparo deje de existir, verbigracia, cambios orográficos, físico, demográficos y urbanísticos del lugar donde deba cumplirse. b) La imposibilidad jurídica se entiende como aquella disposición, acto de autoridad competente e independiente de las autoridades responsables o situación de derecho que extingue la materia del amparo. Para dar sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2ª./J. 2/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página cuatrocientos treinta y uno del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Bajo esa línea de ideas se desprende que la situación jurídica que imperaba al momento en que se otorgó el amparo, cambió por una cuestión no atribuible a la autoridad responsable; ello porque del contenido del registro de audio y video que remitió en un disco compacto la autoridad responsable para acreditar la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, se obtiene que en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, i) se acreditó el fallecimiento del imputado, aquí quejoso Roberto Gerardo Longoria Romo, motivo por el cual en atención a la solicitud planteada por el Agente del Ministerio Público decretó la ii) extinción de la acción penal y en vía de consecuencia el iii) sobreseimiento total de la causa penal de origen por la muerte del antes mencionado. Es decir, si bien en el presente asunto, se otorgó el amparo a la parte quejosa en relación con su "derecho a una adecuada defensa", con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 4618/2020; de ahí que, el fallecimiento de la parte quejosa el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, trajo como consecuencia la imposibilidad jurídica de la Juez responsable para dar cumplimiento a los efectos por los cuales se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa. Pues en atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto -que hoy nos ocupa-, en relación con el fallecimiento de la parte quejosa respecto de los actos que reclamó sólo afectaban sus "derechos personales", relativos a su "libertad personal", con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Sin que pase inadvertido que dicha circunstancia "pudiese trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares", pues como se anticipó la declaratoria de inconstitucionalidad del acto no tiene ejecutividad a éstos, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. En consecuencia, como se anticipó, en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria concedida en el presente juicio de amparo, pues sobrevino una causa o situación jurídica ajena a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que cesó o modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo protector en este juicio; en el caso, una situación de derecho, que extinguió la materia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la jurisprudencia 1a. CXXVII/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 166412 de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, el presente proveído, sin perjuicio de que intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE" Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    a las nueve horas del catorce de junio de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejosa, el acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 38/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable y únicamente el tercero interesado Héctor Alfonso Jaquez Reyes Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, hizo uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el trece de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Gerardo Longoria Romo, contra los actos reclamados a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, para el efecto siguiente: "Requiera al defensor particular Martín Ezequiel Camacho Avalos; para que en audiencia exhiba su cédula profesional o título que lo acredite como abogado (aunado de que corrobore dicha información con los datos que obren agregados en el registro con el que cuenta dicho tribunal). En caso de que exista imposibilidad para exhibir cualquiera de los documentos indicados, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. En el supuesto de que no se logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistente la audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, relativa al proceso penal 4618/2020 (con motivo de la solicitud de la ampliación para resolver la situación jurídica del quejoso en la diversa audiencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno), con sus consecuencias legales, debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, con plena observancia de los derechos humanos del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Si se logra la acreditación de Martín Ezequiel Camacho Avalos, como abogado, se continuará con la secuela procesal, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie la autoridad responsable, empezará el término legal para la promoción del recurso o juicio de derechos humanos contra la audiencia inicial y el auto de vinculación a proceso. La anterior concesión es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensor en la audiencia, sino en la falta de certeza de que la persona que se ostentó como defensor del impetrante, tuviera la calidad de profesional del derecho, como requisito para brindarle defensa técnica adecuada, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a las consecuencias indicadas; lo que sin duda alguna se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica, incluso tratándose de alguien de confianza del imputado. De manera que, sería impráctico conceder el amparo para que omitiendo realizar el requerimiento y la indagatoria mencionados, sin