Roberto Carlos Cálix Méndez
Expediente 1429/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Roberto Carlos Cálix Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del presente incidente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiocho de septiembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por Roberto Calix Méndez; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, así como en el cuaderno incidental acumulado, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que en autos admisorios de treinta de agosto y veintiséis de septiembre ambos del presente año, Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, promovieron demanda de amparo, contra actos del Juez de Control de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión, detención y presentación, dictada en su contra. De igual manera, por auto de trece de septiembre del presente año, se tuvo al Juez de Control de Cunduacán, Tabasco, rindiendo su informe justificado en el sentido que es cierto el acto reclamado, toda vez que en audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión procesal decretó ORDEN DE APREHENSIÓN, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público por el delito de Allanamiento de Morada, así como el delito de Sustracción de Menores, cometido en agravio de Olga Lidia Cortázar Gómez y los menores de identidad reservada de iniciales D.E.CH.C y I.S.CH.C. Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual informa que los quejosos Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, se sometieron a la jurisdicción de dicho juzgado de control y el veintiséis de los actuales, comparecieron a la audiencia intermedia, por lo que se dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en contra de los aludidos quejosos. En tal virtud, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que los quejosos Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, promovieron demanda de amparo, contra actos de la Jueza de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, detención y presentación; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad señalada como responsable en audiencia intermedia de veintiséis del presente mes y año, dejó sin efectos la orden de aprehensión, girada en contra de los aludidos quejosos. Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que en autos admisorios de treinta de agosto y veintiséis de septiembre ambos del presente año, Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, promovieron demanda de amparo, contra actos del Juez de Control de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión, detención y presentación, dictada en su contra. De igual manera, por auto de trece de septiembre del presente año, se tuvo al Juez de Control de Cunduacán, Tabasco, rindiendo su informe justificado en el sentido que es cierto el acto reclamado, toda vez que en audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión procesal decretó ORDEN DE APREHENSIÓN, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público por el delito de Allanamiento de Morada, así como el delito de Sustracción de Menores, cometido en agravio de Olga Lidia Cortázar Gómez y los menores de identidad reservada de iniciales D.E.CH.C y I.S.CH.C. Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual informa que los quejosos Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, se sometieron a la jurisdicción de dicho juzgado de control y el veintiséis de los actuales, comparecieron a la audiencia intermedia, por lo que se dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en contra de los aludidos quejosos. En tal virtud, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que los quejosos Roberto Carlos Calix Méndez y Hayle de los Ángeles Peralta Villanueva, promovieron demanda de amparo, contra actos de la Jueza de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, detención y presentación; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad señalada como responsable en audiencia intermedia de veintiséis del presente mes y año, dejó sin efectos la orden de aprehensión, girada en contra de los aludidos quejosos. Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado.
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