Roberto Díaz Maldonado

Expediente 904/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
904/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Roberto Díaz Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta por el que la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, hace del conocimiento el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del amparo directo administrativo 1175/2017 de su índice. De dicha determinación se desprende, que el órgano de referencia admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Roberto Díaz Maldonado contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que fue remitida por este Juzgado al estimar que carecía de competencia legal para conocer del asunto propuesto. Por tanto, de conformidad con la determinación que se reseña, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.A sus autos el oficio de cuenta por el que la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, hace del conocimiento el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del amparo directo administrativo 1175/2017 de su índice. De dicha determinación se desprende, que el órgano de referencia admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Roberto Díaz Maldonado contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que fue remitida por este Juzgado al estimar que carecía de competencia legal para conocer del asunto propuesto. Por tanto, de conformidad con la determinación que se reseña, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que, previo a aceptar la competencia planteada por este juzgado requirió a la Sala regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a fin de que cumpla con lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; de lo anterior, se toma conocimiento.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 904/2017. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en:  La sentencia de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de los autos del juicio contencioso administrativo ***, mediante la cual declara la validez de la diversa resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída al recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso, contra el oficio ***, en el que la Auditoria Fiscal "C" de la Subsecretaria de Finanzas e Inversión del Gobierno del Estado de Guanajuato, determinó un crédito fiscal a cargo del promovente *************, por la cantidad de $***. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó- la sentencia de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de los autos del juicio contencioso administrativo ***, mediante la cual declara la validez de la diversa resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída al recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso, contra el oficio DRAFC-0793/16, en el que la Auditoria Fiscal "C" de la Subsecretaria de Finanzas e Inversión del Gobierno del Estado de Guanajuato, determinó un crédito fiscal a cargo del promovente *************, por la cantidad de ***; resulta evidente que con la emisión del acto reclamado a la autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2005422, Décima Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De la Tercera Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Página: 2953, que es de rubro y texto literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." En efecto, del análisis que se efectúa a los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se desprende, que éstos se dirigen a controvertir la sentencia definitiva que se puntualizó en líneas precedentes, y que la resolución de mérito dio por concluido el expediente de origen. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias encomendadas en el presente juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano