Roberto Carlos Alvarez Mendoza
Expediente 459/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Roberto Carlos Alvarez Mendoza
- Juez Titular del Juzgado Único de lo Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesada ****, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la citada parte, auto que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Juez Único de Primera Instancia Penal de Ensenada y Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ****, la cual el veintiocho de febrero del actual, causó ejecutoria, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 213/2018, en contra del procesado y aquí quejoso ****. 2. Siguiendo los lineamientos de este fallo, decrete la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica en perjuicio del quejoso, al momento de rendir su declaración ministerial. 3. En caso de que no se logre acreditar que la de nombre Verónica Casillas Romero era en tal momento licenciada en derecho, deberá repararse esa falta de asistencia técnica con la consideración de que carece de valor probatorio esa diligencia de la averiguación previa. 4. Efectuado lo anterior, con libertad de jurisdicción y bajo la consideración de que queda intocado el resto del caudal probatorio y actuaciones practicadas en la averiguación previa y el proceso, dicte el auto de plazo constitucional que corresponda. En el entendido de que lo antes precisado lo deberá llevar a cabo apegándose al plazo señalado en el artículo 19 Constitucional bajo el supuesto de que el día en que se le comunique la firmeza de este fallo, el aquí quejoso está siendo puesto a su disposición. 5. En virtud de lo anterior, el C. Director del Centro de Reinserción Social Ensenada se deberá abstener de realizar la identificación administrativa correspondiente sobre el quejoso, y de haberse ya realizado, proceder a su cancelación." En atención al citado requerimiento, mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 126), se tuvo por recibido el oficio 390-III, signado por la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal de Ensenada, con sede en esta ciudad, a través del cual hizo del conocimiento que el seis de marzo de dos mil diecinueve, por auto de término constitucional determinó dejar insubsistente la resolución de plazo constitucional, dictado al quejoso el veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, por el delito de robo equiparado de vehículo de motor en su modalidad de custodia de vehículo de motor robado; y, siguiendo los lineamientos del fallo dictado por este órgano de control constitucional en el presente asunto, dictó nuevo auto de formal prisión en contra de ******, por su probable responsabilidad en la comisión del delitos antes mencionado, en agravio de ******. Asimismo, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 133), se tuvo por recibido el oficio 662/2019, signado por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Ensenada, informando que canceló la ficha de identificación administrativa de *****. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal de Ensenada, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 213/2018, en contra del procesado y aquí quejoso ****** y siguiendo los lineamientos de este fallo, decrete la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica en perjuicio del quejoso, al momento de rendir su declaración ministerial; además, que en caso de que no se logre acreditar que la de nombre Verónica Casillas Romero era en tal momento licenciada en derecho, deberá repararse esa falta de asistencia técnica con la consideración de que carece de valor probatorio esa diligencia de la averiguación previa y con libertad de jurisdicción y bajo la consideración de que queda intocado el resto del caudal probatorio y actuaciones practicadas en la averiguación previa y el proceso, dicte el auto de plazo constitucional que corresponda y que el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, cancele la ficha de identificación administrativa tomada al quejoso. Por tanto, resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; pues como quedó acreditado, el juez natural dejó insubsistente el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho y siguiendo los lineamientos ordenados en la ejecutoria de amparo, dictó un nuevo auto de plazo constitucional con libertad de jurisdicción cerciorándose previamente de que quien fungió como defensora del quejoso en la declaración ministerial sí tenía carácter de defensora pública estatal, título profesional de licenciada en derecho; además, el director del centro penitenciario de la ciudad, canceló la ficha de identificación administrativa de ****; de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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Notifíquese personalmente.
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Notifíquese personalmente
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