más se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho; y, no obstante quedaran insubsistentes esas diligencias en las que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición el derecho fundamental de justicia expedita, consagrado en el artículo 17 Constitucional. En lo conducente apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ INVESTIGUE. El derecho a una defensa adecuada le impone a las autoridades jurisdiccionales e investigadoras el deber de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, cuando en un procedimiento penal mixto no esté acreditado que alguno de los defensores era licenciado en derecho, necesariamente el Juez o el Ministerio Público incumplieron con su deber de cerciorarse de que el inculpado sea asistido por un profesional en derecho. Por lo tanto, en el caso se actualiza una violación a una vertiente del derecho a la defensa adecuada y procede conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y reponer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia para que el Juez cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho. En dicha investigación, los jueces de instancia podrán decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica. En caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en derecho, entonces deberá repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual el Juez deberá: (i) anular las diligencias de averiguación previa en las que participó el defensor en cuestión; y/o (ii) reponer el procedimiento en caso que el defensor que no acreditó ser licenciado en derecho hubiera participado en el juicio" (énfasis añadido). Se hace la precisión que ante la violación procesal que motiva la concesión del amparo, quien resuelve se encuentra jurídicamente impedido para emprender el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la vinculación a proceso que dio origen al juicio constitucional en que se actúa y sobre la legalidad de las medidas cautelares impuestas por la Juez de Control al momento de dictar el auto de vinculación a proceso en su contra. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos que se reclaman al Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana; dado los efectos para que se concedió la protección constitucional." En acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, al no haberse recurrido la sentencia protectora de derechos humanos, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió a la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y al Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. En auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por recibido los oficio y anexos que remitió la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 4618/2020, con motivo de la incomparecencia de la defensa del imputado aquí quejoso, i) nombró a Armando García López, como defensor público de la parte quejosa el cual discernió el cargo conferido, ii) se acreditó el fallecimiento del imputado, aquí quejoso Roberto Gerardo Longoria Romo, motivo por el cual en atención a la solicitud planteada por el Agente del Ministerio Público decretó la iii) extinción de la acción penal y en vía de consecuencia el iv) sobreseimiento total de la causa penal de origen por la muerte del antes mencionado, remitiendo para tal efecto el disco compacto que contiene la audiencia de que se trata y en lo que aquí interesa, se resolvió lo siguiente: "minuto 7:23 Juez: procedo a resolver: tenemos que en nueve de enero del año dos mil veintiuno, mi homologa la Juez de Control Patricia Hernández Haro, dictó auto de vinculación a proceso al imputado Roberto Gerardo Longoria Romo, por su probable intervención del hecho que la Ley señala como delito de uso de documentos falsos, a quien le impuso medidas cautelares, bajo la noticia que se da en el presente audiencia justificada de manera oral con el acta de defunción de la que se acredita que dicha persona falleció el veintitrés de abril del año que transcurre. Tenernos entonces que dentro de las causas de extinción de la acción penal que prevé el Código Penal para el Estado de Baja California, particularmente en el artículo 97 fracción II, se prevé el supuesto de muerte del imputado; de igual manera, bajo las hipótesis de sobreseimiento que se establecen en el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la muerte del imputado en su fracción IX, en vía de consecuencia declaro extinta la acción penal y decretó el sobreseimiento total del presente proceso penal por la muerte del imputado Roberto Gerardo Longoria Romo, con sustento en los numerales antes expuestos de igual manera en términos del 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este sobreseimiento total por muerte del imputado, es apelable, de ahí que le pregunte a las partes, fiscal. Fiscal: por parte de la fiscalía se adhiere a la presente resolución. Juez: se conforma con el sobreseimiento total. Fiscal: si así es su señoría. Juez: renuncia al plazo para apelar. Fiscal: si así es Juez: Está de acuerdo que quede firme en esta audiencia. Fiscal: Sí su señoría que quede firme en esta audiencia. Juez: Gracias, defensor público la misma pregunta está conforme o no con el sobreseimiento total. Defensor público: Señoría esta defensa se conforma con emisión de la resolución manifestada por usted, y se conforma con la misma renunciando al plazo para recurrirla. Juez: Está de acuerdo de que quede firme en esta audiencia. Defensor público: Claro que si su señoría. Juez: Bien entonces tenemos que las únicas partes son el fiscal y la defensa no hay parte ofendida y el inculpado ha quedado acreditado su muerte, ante ello declaró firme el sobreseimiento total para los efectos que marca el numeral 