Roberto Carlos Hernández Lara

Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Hernández Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende también que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Carlos Hernández Lara; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Siete de Huimanguillo, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) del audio y video que contiene las audiencias de veinte y veintitrés de octubre de dos mil veinte, efectuadas en la carpeta 27/2020, de su índice, el cual remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA7 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 982/2020-7, promovido por Roberto Carlos Hernández Lara, contra el acto del Juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 párrafo primero, 19 y 20, apartado A y B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común el mismo día y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Roberto Carlos Hernández Lara solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO que me fue decretado el día 23 de octubre de 2020, emitido por la LICENCIADA EN DERECHO DYOSI GRISELDA SILVAN CABRERA, JUEZ DE CONTROL, EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO, en contra del suscrito, por los delito (sic) de FEMINICIDIO EN PANDILLA, HOMICIDIO CALIFICADO EN PANDILLA Y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA EN PANDILLA, previsto y sancionado por los artículos 115 bis fracción IV en relación al artículo 71, 110 en relación al 67, 11 y 71 del Código Penal en vigor, el primero de ellos en agravio de MARISOL ZAPATA RUEDA y de los menores de identidad reservada el occiso de iniciales M.Z.R. así como del menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R., en la causa penal 027/2020." AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control de la Región Judicial Siete de Huimanguillo, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 982/2020-7 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar lo conducente sobre la parte tercera interesada hasta que la responsable rindiera las constancias relativas al acto reclamado; se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de once de diciembre de dos veinte, se reconoció con el carácter de tercero interesada a la licenciada Candelaria Jiménez Cruz, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo, Tabasco; por lo que se ordenó el emplazamiento por oficio. Asimismo, se reconoció el mismo carácter a Argenis Antonio García Méndez representante de la occisa Marisol Zapata Rueda, así como a Anabel Palma Ventura representante de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y del menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. por lo que se requirió al juez responsable proporcionase domicilio para su emplazamiento. Así, por oficio 2141/2021 recibido el veintinueve de enero de dos mil veintiuno siguiente se emplazó al citado fiscal. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno se tuvo diligenciado el despacho 28/2021-7, con número de orden 37/2021, mediante el cual se dio cuenta que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno se emplazó al asesor jurídico representante de las víctimas, en su calidad de tercero interesado. Posteriormente, previo diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable en la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa 27/2020 de su índice, en contra del quejoso Roberto Carlos Hernández Lara, por la posible comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de FEMINICIDIO EN PANDILLA, previsto y sancionado por los artículos 115 Bis fracción IV y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la occisa Marisol Zapata Rueda, HOMICIDIO CALIFICADO EN PANDILLA previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA EN PANDILLA previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta 27/2020, de las que se desprende las actas mínimas de la audiencia inicial de formulación de imputación y medida cautelar de veinte de octubre de dos mil veinte y de la audiencia de vinculación a proceso y plazo de cierre de la investigación de veintitrés de octubre siguiente, diligencias celebradas dentro de la carpeta 27/2020; así como con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de las citadas diligencias; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la causa 27/2020 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El veinte de octubre de dos mil veinte a las catorce horas con dieciséis minutos, la Juez responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, duplicidad y medida cautelar. De ella se obtiene que: Fueron individualizadas las partes comparecientes (fiscal, asesor jurídico, representante de las menores víctimas, imputado y defensor público); Al no comparecer la representante de la víctima Marisol Zapata Rueda, la Juez responsable solicitó a la fiscal que verifique la forma de localización para poder notificarle en el procedimiento y decretó que sus derechos quedan bajo la representación del asesor jurídico por lo que hace a esa audiencia. La Juez le informó al imputado sobre sus derechos; se le designó al defensor público, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; [Minuto 6:25 a 8:40] La Juez explicó al imputado -aquí quejoso- los alcances de la solicitud del fiscal, respecto de señalarlo como probable responsable en la comisión de un ilícito. La fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en el artículo 115 Bis, fracción IV en relación con los numerales 70 y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Marisol Zapata Rueda; homicidio de autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado por los artículos 70 y 110, en relación con el 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y homicidio en grado de tentativa acabado previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 en relación con el 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. La fiscal manifestó [Minuto 9:14 a 17:44] que el señalamiento tiene sustento en que: "El dieciséis de enero de dos mil veinte, entre las quince horas y diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, la víctima menor de edad de iniciales M.Z.R, de cinco años de edad, se encontraba en su domicilio en compañía de su hermana Marisol Zapata Rueda de dieciocho años de edad, el cual se ubica en la Colonia Gilberto Flores Muños de Villa Estación Chontalpa de Huimanguillo, Tabasco. A ese domicilio llegó usted en compañía de Sergio Rodríguez Ramírez y otras personas más no identificadas, que ingresan al domicilio de las víctimas, donde privaron de la vida al menor M.Z.R, realizando diversas lesiones en su cuerpo, entre las cuales destaca una fractura de hueso frontal del cráneo la causa de la muerte fue por hemorragia intracraneal, la causa que la produjo fue traumatismo craneoencefálico severo por golpe contuso quedando el cuerpo del menor en posición de cubito ventral con sus extremidades superior con extensión sus manos del menor atada en una hamaca, sin saber quién produjo el resultado. Asimismo entre las quince horas del dieciséis de enero de dos mil veinte y las diez horas con treinta minutos horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, usted en compañía de Sergio Rodríguez y otras personas no identificadas, privaron de la vida a Marisol Zapata Rueda de dieciocho años esta presento fractura de tráquea, quien con razones de género de ser mujer presentó además signos de violencia sexual, presentó como causa de la muerte la asfixia derivado de un estrangulamiento. Además, ginecológicamente presentó desgarro en zona genital resiente menor a diez días; su cuerpo fue encontrado en una posa dentro de una bolsa negra completamente desnudo, a una distancia de nueve metros con cuarenta centímetros de las vías del tren de la colonia Manuel Andrade Días de Huimanguillo Tabasco, sin saber quién produjo el resultado. El dieciséis de enero de dos mil veinte, a las quince horas aproximadamente intentaron privar de la vida al menor de iniciales J.R.Z.R. de quince años de edad cuando el menor llego a su domicilio ubicado precisamente en la Colonia Gilberto Flores Muños, usted Roberto Carlos Hernández Lara fue la persona que le dio con un bate en la cara al momento en que el menor ingreso a su domicilio, provocándole fractura de máxima inferior en tres trazos, después dos personas más lo amarraron de sus manos, lo cargaron y se lo llevaron a un arroyo que hay en la parte de atrás cerca de su domicilio y lo tiraron pensando que había fallecido, pues el menor se encontraba inconsciente." Acto seguido, la fiscal le hizo saber al quejoso que la forma la comisión de los delitos de Feminicidio en Autoría Indeterminada en pandilla, previsto y sancionado en los artículos 115 Bis fracción IV, en relación al artículo 70 y 71 del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la occisa Marisol Zapata Rueda, Homicidio en Autoría Indeterminada en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 70, 110, en relación al 71 del Código Penal en el Estado, cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y Homicidio en Grado Tentativa Acabada, previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 en relación con 71 del Código Penal en el Estado, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R.; ilícitos de realización instantánea, de acción dolosa y le indicó al imputado que el grado de participación es de coautoría, conforme los artículos 8 fracción I, 9, 10, segundo párrafo y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra la madre de las víctimas María Simona Rueda Alegría, el señor Ramón Zapata López y la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales de iniciales J.R.Z.R. y el señor Adelfo Rueda Alegría. La Juez dio oportunidad a la defensa de hacer pronunciamiento al respecto, ante lo cual el defensor solicitó aclaración respecto de la imputación efectuada por la fiscal respecto del término temporal dentro del que se llevaron a cabo los hechos. Acto seguido, la Juez le hizo saber al imputado que dentro de sus prerrogativas se encuentra la de contestar la imputación o bien guardar silencio, sin que tal acción implique su incriminación, quien previa consulta con su defensa el ejerció su derecho a guardar silencio. [Minuto 23:18] Hecho lo anterior, la fiscal solicitó la vinculación a proceso [Minuto 24:35 y 103:33], previa explicación que la Juez realizó al respecto para conocimiento del imputado, verbalizó los siguientes datos de prueba: Noticia Criminal realizada por el policía de investigación Rafael Magaña Soberano que dio inicio de la carpeta de investigación 94/2020 de diecisiete de enero de veinte. Entrevista de María Simona Rueda Alegría de diecisiete de enero de veinte. Certificado médico de lesiones realizado por la perito médico legista Yesica Valenzuela Jiménez de dieciocho de enero de veinte. Entrevista de Ramón Zapata López de diecisiete de enero de veinte. Entrevista de la víctima menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. de veintiuno de enero de veinte. Levantamiento de cadáver de la víctima Marisol Zapata Rueda realizado por el perito en criminalistica Hernán Vidal de los Santos de diecinueve de enero de veinte. Entrevista de María Simona Rueda Alegría de dieciocho de enero de veinte. Acta de nacimiento de la víctima Marisol Zapata Rueda con número de folio 1448 asentada en el libro 224132 expedida por el Oficial del Registro Civil 1 de Huimanguillo, Tabasco, con fecha nacimiento veintinueve de enero de dos mil uno. Acta de nacimiento de la víctima menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. con número de folio 1449 asentada en el libro 224133 expedida por el Oficial del Registro Civil 1 de Huimanguillo, Tabasco, con fecha nacimiento diecinueve de septiembre de dos mil cuatro. Necropsia practicada a la víctima Marisol Zapata Rueda por parte del médico legista Esteban de Dios Gómez de diecisiete de enero de veinte. Noticia Criminal realizada por el policía de investigación Rafael Magaña Soberano que dio inicio de la carpeta de investigación 89/2020 de diecisiete de enero de veinte. Levantamiento de cadáver de la víctima menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. realizado por el perito en criminalísta Hernán Vidal de los Santos de diecisiete de enero de veinte. Entrevista de Adelfo Rueda Alegría de diecisiete de enero de veinte. Acto seguido, la Juez hizo saber al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensor antes de tomar la decisión. El inculpado solicitó el término máximo para resolver su situación jurídica, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas [Minuto 104:12], por lo que la Juez responsable señaló las trece horas del veintitrés de octubre de dos mil veinte para la continuación de la audiencia relativa. La fiscal solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado por el tiempo que dure el proceso. Respecto de lo anterior, la Juez del conocimiento, una vez que escuchó la adhesión de la petición que formuló el asesor jurídico y la representante de las víctimas menores de edad, así como con el silencio tanto de la defensa como del imputado, luego de ello, cerró debate y resolvió [Minuto 107:17 a 109:50] procedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa en los términos solicitados, ordenando comunicar lo resuelto al Centro de Reinserción Social de esa Ciudad, al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado e indicó que quedan notificados los intervinientes. B) AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. Del audio y video de la audiencia de mérito, se advierte que a las trece horas del veintitrés de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes e inasistencia, de la representante de las menores víctimas, la Juez de Control reiteró al imputado que sus derechos, tanto constitucionales como legales, continúan vigentes tal y como se le hizo saber en la audiencia anterior. Por otro lado, la Juez tiene por recibido el escrito de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se asigna la representación de la víctima Marisol Zapata Rueda la ejercerá el asesor jurídico Argenis Antonio García Méndez. Hecho lo anterior, la Juez cuestionó a la defensa sobre los medios de prueba que tuviere que presentar en esa audiencia, ante lo cual el defensor señaló que no tiene datos de prueba que desahogar; tras lo cual concede el uso de la palabra al asesor jurídico quien indica que, con los datos de prueba que obran en la carpeta se cumplen los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la Juez concedió oportunidad a la defensa, quien procedió a efectuar la réplica de los argumentos en los que el fiscal sustentó la solicitud de vinculación a proceso, que en esencia sostiene las declaraciones de los padres de las víctimas son contradictorias, a lo cual indicó que los progenitores tenían como ocupación la venta de droga, además el único dato de prueba que sostiene la acusación en contra de su representado es el señalamiento de la víctima menor de edad de identidad reservada, lo cual es insuficiente para la procedencia de la vinculación, argumentos con los cuales peticionó que no se vincule a proceso a su representado. [Minuto 5:15 a 12:22] Luego, la Juez responsable concedió el uso de la voz a la Fiscal del Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien por un lado puntualizó la falta de relevancia de las labores ilícitas de los padres para el caso concreto y demás carpetas de investigación donde los padres de los menores víctimas han declarado, no obstante que en diversa carpeta se siga acusación en contra del imputado -aquí quejoso-, aunado a que reiteró la validez de las declaraciones vertidas por la menor víctima de identidad reservada que sobrevivió en donde señaló directamente al imputado como responsable, declaraciones con lo que soportó la petición de vinculación a proceso. Nuevamente se concedió el uso de la voz a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la Fiscal, con lo que el defensor del imputado volvió a discurrir sobre declaraciones efectuadas por el menor en diversa carpeta de investigación son inconsistentes con lo vertido en la causa de mérito, ante lo cual la Juez le opone tales argumentos, dado que la defensa no puede mezclar hechos y declaraciones que no obran en la carpeta donde se actúa. [Minuto 17:31 a 19:10] A continuación la Juez de Control responsable cerró debate y procedió a dictar el auto de vinculación a proceso, dado que consideró que se cumplen los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional, así como los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puntualizó que se encuentra facultada para realizar una reclasificación jurídica de los hechos planteados en la audiencia anterior en términos de antepenúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos penales, dado que le asiste parcialmente la razón a la Fiscal referente a la cualificación jurídica que originalmente planteó, por lo que consideró hechos que se encuentran indiciariamente probados son los que establece artículo 115 Bis fracción IV en relación con el 71 del Código Penal en el Estado por el delito de feminicidio en pandilla cometido en agravio de Marisol Zapata Rueda; homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. [Minuto 23:00 a 25:53] Lo anterior por considerar que de los hechos expuestos y probados en la audiencia anterior se advierte conducta que se desplegó el dieciséis de enero de dos mil veinte, aproximadamente entre las quince horas y diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos cuando el imputado ingresó junto con al menos tres personas más, al inmueble ubicado en la Colonia Gilberto Flores Muños de Villa Estación Chontalpa de Huimanguillo, Tabasco, quienes tenían la finalidad de inferir daños a las personas que se encontraban dentro del inmueble, las cuales resultaron