Roberto Elorreaga Flores

Expediente 819/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
819/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Roberto Elorreaga Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo para el efecto de que el Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones: "1.Ordene la valoración correspondiente en las especialidades de psiquiatría, urología y gastroenterología; 2.Sean dichos especialistas, quien conforme a los padecimientos del peticionario de amparo determinen si requiere medicamento; y, 3.De ser necesaria su prescripción, las autoridades responsables precisen si es posible que le sean proporcionados por el centro de reclusión, o bien, establezca la forma en la que el quejoso podría adquirirlos.". Ahora, en auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito, se solicitó su cumplimiento y, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/8639/2018, de diez de mayo de la presente anualidad, dicha autoridad informó la patología el quejoso se encontraba programado para ser valorada en las especialidades de gastroenterología y urología el diecisiete de los actuales; asimismo, mediante diverso SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/3411/2018, informó que mediante valoración de telemedicina de psiquiatría de uno del mes y año en curso, se diagnosticó al quejoso con trastorno de pánico con agorafobia y se le recetó paroxetina y olanzapina Posteriormente, mediante la misiva SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/3411/2018, las responsables informaron que el promovente Adrián Juárez García, fue valorado en las especialidades de urología y gastroenterología, donde en la referente al aparato urinario el médico correspondiente, solicitó un ego urocultivo espermocultivo, cuando el recluso no se encuentre tomando antibióticos. Consecuentemente, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/9513/2018, las responsables remitieron el diagnosticó relativo a la especialidad en gastroenterología, donde se advirtió que el quejoso padece de colitis inespecífica u esteatosis hepática moderada; y se le recetaron los medicamentos consistentes en omeprazol, metronidazol, bitilhioscina. Asimismo, remitió la hoja de enfermería donde se evidencia que el quejoso no ha recibido la totalidad de medicamentos recetados, en específico la olanzapina, misma que le fue recetada para tratar su padecimiento psiquiátrico. Aunado lo anterior, a que del examen de las documentales que anexó la responsable, se advierte que a la fecha el quejoso no ha sido valorado ni tratado en la especialidad de urología, pues no obra en autos el análisis de ego urocultivo espermocultivo, solicitado por el galeno especialista. En tal contexto, y dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo debe ser total, sin excesos o defectos; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional determina que la ejecutoria federal no está cabalmente cumplida; en consecuencia, y con fundamento en los artículos 28, fracción I, 192, segundo párrafo, 237, fracción I, en relación con el 258, todos de la Ley de Amparo, se requiere a dicha autoridad ejecutora para que inexcusablemente y dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles acredite el cumplimiento cabal y completo de la ejecutoria referida, remitiendo las constancias que acrediten tal circunstancia; haciendo hincapié en que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de quince de junio del año en curso, y de no hacerlo así, sin mediar causa justificada, se hará acreedora a cien días de multa; asimismo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de 06/06/2018 a la parte quejosa y se notifica por lista el auto de 31/05/2018, al tenor siguiente: Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito signado por ... con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 819/2018-VI-A. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo. En ese tenor, el solicitante del amparo reclama la dilación procesal en que incurre la responsable al abstenerse de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y embargo para el cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral ... Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10ª), precisó que la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por regla general, no afecta derechos sustantivos; criterio cuyo tenor literal es el siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, la Sala emisora precisó el motivo por el cual una omisión de acordar promociones, no necesariamente irrogaba perjuicio a derechos sustantivos, a saber: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva" Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite." Por otro lado, el Pleno del propio Máximo Tribunal del País, precisó, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, que el amparo indirecto procede excepcionalmente, en la etapa de ejecución de sentencia, contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente. Criterio cuyo rubro y texto dicen: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En suma, se concluye que el acto aquí reclamado - la dilación procesal en que incurre la responsable al abstenerse de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y embargo para el cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral ... de ninguna manera transgrede derechos sustantivos del quejoso, porque no se advierte una abierta dilación en la etapa de ejecución, en tanto que desde el veintidós de mayo del año en curso, a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (veintinueve de mayo de dos mil dieciocho -fecha de presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca-), sólo han transcurrido cinco días hábiles, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por el promovente de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia. Similar criterio fue adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver las quejas 175/2017 y 183/2017. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. En el entendido que para arribar a la anterior conclusión, no se soslaya que la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10ª), antes reproducida, realiza una interpretación a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, a la procedencia de la instancia constitucional en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, se considera que las razones que sustentan el mencionado criterio de interpretación, permiten también establecer que no existe menoscabo a derechos sustantivos, cuando no se advierte una flagrante dilación en la etapa de ejecución, por lo que al tenor de lo expuesto en los párrafos que anteceden, no es procedente el juicio de amparo hasta en tanto se aprecie un abierto retardo en la tramitación de esta etapa, lo que no ocurre en la especie. De igual modo, tampoco se inobserva el contenido de la jurisprudencia III.3o.T. J/5 (10a.), de rubro: "ACTOS "DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO". INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE."; la cual establece que el referido criterio de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, sólo está dirigido a actos dictados dentro de juicio. Sin embargo, como ya se expresó con anterioridad, si se realiza una interpretación sistemática de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que puntualizó que la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de que se aleguen violaciones a derechos sustantivos, es inconcuso que esos razonamientos también deben hacerse patentes para actos emitidos después de concluido el juicio, pues de lo contrario se arribaría al absurdo de considerar un acto de la misma naturaleza (omisión de emitir un acuerdo en los plazos legales), como transgresor de derechos adjetivos o subjetivos, según se encuentre el estado procesal del expediente de origen. DOMICILIO. Practíquense las notificaciones a la parte quejosa en el domicilio que señala en su escrito de demanda, conforme al artículo 27, fracción I, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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