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta y envíe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medida procesales que se hubiesen dictado, gírense los oficios correspondientes al coordinador de Medidas y Beneficios en Libertad Zona Tijuana, informando el sobreseimiento total firme del presente proceso penal, por el cese. De igual manera gírese oficio al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo de Juicios Federales en el Estado de Baja California, informando que se ha decretado el total y este ha quedado firme en el presente proceso penal, antes que cerremos diversa manifestación o solicitud, fiscal. Fiscal: si su señoría solamente para precisar que el oficio que gire al Juez Sexto en Materia de Amparo, es para establecer que gire en relación al amparo 38/2021, promovido directamente por el imputado Roberto Gerardo Longoria Romo. Juez: alguna petición fiscal- Fiscal. No, es todo su señoría. Juez Cierro la audiencia, buen día." (minuto 10:58) Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Luego, en proveído de dos de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio presentado por la parte tercero interesada Héctor Alfonso Jaquez Reyes Agente del Ministerio Publico, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, manifestó lo siguiente: "al respecto me permito comunicar muy atentamente a su señoría que, la solicitud de sobreseimiento de la causa penal 4618/2020, relacionada con la carpeta de investigación identificada con el número único de caso 0204-2020-32206, fue realizada por esta Fiscalía en la audiencia celebrada de manera virtual el día diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, esto ante el fallecimiento del imputado ROBERTO GERARDO LONGORIA ROMO (aquí quejoso), ocurrido el día 23 DE ABRIL DE 2021, según acta de defunción número 422, del libro 3, de la oficialía 01, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California." Por lo antes expuesto, conviene identificar que existen dos supuestos de imposibilidad material y jurídica de para cumplir con la ejecución de la sentencia, mismas que son: a) Habrá imposibilidad material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, cuando las autoridades responsables se encuentren impedidas para ello por factores externos que destruyan la materia protegida en la sentencia de amparo, de tal forma que la responsable aun y cuando esté en condiciones de realizar actividades mecanizadas tendientes a su cumplimiento, no sea posible porque la materia del amparo deje de existir, verbigracia, cambios orográficos, físico, demográficos y urbanísticos del lugar donde deba cumplirse. b) La imposibilidad jurídica se entiende como aquella disposición, acto de autoridad competente e independiente de las autoridades responsables o situación de derecho que extingue la materia del amparo. Para dar sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2ª./J. 2/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página cuatrocientos treinta y uno del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Bajo esa línea de ideas se desprende que la situación jurídica que imperaba al momento en que se otorgó el amparo, cambió por una cuestión no atribuible a la autoridad responsable; ello porque del contenido del registro de audio y video que remitió en un disco compacto la autoridad responsable para acreditar la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, se obtiene que en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, i) se acreditó el fallecimiento del imputado, aquí quejoso Roberto Gerardo Longoria Romo, motivo por el cual en atención a la solicitud planteada por el Agente del Ministerio Público decretó la ii) extinción de la acción penal y en vía de consecuencia el iii) sobreseimiento total de la causa penal de origen por la muerte del antes mencionado. Es decir, si bien en el presente asunto, se otorgó el amparo a la parte quejosa en relación con su "derecho a una adecuada defensa", con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 4618/2020; de ahí que, el fallecimiento de la parte quejosa el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, trajo como consecuencia la imposibilidad jurídica de la Juez responsable para dar cumplimiento a los efectos por los cuales se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa. Pues en atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto -que hoy nos ocupa-, en relación con el fallecimiento de la parte quejosa respecto de los actos que reclamó sólo afectaban sus "derechos personales", relativos a su "libertad personal", con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Sin que pase inadvertido que dicha circunstancia "pudiese trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares", pues como se anticipó la declaratoria de inconstitucionalidad del acto no tiene ejecutividad a éstos, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. En consecuencia, como se anticipó, en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria concedida en el presente juicio de amparo, pues sobrevino una causa o situación jurídica ajena a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que cesó o modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo protector en este juicio; en el caso, una situación de derecho, que extinguió la materia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la jurisprudencia 1a. CXXVII/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 166412 de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, el presente proveído, sin perjuicio de que intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE" Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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