las víctimas Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. y el menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R., esto ya que se cuenta con indicios razonables para acreditar lo anterior, además que las víctimas no tuvieron oportunidad de defenderse, por lo que privaron de la vida a Marisol Zapata Rueda y al menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentaron privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, recapitulando cada dato de prueba presentado en la audiencia anterior, los cuales estimó pertinentes y suficientes para tener por acreditados los hechos narrados. Además, discurrió sobre los argumentos presentados por la defensa respecto a la falta de congruencia las declaraciones del menor víctima sobreviviente, ante lo cual puntualizó que hasta el momento no existe dato de prueba que desacredite las afirmaciones de esa declaración; por otro lado, en cuanto a la aseveración a que la víctima Marisol Zapata Rueda bailaba en un bar, tal condición no tiene relación alguna con la cuestión; respecto a que los padres de las víctimas vendían drogas, tal cuestión tampoco tiene relación alguna con los hechos, pues que esa labor ilícita en nada justifica la acción delictiva imputada. Por otro lado, puntualizó la forma en la cual fue encontrado el cuerpo de la víctima Marisol Zapata Rueda, que al ser encontrada en una fosa, dentro de una bolsa, desnuda y con signos de violencia sexual, es que para esa Juzgadora existen datos investigación suficientes para tener acreditada la conducta típica de feminicidio en pandilla. Asimismo, la Juez responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado participó en los hechos que se le atribuyen, en un grado de coautor, de naturaleza dolosa, consumación instantánea en términos del artículo 8 bis del Código Penal del Estado de Tabasco. Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que obran datos de prueba que establecen que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su realización. En esa tesitura procedió a dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado -aquí quejoso-, por el hecho que la ley señala como feminicidio en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 115 Bis fracción IV y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la occisa Marisol Zapata Rueda, homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R..Z.R. [Minuto 89:00 a 91:15] Finalmente, previa petición de la fiscal, la juez estableció como plazo de cierre de la investigación dos meses, con vencimiento de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. [Minuto 92:30 a 93:00] SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer concepto de violación indicó que lo constituye la omisión de la juez responsable de permitir que se aclarasen las circunstancias de tiempo en que se suscitaron los hechos que se le imputaron. Aduce que su defensa solicitó tal aclaración a la fiscal para que estableciera con claridad el tiempo en que ocurrieron los hechos, limitándose la representación social a afirmar que esos tiempos son los que se desprenden de los hechos de prueba, sin aclarar el momento exacto. Sostiene que no existen medios de prueba que acrediten directamente su participación, pues únicamente existe el señalamiento del menor de iniciales J.R.Z.R. Refiere que las declaraciones y señalamientos presentes en los datos de pruebas son inconsistentes para establecer con claridad el tiempo en que se desarrollaron los hechos. En su segundo concepto de violación manifiesto que se encuentra inconforme con la reclasificación realizada por la juez responsable, puesto que no existe dato de prueba que acredite su participación en la privación de la vida de las víctimas occisas, máxime que la declaración del menor que sobrevivió es un señalamiento singular que no está corroborado, más aún si de su declaración se advierte que no vio cómo privaron de la vida a sus hermanos. Insiste que se cuenta con datos de prueba idóneos, pertinentes y convincentes para justificar la vinculación, máxime si el señalamiento singular del menor de iniciales J.R.Z.R. no se corrobora con otro indicio que lo haga verosímil, por lo que imponer las calificativas que invoca la juez responsable no se encuentra justificada. Discurre que no se puede acreditar que el hecho que se le imputa sea constitutivo del homicidio en grado de tentativa, pues la afirmación de la juez respecto del hecho que pensaran que estaba muerto sea la causa externa que evitara se le privara de la vida al menor no se desprende de la declaración del menor J.R.Z.R., pues las lesiones que presentó dicho menor no pusieron en peligro su vida, sino que son las que tardan en sanar más de sesenta días. Cito como sustento a su argumento las tesis aisladas con registro 161440 de rubro: "TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL DEL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO." y registro 2020938 de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEAN LA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE SE CONSIDERARON PARA SU DICTADO, AL ESTAR ÉSTOS SUJETOS A CONTRADICCIÓN, AQUÉLLOS DEBEN ANALIZARSE PARA DETERMINAR SI ESOS DATOS SON IDÓNEOS Y ARROJAN INDICIOS QUE PERMITAN SOSTENER EL ACTO RECLAMADO." En su tercer concepto de violación, el quejoso indica esencialmente que la Juez responsable viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia establecido en la fracción I inciso B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soportó lo anterior con la tesis de jurisprudencia de registro 2006590 de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." Devienen INFUNDADOS los argumentos que esgrimió el quejoso como conceptos de violación; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de las audiencias remitidas por el Juez de Control responsable, se desprende que ambas diligencias, tanto la inicial de formulación de imputación y medida cautelar de veinte de octubre de dos mil veinte y de la audiencia de vinculación a proceso y plazo de cierre de la investigación de veintitrés de octubre siguiente se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en ambas audiencias, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veinte, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que la misma Juez de Control estuvo a cargo de ambas audiencias. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma la Fiscal del Ministerio Público, la asesor jurídico, el imputado y su defensor público; Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que la Fiscal del Ministerio Público expuso al imputado los hechos que le atribuyen, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como los nombres de las personas que lo acusan; Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Se dio oportunidad a la Fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por la Fiscal; Después, el Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, la Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado -aquí quejoso- Roberto Carlos Hernández Lara. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se habían cometidos hechos que la ley señala como delitos de feminicidio en pandilla previsto y sancionado por los artículos 115 Bis fracción IV y 71; homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11, todos artículos de Código Penal vigente para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado participó como coautor en la ejecución de los hechos que se le atribuyen. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Lo anterior al margen de la facultad que la norma procedimental le otorga al Juez de Control para reclasificar jurídicamente los hechos materia de la imputación, previsto en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales siempre y cuando tal acción se ejecute, como en la especie, en audiencia, con lo cual se permita al imputado ejercer el derecho a la defensa. Robustece el argumento anterior lo resuelto en la tesis I.9o.P.265 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2649, décima época, materia penal, registro 2021498, de rubro: "RECLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN MINISTERIAL. ANTES DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE PERMITIRLE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA RESPECTO A ÉSTA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 316, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, la Fiscal del Ministerio Público formuló imputación contra Roberto Carlos Hernández Lara, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como feminicidio en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en el artículo 115 Bis, fracción IV en relación con los numerales 70 y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Marisol Zapata Rueda; homicidio de autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado por los artículos 70 y 110, en relación con el 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del occiso menor de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y homicidio en grado de tentativa acabado previsto y sancionado por los artículos 110, 67 y 11 en relación con el 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que "El dieciséis de enero de dos mil veinte, entre las quince horas y diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, la víctima menor de edad de iniciales M.Z.R, de cinco años de edad, se encontraba en su domicilio en compañía de su hermana Marisol Zapata Rueda de dieciocho años de edad, el cual se ubica en la Colonia Gilberto Flores Muños de Villa Estación Chontalpa de Huimanguillo, Tabasco. A ese domicilio llegó usted en compañía de Sergio Rodríguez Ramírez y otras personas más no identificadas, que ingresan al domicilio de las víctimas, donde privaron de la vida al menor M.Z.R, realizando diversas lesiones en su cuerpo, entre las cuales destaca una fractura de hueso frontal del cráneo la causa de la muerte fue por hemorragia intracraneal, la causa que la produjo fue traumatismo craneoencefálico severo por golpe contuso quedando el cuerpo del menor en posición de cubito ventral con sus extremidades superior con extensión sus manos del menor atada en una hamaca, sin saber quién produjo el resultado. Asimismo entre las quince horas del dieciséis de enero de dos mil veinte y las diez horas con treinta minutos horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, usted en compañía de Sergio Rodríguez y otras personas no identificadas, privaron de la vida a Marisol Zapata Rueda de dieciocho años esta presento fractura de tráquea, quien con razones de género de ser mujer presentó además signos de violencia sexual, presentó como causa de la muerte la asfixia derivado de un estrangulamiento. Además, ginecológicamente presentó desgarro en zona genital resiente menor a diez días; su cuerpo fue encontrado en una posa dentro de una bolsa negra completamente desnudo, a una distancia de nueve metros con cuarenta centímetros de las vías del tren de la colonia Manuel Andrade Días de Huimanguillo Tabasco, sin saber quién produjo el resultado. El dieciséis de enero de dos mil veinte, a las quince horas aproximadamente intentaron privar de la vida al menor de iniciales J.R.Z.R. de quince años de edad cuando el menor llego a su domicilio ubicado precisamente en la Colonia Gilberto Flores Muños, usted Roberto Carlos Hernández Lara fue la persona que le dio con un bate en la cara al momento en que el menor ingreso a su domicilio, provocándole fractura de máxima inferior en tres trazos, después dos personas más lo amarraron de sus manos, lo cargaron y se lo llevaron a un arroyo que hay en la parte de atrás cerca de su domicilio y lo tiraron pensando que había fallecido, pues el menor se encontraba inconsciente." De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que la fiscal hizo saber al inculpado que los ilícitos que se le imputan son de realización instantánea, de acción dolosa y le indicó al imputado que el grado de participación es de coautoría, conforme los artículos 8 fracción I, 9, 10, segundo párrafo y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra fue la madre de las víctimas María Simona Rueda Alegría, el señor Ramón Zapata López y la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales de iniciales J.R.Z.R. y el señor Adelfo Rueda Alegría. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que la Juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que exista la probabilidad de que el imputado cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que la Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecían los hechos referido por la Fiscal del Ministerio Público [que el imputado junto con diversas personas ingresó al domicilio donde vivían las víctimas, con la finalidad de inferir daños a las personas que se encontraban ahí, resultando la muerte de las víctimas Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentaron privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R.], mismo que la ley señala como los delitos de feminicidio en pandilla, homicidio calificado en pandilla y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con las siguientes: [Feminicidio en pandilla] Noticia Criminal realizada por el policía de investigación Rafael Magaña Soberano que dio inicio de la carpeta de investigación 94/2020 de diecisiete de enero de veinte, del cual se desprende la localización del cuerpo sin vida de la víctima Marisol Zapata Rueda y del menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R., así como otros indicios de prueba. Entrevista de María Simona Rueda Alegría de diecisiete de enero de veinte, de la que se desprende que acreditó ser madre de la víctima Marisol Zapata Rueda al presentar su acta de nacimiento con lo cual reclamó el cuerpo, además manifestó los hechos que vivió el día dieciséis de enero de dos mil veinte, de lo que se destaca que: Arribó a su domicilio al cuarto para las ocho de la noche, vio todo oscuro y regresó al centro de Chontalpa a buscar a sus hijos, tuvo entrevista con un comandante y le aviso que no encontraba a sus hijos, regreso a su domicilio en compañía de una amiga, denotó que la puerta estaba abierta, ingresó al domicilio, con la luz de un celular y localizó a su menor hijo de cinco años muerto, víctima de identidad reservada con iniciales M.Z.R., sin encontrar a sus otros hijos. Además, junto con su hermano Ramón Zapata López comenzaron una búsqueda de sus otros hijos, localizando con posterioridad cerca de las vías del tren en una fosa una bolsa negra que contenía el cuerpo desnudo y sin vida de la víctima Marisol Zapata Rueda y cerca de ahí al menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. Acta de nacimiento de la víctima Marisol Zapata Rueda con número de folio 1448 asentada en el libro 224132 expedida por el Oficial del Registro Civil 1 de Huimanguillo, Tabasco, con fecha nacimiento veintinueve de enero de dos mil uno. Entrevista de la víctima menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. de veintiuno de enero de veinte. En la cual hace referencia esencialmente que las tres víctimas estaban en el domicilio, que aproximadamente a las tres de la tarde vio pasar dos vehículos con diversas personas, quienes identifica con los apodos de Veneno, Grillo y Padrecito, por lo que le dio aviso a su hermana mayor, ante lo cual la víctima Marisol Zapata Rueda dio cuenta a su madre. Después el menor declarante salió a caminar y escucho a su hermana gritando pidiendo auxilio, regresó a su domicilio, vio a su menor hermano de cinco años saliendo de la casa de unos vecinos e ingresando nuevamente a su domicilio, así, al ingresar al domicilio fue golpeado por quien conoce con el apodo del Padrecito, refiriendo el nombre de Roberto Carlos Hernández Lara, además identificó a otros sujetos que conocía con los apodos de Veneno y Grillo, además de otras personas que no conocía, que lo amarraron con un pedazo de trapo en las manos por adelante, que lo amenazaron diciéndole que se lo iba a cargar la chingada. Además vio cuando sujetaron a su hermana y a su hermano, escuchando que amenazaron esos hombres por teléfono a su mamá, diciéndole que ella iba a pagar con sus hijos la deuda. Después refirió el menor entrevistado que recibió golpes en la cabeza y la pierna, lo cargaron y lo fueron a tirar a un arroyo, donde quedó inconsciente. Manifestó que los sujetos que estaban dentro de su casa portaban armas largas, además indicó que por el miedo que tenía cuando lo arrojaron al pretendió estar muerto, sin moverse del lugar durante toda la noche hasta el día siguiente que lo encontró su tío Adelfo. Levantamiento de cadáver de la víctima Marisol Zapata Rueda realizado por el perito en criminalistica Hernán Vidal de los Santos de diecinueve de enero de veinte, donde se advierte que dentro de una fosa cercana a la vías del tren, localizaron una bolsa negra que contenía el cuerpo de una persona femenina que estaba desnuda, amortajada de la boca, con un trapo rojo en el cuello con un surco blanco en el mismo. Necropsia practicada a la víctima Marisol Zapata Rueda por parte del médico legista Esteban de Dios Gómez de diecisiete de enero de veinte, donde se determinó que el cuerpo presentaba diversas lesiones antemortem en el cráneo, escoriaciones en el cuerpo; además de lesiones en la zona genital, que indica acto sexual forzado, además de penetración rectal y concluyó que el motivo de la muerte fue por asfixia. [Homicidio calificado en pandilla] Entrevista de María Simona Rueda Alegría de dieciocho de enero de veinte, en donde hace referencia que a las llamadas que recibió sobre el informe de varios individuos que rondaban por su casa, los cuales ella presume que fueron quienes agredieron a sus hijos, puntualizando que ya habían recibido amenazas Noticia Criminal realizada por el policía de investigación Jonathan Rodríguez Marcial que dio inicio