Roberto Gerardo Longoria Romo

Expediente 801/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 88 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2020
Año
2020
Actuaciones
88
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Roberto Gerardo Longoria Romo
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada En Delitos Patrimoniales. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 88.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por María Isidra Carlos Ríos, en su carácter de quejosa y albacea de la sucesión a bienes a nombre de Roberto Gerardo Longoria Romo, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia que se deje en su lugar, para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido que cuenta con el plazo de noventa días legalmente computado para recogerlos, porque de no hacerlo en ese tiempo, correrán la misma suerte que el presente expediente, autorizando para recibirlas a las personas que señala en el escrito de cuenta. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Siendo las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa ***, la determinación judicial dictada el dos de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído dictado el doce de junio de dos mil veintitrés por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto; por tal motivo se tiene por consentido. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, es conservable en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por tanto, con fundamento en el artículo 8, fracción I, del multicitado Acuerdo General, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción III, de dicho Acuerdo General, se indica que al haberse negado la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el cuaderno incidental es destruible, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser transferido. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Destino duplicado. Ahora, por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 19, fracción II, inciso A) del Acuerdo General citado, se indica que dicho expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de dicho cuaderno duplicado, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables los tomos de pruebas remitidos como apoyo a sus informes justificados, al no ser necesaria la retención de los mismos, con motivo de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de junio de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y únicamente la parte quejosa hizo uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. ********************Mediante sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veintidós, se determinó, por una parte sobreseer en el presente juicio y por otra, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Orden Común Titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente:********************"Décimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Orden Común Titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente:********************1. Dé respuesta de manera escrita y congruente a la solicitud presentada por el entonces quejoso ********************el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación ****************************************2. Le dé a conocer la contestación respectiva."********************Resolución en contra de lo cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********************, en el que resolvió lo siguiente:********************"PRIMERO. En la materia del recurso, se CONFIRMA la sentencia impugnada.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, hoy Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. ********************TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, representado por ******************** en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del primero de los mencionados, en contra de los actos y para los efectos precisados por el Juez de Distrito."****************************************En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio presentado el veintinueve de mayo del año en curso, en este órgano jurisdiccional la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Zona Tijuana, remitió copia con firma autógrafa del acuerdo emitido dentro de la carpeta de investigación ********************en el que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en los términos ahí planteados.********************Determinación que fue notificada al promovente mediante correo electrónico el veintiséis de mayo del presente año.******************** Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.******************** Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Zona Tijuana, dio cumplimiento al fallo protector, ya que, por una parte la autoridad responsable acreditó que i) dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación con el número de caso ******************** y ii) notificó dicha respuesta a la parte quejosa (aunado de que dichas constancias quedaron a disposición de la parte quejosa con la notificación que le fue realizada por la actuaria de la adscripción).******************** Por todo lo expuesto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE".******************** Sin que pase inadvertido las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito registrado con el folio 7421, en el sentido de que refiere que la respuesta con la que se le corrió traslado no guarda congruencia con lo solicitado en el escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, además de que también informa que se acordaron de conformidad la entrega de las copias autentificadas solicitadas, sin embargo, que a la fecha no le han sido entregadas, y que también la autoridad responsable fue omisa en pronunciarte con congruencia a la solicitud donde solicitó: "solicito se me tenga con el carácter de tercero extraño típico o auténtico dentro de este proceso y en términos de los dispuesto por los artículos 237, 245 y 246, y se ordene y levante el supuesto aseguramiento precautorio haciéndome la devolución material y jurídica del inmueble como legitimo posesionario."******************** Lo anterior, ya que por una parte, en el escrito de diciembre de dos mil veinte, solicitó 1) levantar el aseguramiento del inmueble que describe y 2) la expedición de copias de la carpeta de investigación que precisó; y por otra, al realizar la comparación de ello con la contestación dada, se observa que resolvió negar el levantamiento del aseguramiento y otorgar las copias. ******************** Entonces, si el efecto de la sentencia fue únicamente para que se diera respuesta a su solicitud (en el sentido que considerara) y le notificara la misma, cuestión que, como se expuso, se acreditó; por lo cual no se observa incongruencia alguna y además, lo relativo al cumplimiento de lo resuelto, escapa a los alcances de la sentencia de amparo. ******************** Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J. 1/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 190356 de rubro y texto siguiente: ******************** "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia."********************Por otra parte, del escrito antes mencionado la parte quejosa solicita que se de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, pues refiere que está falseando la verdad de los hechos, atento a lo anterior, dígase que, por el momento, no ha lugar a dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, toda vez que del estado que guarda el presente asunto, hasta en esta etapa procesal, no se advierten elementos suficientes que permitan tener certeza de actos que pudieran resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo. ********************Sin embargo, se hace de su conocimiento que la anterior determinación no impide que, de estimarlo conveniente, haga valer sus derechos ante la representación social que corresponda. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado a contrario sensu, la jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: ********************"VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." (Época: Décima Época, Registro: 2014917, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 13/2017 (10a.), Página: 5)" ********************Notifíquese personalmente.

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