Roberto Carlos Mendoza Flores
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roberto Carlos Mendoza Flores
- Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a diez de marzo de dos mil veintitrés, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, da cuenta al Juez con la promoción registrada con el folio 4244. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas; por medio del cual informa, las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. Nayeli En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del trece de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a tres de marzo de dos mil veintitrés, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, da cuenta al Juez con la promoción registrada con el folio 3762. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas; por medio del cual informa, las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia solicitado; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, para que, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "De inmediato dicte el laudo que corresponda dentro del juicio laboral ******************** y ordene la notificación a las partes." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, así como los numerales Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, le será impuesta una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de aplicarla. Así también con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de derechos 1441/2022, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a las constancias que obran en los autos; demanda de amparo, informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática en el estado de Zacatecas, y las demás constancias que obran en autos. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta con las que anexó a su demanda la parte quejosa y las remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. A lo que el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Se hace constar que las partes no hicieron valer el derecho que les otorga el artículo 124 de la Ley de Amparo. A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia y se turna al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1441/2022; y, PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito recibido el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón de la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Perla Yurivia Pérez Hernández, en su carácter de apoderada de********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número de expediente 1441/2022; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se llevó acaba al tener del acta que antecede y se ordenó dictar la resolución correspondiente que ahora se hace; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tienen su residencia dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: -Tribunal de Justicia Laboral Burocrática en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de emitir cierre de instrucción y dictar laudo, dentro del expediente laboral 540/2021. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrático del estado de Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto atribuido. CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En esas condiciones, de oficio no se advierte la actualización de causal de improcedencia alguna y las partes tampoco hacen valer alguna en particular, por lo que se procede a analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, en su demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas,********************, por propio derecho, demandó al H. Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, las prestaciones derivadas de la relación laboral. 2. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable radicó la demanda con el número de expediente 540/202021, ordenó emplazar a la parte demandada y señaló fecha para la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. 3. El catorce de marzo de dos mil veintidós, dio inicio a la celebración de la audiencia mencionada y el veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes. 4. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, declaró cerrada la instrucción, y se ordenó turnar los autos para la formulación del proyecto de sentencia. SEXTO. Reproducción innecesaria de conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Análisis constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación resultan fundados. El quejoso argumenta, en esencia, que la omisión de dictar laudo trasgrede el artículo 17 constitucional, dado que no se han respetado los plazos que para tal efecto señala la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. El motivo de inconformidad anterior resulta substancialmente fundado, conforme a lo siguiente: La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto, resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En ese contexto, en los juicios laborales, el retraso u omisión en la realización de los actos previos indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, es decir, ocurre un desfase en el procedimiento que ocasiona que la dilación subsista con independencia de que ya se hayan realizado aquéllos. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". Por tanto, en el juicio de amparo es posible analizar las dilaciones acontecidas en los actos subsecuentes al reclamado. Lo anterior con la precisión de que, en su caso, la concesión de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y de la etapa procesal en la que se determinó la existencia de la dilación. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro1, tomo I, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En consecuencia, la reparación de la dilación que se determine en los juicios laborales no puede exceder de la etapa procesal involucrada en el acto reclamado, es decir, la concesión no podría extenderse a fases subsecuentes del proceso. Ahora, los artículos 262 a 268 de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas, establecen lo siguiente: "Artículo 262 Una vez rendidos los alegatos o transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el Tribunal dictará un acuerdo declarando cerrada la instrucción, pasando los autos a la o el Magistrado correspondiente para que dentro del término de diez días formule el proyecto de laudo. Artículo 263 El proyecto de laudo deberá contener: I. Un extracto de la demanda, de la contestación, réplica y contrarréplica y en su caso de la reconvención y contestación de la misma; II. La fijación de la controversia; III. La relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, concluyendo sobre el valor de aquéllas en relación a los hechos controvertidos; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 264 Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de las y los magistrados del Tribunal. Dentro de los cinco días siguientes al de haber recibido copia del proyecto, cualquiera de aquellos podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieran llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. El Tribunal, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquéllas pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas; en este caso, desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo que contenga la consideración de las mismas. Artículo 265 Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a las o los magistrados del Tribunal, la o el Presidente citará a los demás para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya concluido el término fijado. Artículo 266 La discusión y votación del proyecto de laudo se llevará a cabo en sesión privada del Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: I. La o el Secretario General de Acuerdos dará lectura al proyecto; en su caso, a los alegatos producidos por las partes; II. La o el Presidente pondrá a discusión el proyecto; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y la o el Presidente declarará el resultado. Artículo 267 Si el proyecto de resolución fue aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por las y los magistrados del Tribunal. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones se ordenará a la o el Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 268 Engrosado el laudo, la o el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de las y los magistrados del Tribunal que votaron el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los referidos preceptos legales se advierte que, en lo que aquí interesa, una vez cerrada la instrucción, dentro de los cinco días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los magistrados del tribunal y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de ese órgano podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente del tribunal citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes del Tribunal que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que el Tribunal burocrático del Estado de Zacatecas pueda dictar el laudo definitivo, es presupuesto indispensable que se haya decretado el cierre de instrucción. En esta instancia constitucional, se reclama la dilación del tribunal responsable cerrar instrucción y dictar el laudo en el juicio de origen. En el caso concreto, la autoridad responsable acepto la omisión referida en tanto indico que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós declaró cerrada la instrucción sin embargo, no se ha dictado el proyecto en forma de laudo. En ese tenor, las constancias del expediente laboral que remitió la autoridad responsable, como se reseñó, se advierte que en auto de veintisiete de septiembre del año en curso, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a turnar el expediente para la elaboración del proyecto de laudo, sin que a la fecha se haya dictado. Lo expuesto implica que al momento de la presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós) había transcurrido en exceso el plazo para la elaboración y aprobación del laudo, por tanto, resulta patente la dilación que aquí se reclama. Lo anterior, trae como consecuencia el desfasamiento del procedimiento natural, retardándose, por consecuencia, la conclusión del juicio, ya que se demoró injustificadamente la emisión del laudo. Esto, tomando en cuenta que en el juicio natural se determinó que no existían pruebas por desahogar y ya se otorgó a las partes un plazo para alegar, se decretó el cierre de instrucción y únicamente resta la elaboración y aprobación del laudo. En suma, al ser patente el retardo en la etapa procesal de resolución del procedimiento de origen; es inconcuso que de suyo retardo la administración de justicia en perjuicio del quejoso y ante lo cual resulta procedente otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos del amparo: En conclusión de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que el tribunal responsable: De inmediato dicte el laudo que corresponda dentro del juicio laboral 540/2021 y ordene la notificación a las partes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto reclamado al Tribunal de Justicia Laboral Burocrático en el estado de Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. Regina En Zacatecas, Zacatecas a catorce de diciembre de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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