Roberto Carlos Domínguez Berny

Expediente 159/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
159/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Domínguez Berny
  • Roberto Carlos Domínguez Berny y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Magistrados Integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y al Juez único de Primea Instancia Penal, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitieron respectivamente, al rendir su informe justificado.

  2. Principal

    Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al tercero interesado Bernardino Jesús Montesinos Santiago, el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 159/2017-I-A, en cumplimiento al diverso proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo y, con fundamento en los artículo 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, cumplió con la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 66 a 75), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Carlos Domínguez Berny, la cual causó ejecutoria mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 95); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el efecto de: "[.]deje sin efecto la resolución reclamada dictada dentro del toca penal 2388/2016, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete y dicte otra en la que resuelva de nueva cuenta en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de lo Penal por Ministerio de Ley, hoy Juez único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis que enseguida se transcriben: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" (Jurisprudencia número doscientos sesenta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y cinco, Tomo IV Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995). "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.- Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." (Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número cincuenta y nueve, en la página setenta y cuatro del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis). [.]" En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibo el oficio proveniente de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al cual anexó en copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre del presente año, dictada dentro del toca penal 2388/2016, promovido por Roberto Carlos Domínguez Berny, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, y emitió nueva resolución en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, en la que observó los lineamientos indicados en el fallo protector, y consideró que eran improcedentes los agravios expuestos en el referido recurso de apelación, y en consecuencia confirmó el auto de formal prisión recurrido, pues al efecto señaló que una vez analizadas y valoradas todas y cada una de las pruebas existentes en la causa penal antes citada, en esa etapa procesal eran suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de Daño en Propiedad Ajena por Culpa (en número dos) y Lesiones por Culpa (en número dos), y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que se hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, dejara insubsistente la resolución dictada en dos de febrero de dos mil diecisiete, de su índice, y dictara otra donde resolviera de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, como se advierte sucedió en párrafos anteriores; es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interese convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a los terceros interesados Alan Alejandro Morales Delgadillo y Mariza Herrera Angulo, el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 159/2017-I-A, en cumplimiento al diverso proveído de tres de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo y, con fundamento en los artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, cumplió con la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 66 a 75), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Carlos Domínguez Berny, la cual causó ejecutoria mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 95); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el efecto de: "[.]deje sin efecto la resolución reclamada dictada dentro del toca penal 2388/2016, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete y dicte otra en la que resuelva de nueva cuenta en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de lo Penal por Ministerio de Ley, hoy Juez único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis que enseguida se transcriben: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" (Jurisprudencia número doscientos sesenta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y cinco, Tomo IV Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995). "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.- Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." (Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número cincuenta y nueve, en la página setenta y cuatro del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis). [.]" En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibo el oficio proveniente de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al cual anexó en copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre del presente año, dictada dentro del toca penal 2388/2016, promovido por Roberto Carlos Domínguez Berny, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, y emitió nueva resolución en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, en la que observó los lineamientos indicados en el fallo protector, y consideró que eran improcedentes los agravios expuestos en el referido recurso de apelación, y en consecuencia confirmó el auto de formal prisión recurrido, pues al efecto señaló que una vez analizadas y valoradas todas y cada una de las pruebas existentes en la causa penal antes citada, en esa etapa procesal eran suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de Daño en Propiedad Ajena por Culpa (en número dos) y Lesiones por Culpa (en número dos), y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que se hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, dejara insubsistente la resolución dictada en dos de febrero de dos mil diecisiete, de su índice, y dictara otra donde resolviera de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, como se advierte sucedió en párrafos anteriores; es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interese convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, cumplió con la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 66 a 75), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Carlos Domínguez Berny, la cual causó ejecutoria mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 95); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el efecto de: "[.]deje sin efecto la resolución reclamada dictada dentro del toca penal 2388/2016, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete y dicte otra en la que resuelva de nueva cuenta en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de lo Penal por Ministerio de Ley, hoy Juez único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis que enseguida se transcriben: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" (Jurisprudencia número doscientos sesenta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y cinco, Tomo IV Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995). "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.- Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." (Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número cincuenta y nueve, en la página setenta y cuatro del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis). [.]" En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibo el oficio proveniente de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al cual anexó en copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre del presente año, dictada dentro del toca penal 2388/2016, promovido por Roberto Carlos Domínguez Berny, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, y emitió nueva resolución en relación al recurso de apelación que hizo valer el aquí quejoso, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, en la que observó los lineamientos indicados en el fallo protector, y consideró que eran improcedentes los agravios expuestos en el referido recurso de apelación, y en consecuencia confirmó el auto de formal prisión recurrido, pues al efecto señaló que una vez analizadas y valoradas todas y cada una de las pruebas existentes en la causa penal antes citada, en esa etapa procesal eran suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de Daño en Propiedad Ajena por Culpa (en número dos) y Lesiones por Culpa (en número dos), y la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que se hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, dejara insubsistente la resolución dictada en dos de febrero de dos mil diecisiete, de su índice, y dictara otra donde resolviera de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Roberto Carlos Domínguez Berny, en contra del auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 185/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, hoy Juzgado Único de lo Penal, con residencia en esta ciudad, debiendo subsanar las cuestiones de forma indicadas, ciñéndose a los lineamientos de la presente resolución y a las tesis señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, como se advierte sucedió en párrafos anteriores; es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interese convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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