Roberto Carlos García García

Expediente 489/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
489/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Roberto Carlos García García

Actuaciones

  1. Incidental

    En ocho de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez de Distrito con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El nueve de octubre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con la sentencia respectiva el once de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se concedió el amparo al impetrante de garantías, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Consecuentemente, en atención a que el motivo de disenso examinado resultó fundado y suficiente para determinar la ilegalidad del acto reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el impetrante para los efectos que se precisaran en el considerando siguiente. QUINTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en el toca oral 41/2015, en la parte donde confirma el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, en la causa penal 712/2013, por los delitos de homicidio simple intencional y lesiones agravadas, que constituye la materia del presente juicio y, en su lugar; 2. Emita otra resolución, en la que reitere todo lo que no fue materia de estudio de esta sentencia y, con plenitud de jurisdicción, examine de oficio la excluyente de incriminación establecida en el arábigo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley, y en su caso, si existió un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento, conforme a lo dispuesto en los ordinales 15 de la citada codificación sustantiva penal y 319, fracción IV, del Código Procesal Penal para esa Entidad Federativa, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda en relación a la actualización o no de esa excluyente de responsabilidad y su impacto en el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso." (f. 140 vuelta). [.] En auto de once de marzo de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito y se ordenó requerir a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días remitiera el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (f. 146). En atención a lo anterior, mediante oficio 223, recibido en este Juzgado el dieciséis de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjuntó copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, en la cual se dejó insubsistente la diversa de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitió otra el dieciséis de marzo del año en curso, en la cual, como se determinó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable analizó la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley; asimismo, examinó lo relativo a si existió un exceso en términos del numeral 14 de ese ordenamiento; lo que se llevó a cabo según lo revela la lectura de la misma, en la parte conducente que establece: [...] "Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo a la que se da cumplimiento, corresponde el turno de analizar de manera oficiosa, conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, la diversa excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativo a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si existe un exceso en términos del numeral 14 de este ordenamiento, atento a los hechos respecto de los cuales se ha establecido, existen bases para vincular a proceso a Ángel Ricardo de Luna Escobedo por su participación, como coautor, en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional y lesiones que tardaron más de quince días en sanar, y pusieron en peligro la vida, en perjuicio respectivamente de Sergio Abraham Acuña Romero y Vanessa Alejandra Delgado Cell." [.] "Se concibe pues la actualización de una causa de justificación, aunque ciertamente no en la plenitud que permita establecer que el proceder de los elementos policiacos, concretamente el caso de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, se encontró totalmente apegado a la norma, pues las condiciones destacadas no eliminan la conciencia plena de lo antijurídico de su actuación, de tal manera que ello se establece que la conducta de los elementos de Policía Preventiva, se actualizó excediendo el cumplimiento de un deber". Son varias las razones que permiten concebirlo de esa manera. Primeramente tenemos que la intensidad de la reacción de los elementos fue desproporcionada, pues resultó drásticamente superior a la posición amenazante en que se situaron las Victimas, dada la conducta que exteriorizó el conductor. Por otra parte, los antecedentes de investigación permiten sostener que la detención que finalmente se requería del conductor de aquella unidad, pudo haberse logrado, aún en el contexto de esa forma violenta, aplicando medidas menos extremas, como lo pudo ser el direccionar las armas hacían partes de la carrocería que permitieran única y exclusivamente su detención, como lo pudieron ser los neumáticos, ello por tratarse de elementos debidamente capacitados y adiestrados en su uso. Finalmente se reconoce que si bien la Policía Estatal está facultada para el uso de la fuerza, representando en el caso concreto precisamente por el empleo de las armas, ésta solo puede desplegarse como medida estrictamente necesaria para la restauración del orden o control de una situación, por ello en el caso resulta exigible el desarrollo de estrategias o técnicas diversas para lograr la detención de la unidad, encontrando en ello excesiva la actuación de los policías en el cumplimiento de su deber. Atentos a lo anterior, se considera que cobra la aplicación lo dispuesto por el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, dispositivo que de ninguna manera elimina la atribución del hecho a título doloso, sino que vislumbra la aplicación de una pena atenuada para casos como el que nos ocupa, en que el agente se exceda en el cumplimiento de un deber. En esta tesitura, analizados los requisitos y formalidades exigidas por el numeral 19 Constitucional y 319 del Código Procesal Penal en vigor, es de MODIFICARSE el fallo impugnado por el cual se VINCULÓ A PROCESO A ÁNGEL RICARDO DE LUNA ESCOBEDO por existir la probabilidad de que haya participado como coautor de los hechos que la ley señala como delitos de HOMICIDIO Y LESIONES AGRAVADAS; en perjuicio respectivamente de SERGIO ABRAHAM ACUÑA ROMERO y VANESSA ALEJANDRA DELGADO CELL; con la salvedad de que se ha previsto que los hechos deben establecer o sustentarse conforme lo dispone el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, es decir, excediendo el cumplimiento de un deber, en la actuación de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, al desempeñarse como Agente de la Policía Estatal." (f. 181-196). [.] Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitiera una nueva conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, en la que analizara la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si determinara si en el actuar del quejoso existió o no un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento; y tomando en consideración que de las constancias de autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión, en los términos precisados en la nueva resolución emitida por la autoridad responsable el dieciséis de marzo del año en curso; por tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y con apoyo, en el artículo 196, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, en razón de que en cuanto al primero se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados; y por lo que respecta al segundo se concedió la suspensión definitiva solicitada; en el entendido de que sólo deberá conservarse el escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; así como las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese el mencionado cuaderno incidental al juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado Faustino Rodríguez Flores, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Que existen dos tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil dieciséis. Doy fe. El secretario. Lic. Faustino Rodríguez Flores. En la misma fecha, el secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero del ramo civil, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento a la sentencia de amparo; en el entendido que estará sujeto a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo al respecto, entre las que se encuentra aquélla de corte penal que más adelante se precisará. Se hace hincapié que en el presente caso, la actividad jurisdiccional que ejerce la responsable vinculada al cumplimiento del fallo, regida bajo los principios de autonomía, imparcialidad e independencia propios de la función que desempeña, implica que no existe superior jerárquico al cual requerir para que obligue a ésta a cumplimentar la sentencia de amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia I.3º.C.J/8 (10ª.)., sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil catorce, relativa a la Décima Época, cuyo rubro expresa: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las nuevas disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone en relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable, Juez Tercero del ramo civil del distrito judicial de Zacatecas, en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que en su momento se formaron. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado Faustino Rodríguez Flores, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    En , la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un telegrama registrado con el número 6433.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el telegrama de cuenta que remite el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "2", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria; y en atención a su contenido, toda vez que el cuadernillo original del presente incidente de suspensión por oficio de veintinueve de marzo del año en curso, se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al obrar ya las notificaciones relativas a la interlocutoria de nueve de diciembre último y a los recursos de revisión interpuestos contra la misma; por tanto, dicho telegrama agréguese al presente sumario únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO del COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (a través del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos); sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento del desahogo de la audiencia incidental que al efecto se celebre. Con apoyo en lo establecido en los ordinales 9 y 28, fracción I, de la Ley de la Materia invocada, se tienen como Delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que indica y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere en el comunicados de cuenta. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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