de la carpeta de investigación 89/2020 de diecisiete de enero de veinte. En la cual se dio cuenta que le fue informado del deceso de un menor, por lo que arribó al domicilio donde se encontró el cuerpo de la menor víctima de iniciales reservadas M.Z.R. en uno de los cuartos, por lo cual se gestionó el levantamiento de cadáver, además hizo referencia que en ese momento no se habían localizado aún los otras víctimas, quienes estaban desaparecidos. Acta de nacimiento de la víctima menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. con número de folio 001 asentada en el libro 2449960 expedida por el Oficial del Registro Civil 4 de Villa Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco, con fecha nacimiento seis de diciembre de dos mil trece. Levantamiento de cadáver realizado por el perito en criminalistica Jazmín Ascencio Gómez de la víctima menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. realizado por el perito en criminalísta Hernán Vidal de los Santos de diecisiete de enero de veinte, en el cual se describen las características del inmueble donde se localizó el cuerpo, dio cuenta de su posición y exacta localización, además de que sus extremidades superiores estaban amarradas, así como lesiones en la zona de la cabeza, lo cual corroboró con fijaciones fotográficas. Necropsia practicada a la víctima menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. por parte del médico legista Esteban de Dios Gómez de diecisiete de enero de veinte, donde se determinó que el cuerpo presentó diversas heridas en el cráneo, contusas y de corte con lo cual se concluyó que la causa de la muerte fue hemorragia intracraneal, generado por un traumatismo craneoencefálico severo. [Homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla] Certificado médico de lesiones realizado por la perito médico legista Yesica Valenzuela Jiménez de dieciocho de enero de veinte, que acreditan las lesiones que presentó la menor víctima de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R., concordantes con las lesiones que reportó en su declaración. Dictamen del que destaca herida compatible con un trauma contuso. Nota médica signada por el médico Joel Rodríguez Madrigal de diecisiete de enero de veinte que da cuenta con que la menor víctima de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R., presentó una fractura de maxilar inferior compatible con un traumatismo contuso, así como una hemorragia con edema cerebral, entre otras, las cuales son concordantes con los hechos narrados por la víctima en su entrevista. Acta de nacimiento de la víctima menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. con número de folio 1449 asentada en el libro 224133 expedida por el Oficial del Registro Civil 1 de Huimanguillo, Tabasco, con fecha nacimiento diecinueve de septiembre de dos mil cuatro. Entrevista de Román Zapata López de diecisiete de enero de veinte, refiriendo que el dieciséis de enero aproximadamente a las ocho de la noche, recibió una llamada de la madre de las víctimas informándole que sus hijos estaban desaparecidos, después recibió un audio donde le informaban que los habían matado al niño de cinco años y que los otros dos estaban desaparecidos. Al arribar a su casa, el día siguiente a las cuatro de la tarde solo vio el ataúd de su menor hijo de cinco años de edad y que tuvo una entrevista con su cuñado Adelfo, que lo llevó al donde se encontraba la víctima menor de identidad reservada con iniciales J.R.Z.R. Además, refirió que ya había recibido amenazas en contra de su persona y su familia, que incluso un sujeto de apodo el Colocho le había dicho que no lo denunciara, pues de iniciar una denuncia mataría a su familia. Entrevista de Adelfo Rueda Alegría de diecisiete de enero de veinte, hizo referencia a que se avocó a la búsqueda de sus sobrinos y que fue quien encontró a la víctima Marisol Zapata Rueda en una fosa dentro de una bolsa plástica color negro, declaración concordante con los dictámenes de levantamiento de cadáver correspondiente. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado -aquí quejoso- Roberto Carlos Hernández Lara fue identificado como la persona que probablemente participó como coautor en el homicidio de las víctimas Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentó privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión de los hechos considerados como delitos ya referidos. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la Fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado participó como coautor en los hechos señalados por la norma penal como los delitos de feminicidio en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 115 Bis fracción IV y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco. En efecto, la Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó actos tendientes a privar de la vida a las víctimas Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentó privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado -aquí quejoso- probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputan, mismos que son considerados instantáneos porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley efectuar actos tendientes a privar de la vida a las víctimas, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. Sin que obste a lo anterior, que la defensa verbalizó diversas razones por las cuales estimó que los datos de prueba con los que la Fiscal sostuvo su solicitud no son idóneos, pues las declaraciones de los padres de las víctimas son incongruentes y el señalamiento singular de la víctima menor de edad de identidad reservada J.R.Z.R. no se encuentra corroborada con otro medio de prueba y por tanto, no suficiente para soportar la vinculación. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la Juez responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal- para informar sobre la existencia de los hechos que la ley señala como delitos de feminicidio en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 115 Bis fracción IV y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco y homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla previsto y sancionado por los artículos 110, 123 fracción I, 71 y 11 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometidos en agravio de Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentó privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R., respectivamente. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente el dieciséis de enero de dos mil veinte, aproximadamente entre las quince horas y diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, el imputado -aquí quejoso- imputado ingresó junto con al menos tres personas más al inmueble ubicado en la Colonia Gilberto Flores Muños de Villa Estación Chontalpa de Huimanguillo, Tabasco, quienes tenían la finalidad de inferir daños a las personas que se encontraban dentro del inmueble, las cuales resultaron las víctimas Marisol Zapata Rueda, el menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. y el menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R., esto ya que se cuenta e con indicios razonables para acreditar lo anterior, además que las víctimas no tuvieron oportunidad de defenderse, por lo que privaron de la vida a Marisol Zapata Rueda y al menor de identidad reservada con iniciales M.Z.R. e intentaron privar de la vida al menor de identidad reservada de iniciales J.R.Z.R. [según datos de prueba verbalizados por la Fiscal, consistente en la entrevista de la propia víctima menor de edad de identidad protegida con iniciales J.R.Z.R.]. En ese orden de ideas, este juzgador estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, la juzgadora responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente participó como coautor en los hechos que se le imputan donde sí quedaron establecidos, tanto el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende se restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por la fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social Aunado que, contrario a lo sostenido por el quejoso, a la declaración del menor de edad de identidad protegida con iniciales J.R.Z.R., se suman otros medios de prueba, verbalizados por la representación social y valorador por la Juez de Control, de los que se infiere la probable participación del imputado en los hechos que se reclaman. Además, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular la presunción de inocencia ya que opuesto a lo indicado por el quejoso, la Juez atendió, en su variante de estándar de prueba, tal principio ya que analizó y ponderó la existencia de pruebas suficientes para enervar, al menos de manera indiciaria tal presunción. Máxime si al dar oportunidad al defensor, no se allegaron medios de convicción que destruyeran las afirmaciones acusatorias realizadas por la representación social, sino que solo se limitó a realizar manifestaciones genéricos a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal. Es aplicable al anterior razonamiento la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 546, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, registro 2011871, de rubro y texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, este juzgador considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la vinculación a proceso dictada en contra del quejoso no transgredió ni la obligación de análisis probatorio, ni los principios de proceso penal acusatorio en la etapa inicial, ni sus derechos humanos en ningún sentido es que, los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por este y continuación enlistados, no resultan procedentes ni aplicables para conceder la protección solicitada, a saber: "TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL DEL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO." "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEAN LA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE SE CONSIDERARON PARA SU DICTADO, AL ESTAR ÉSTOS SUJETOS A CONTRADICCIÓN, AQUÉLLOS DEBEN ANALIZARSE PARA DETERMINAR SI ESOS DATOS SON IDÓNEOS Y ARROJAN INDICIOS QUE PERMITAN SOSTENER EL ACTO RECLAMADO." "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." Máxime que, al ser las dos primeras tesis aisladas, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo no revisten observancia obligatoria para este juzgador federal. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de los recurrentes, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Roberto Carlos Hernández Lara, en contra del acto reclamado al Juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez de Control de la Región Judicial Siete de Huimanguillo, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 28/2021-7, con número de orden 37/2021, derivado del juicio en que se actúa; consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, como de las constancias anexas al despacho de cuenta, se advierte que el veinticuatro de febrero del presente año, fue emplazado el tercero interesado Argenis Antonio García Méndez, asesor jurídico público, representante de la occisa Marisol Zapata Rueda y las víctimas menores de edad de identidad reservada de iniciales M.Z.R. y J.R.Z.R., y requerido para que señalara domicilio en esta ciudad, a efecto de recibir citas y notificaciones, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le fuera notificado el auto de cuatro de febrero del año actual, sin que haya hecho lo propio hasta el día de hoy, y dado que el término otorgado para tal efecto transcurrió del veintiséis de febrero al dos de marzo de dos mil veintiuno, por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído al referido tercero interesado, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquensele por lista de acuerdos, los subsecuentes proveídos aun los de carácter personal. Notifíquese y cúmplase.

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