Roberto Castañeda Tejeda

Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
490/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Roberto Castañeda Tejeda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ********************sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por Roberto Castañeda Tejeda, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 490/2017. Ahora bien, con relación al libelo constitucional, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de la materia, aplicable también a este tipo de actuaciones, emerge que la parte impetrante reclama, en forma destacada, el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 162/2015-C, mediante el cual, el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, dejó sin efectos el diverso de diecisiete de febrero anterior -en el que declaró firme el remate de adjudicación de tres de febrero del año en curso y requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días entregara la escritura del inmueble rematado- para dar trámite a los recursos de apelación interpuestos contra la audiencia de remate, por la parte actora y demandada, respectivamente. Precisado lo anterior, resulta importante destacar los antecedentes del acto reclamado, mismos que la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: 1. El tres de febrero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia pública de remate en cuarta almoneda, dentro del juicio especial hipotecario 162/2015-C del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en la que el aquí quejoso se adjudicó el inmueble rematado. 2. El diecisiete de febrero siguiente, el Juez de origen, a petición del adjudicatario, declaró firme el remate celebrado el tres de febrero anterior, y requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días otorgara de manera voluntaria la escritura correspondiente a la parte actora. 3. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, emitió un nuevo auto en el que ordenó dejar sin efectos el diverso proveído de diecisiete de febrero de ese mismo mes y año, únicamente, respecto a la declaración de causa estado del remate y al requerimiento de entrega de escrituración; y acordó dar trámite a los sendos recursos presentados por las partes actora y demanda. 4. Inconforme con la determinación indicada en el punto que antecede, el aquí quejoso promovió recurso de revocación, mismo que fue resuelto el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, confirmando el auto combatido. Por otra parte, constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral segundo, que el quejoso tuvo conocimiento del acto combatido desde mucho tiempo antes (más de quince días) a la promoción de la demanda constitucional génesis del asunto que ahora nos ocupa, como más adelante se demostrará, en razón de lo cual resulta inconcuso que en el particular se actualiza de manera plena la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del ordinal 61 de la Ley de Amparo. Para efecto de lo anterior, se ordena glosar al sumario la documental pública de cuenta, consistente en copias certificadas relativas a las constancias procesales del juicio de amparo 336/2017 del índice de este órgano judicial. Es aplicable la tesis con número de registro 216654, publicada el once de abril de mil novecientos noventa y tres, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION." Con motivo de lo aquí plasmado, cabe destacar que la fracción de la Ley de Amparo dispone: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De igual manera, el numeral 18, de la ley de la materia previene: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se computará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias que conforman el sumario, concretamente de las que oficiosamente se agregaron a este asunto, a saber, la documental pública consistente en copia certificada del juicio de amparo 336/2017 del índice de este juzgado; medio de convicción que merece valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende que la parte solicitante de la tutela federal tuvo conocimiento del acto ahora reclamado por lo menos desde que presentó la demanda génesis de aquel juicio de amparo (336/2017), esto es, desde el quince de marzo de dos mil diecisiete, en la que esencialmente reclamó de la misma autoridad el mismo acto que ahora pretende combatir, esto es, auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 162/2015-C, mediante el cual el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, dejó sin efectos el diverso de diecisiete de febrero anterior -en el que declaró firme el remate de adjudicación de tres de febrero del año en curso y requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días entregara la escritura del inmueble rematado- para dar trámite a los recursos de apelación interpuestos contra la audiencia de remate, por la parte actora y demandada, respectivamente. Luego, si la demanda génesis de este asunto fue instada hasta el ocho de mayo de dos mil diecisiete, entonces resulta inconcuso que esa promoción es extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo legal de quince días hábiles que tuvo para promoverla, al haber mediado aproximadamente treinta y un días hábiles entre las fechas en que conoció de los actos reclamados y la fecha en que interpuso la demanda de amparo de cuenta. En lo conducente, por identidad de razón jurídica es aplicable la tesis jurisprudencial P./J.115/2010, legible en la página 5 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." También tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 200, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA." A mayor abundamiento, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Lo que precede en razón de que el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en el recurso de revocación promovido por el impetrante, contra el auto aquí reclamado en forma destacada -de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete emitido en el juicio civil subyacente 162/2015-C-. Por tanto, la resolución que ahora rige con relación a la orden de tramitar los recursos de apelación contra la audiencia de remate, lo es la emitida en el recurso de revocación; ello es así, porque el proveído reclamado en esta vía constitucional, fue sustituido procesalmente, por la del recurso de revocación que lo confirmó. En ese contexto, resulta concluyente que han cesado los efectos del acto reclamado destacado en esta instancia constitucional, al resolverse el recurso de revocación interpuesto contra éste, y por consiguiente dicha resolución dejó de tener vida jurídica al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de veintiocho de abril del año en curso; esto es, los efectos del auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete -aquí combatido- quedaron destruidos, constituyendo una nueva situación jurídica por la interlocutoria dictada en el recurso de revocación de mérito. En respaldo a lo anterior se invoca la tesis I.3º.C.769 C, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, página 1492, Diciembre de dos mil nueve, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Así como la diversa tesis jurisprudencial VI.2o. J/339, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en la página 70, Tomo 83, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así las cosas, se actualizan de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Roberto Castañeda Tejeda. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Jiménez número trescientos doce en esta ciudad; y como autorizados en los términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Gontrán Quintana Gómez, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que dicho autorizado cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

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