Roberto Carlos Balaños Ponce de León
Expediente 746/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/07/2016
Partes del expediente
- Roberto Carlos Balaños Ponce de León
- Juez de Primera Instancia Penal del Juzgado Tercero Adscrito A Esta Ciudad
- DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DE SUS ELEMENTOS A SU CARGO y Otros.
- ROBERTO CARLOS BALAÑOS PONCE DE LEÓN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en veinte de mayo de dos mil quince, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal razón, y como se ordenó en la referida fecha, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 283/2014, al Juez Tercero de Primera Instancia Penal, con residencia en San José El Alto, Querétaro; en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces de acuse de recibo necesarias...IV
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en veinte de mayo de dos mil quince, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal razón, y como se ordenó en la referida fecha, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 283/2014, al Juez Tercero de Primera Instancia Penal, con residencia en San José El Alto, Querétaro; en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces de acuse de recibo necesarias...IV
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación de la Secretaria que antecede y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil quince, dictado en el presente juicio, en el que se decretó el sobreseimiento en el mismo fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley reglamentaria de la materia, a contrario sensu, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y en su oportunidad archívese el presente asunto como enteramente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. Por otra parte, con motivo de lo decretado en líneas precedentes se ordena devolver la copia certificada la causa penal 283/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial de Querétaro, el cual anexó a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón a que la constancia de notificación hace las veces del mismo. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .IV
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO SERGIO ACOSTA SALINAS, EL AVISO JUDICIAL DE 27/04/2015, QUE CONTIENE EL AUTO DE 23/04/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Juez Tercero Interina de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con residencia en San José el Alto, Querétaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de abril de dos mil quince, y remite copia certificada del acuse de recibo del oficio mediante el cual acredita que se envió el duplicado de la causa penal 283/2014, y cuaderno de apelación, al Tribunal del Superior Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, para la substanciación del recurso de apelación promovido por el aquí quejoso Roberto Carlos Bolaños Ponce de León, en contra del auto de término constitucional de uno de febrero del año en curso, dictado en la causa penal referida, del índice de la autoridad oficiante. Ahora, de las constancias recibidas, se advierte de manera notoria una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del diverso artículo 63 fracción V, de la indicada Ley de Amparo, como se verá enseguida. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que el acto que por esta vía combate ROBERTO CARLOS BOLAÑOS PONCE DE LEÓN, se hace consistir en la EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, mediante el cual se decretó la formal prisión de dicho impetrante de garantías, como probable responsable del delito de LESIONES DOLOSAS. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del numeral 61, que sobrevino respecto de los actos aquí reclamados. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." La improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. El artículo 61, fracción XIX, de la nueva Ley de Amparo, dice: ".XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." De lo que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se encuentre pendiente de resolver un recurso ordinario ante los tribunales ordinarios, interpuesto por el quejoso en los tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es pertinente establecer que existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en alusión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: a) que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Tal jurisprudencia se identifica con el número 144/2000, en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Sin embargo, es pertinente traer a colación en principio de interpretación de similitud jurídica, la jurisprudencia 3/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 292 del Tomo XXXI, Abril de 2010, Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste". De la Anterior transcripción, se desprende que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es necesario que el medio de impugnación interpuesto a la par del juicio de amparo, haya sido admitido, pues basta con que el juez de origen se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa. En esas circunstancias, se advierte que el uno de febrero de dos mil quince, se dictó auto de formal prisión contra el ahora quejoso por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por el artículo 127, fracciones II, IV y V, del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de Sergio Acosta Salinas. Inconforme con tal resolución, el aquí quejoso, promovió recurso de apelación en contra del citado auto de término constitucional, el once de febrero de dos mil quince. Con motivo del recurso interpuesto, de las constancias de cuenta, se desprende que la Juez Interina del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, mediante oficio 972, envió el expediente duplicado y cuaderno de apelación formado, a la Secretaría de Acuerdos de las Salas Penal y Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el cual fue recibido el diecisiete de abril de la presente anualidad, como obra en el sello de la máquina registradora impreso en reverso del referido oficio. Así, los artículos 316, fracción IV, y 317 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 316. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones pronunciadas por los jueces de Primera Instancia. IV. Los autos de formal procesamiento y los de libertad por la falta de elementos para procesar; (.) "Artículo 317. La apelación contra las sentencias que impongan alguna pena o medida de seguridad y en aquéllos casos en que lo establezca la ley, será admitida en el efecto suspensivo. Todas las demás apelaciones se admitirán en efecto ejecutivo. Del análisis de los citados preceptos, se advierte que procede el recurso de apelación contra los autos de procesamiento, y los de libertad por la falta de elementos para procesar, y serán apelables en efecto suspensivo las sentencias condenatorias que impongan alguna pena o medida de seguridad, así como en aquellos casos que lo establezca la ley, y las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo, por lo que se concluye que el auto de formal prisión de uno de febrero de dos mil quince, puede ser recurrido a través del recurso de apelación conforme a lo establecido en los precitados numerales, por tratarse de aquél que restringe su libertad. Por consiguiente, debe estimarse que en el caso se actualiza las hipótesis contenida en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el citado recurso de apelación interpuesto por el inculpado Roberto Carlos Bolaños Ponce de León, fue admitido por el juez responsable y ordenó la remisión del expediente al Tribunal de segunda instancia para los trámites correspondientes, esto es, se contempla la hipótesis referida, pues el recurso fue admitido por el el juez de la causa, y dicho recurso es el medio idóneo para revocar o modificar el acto aquí reclamado, consistente en el auto de formal prisión de uno de febrero de dos mil quince. Máxime que como se ha dicho, mediante oficio 972, la Juez Interina del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitió a la Secretaría de Acuerdos de las Salas Penal y electoral del Tribunal Superior de justicia del Estado de Querétaro, las compulsas del expediente 283/2014, que instruye contra Roberto Carlos Bolaños Ponce de León, por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de Sergio Acosta Salinas, para efecto de tramitar el recurso de apelación planteado por el aquí quejoso, admitido por el juez de origen; así, se estima que con la admisión y remisión de constancias que efectuó el juez de origen a al Tribunal de Alzada, se actualiza la causa de improcedencia que se ha analizado en párrafos precedentes. Medio ordinario que se encuentra sub judice, por tal motivo el gobernado debe esperar al dictado de la resolución que emita la autoridad revisora, previamente de acudir al juicio de amparo, ya que la resolución emitida por la autoridad responsable puede ser modificar, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/133, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, visible en la página 632, la cual es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente". Bajo esas circunstancias, si la parte quejosa promovió el medio legal de defensa contra la resolución de uno de febrero de dos mil quince, que le determinó un auto de formal prisión por el delito de lesiones dolosas en agravio de Sergio Acosta Salinas, misma que por esta vía se combate y el cual se encuentra pendiente de resolver, y en el que la parte peticionaria del amparo, puede obtener la modificación, revocación o nulificación del referido acto aquí reclamado, lo que impide pronunciarse sobre éstos, pues se estima que nace a la vida jurídica la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, precisamente por haber tramitado la parte quejosa, ante los tribunales ordinarios, el medio de impugnación en alusión que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la inhabilitación que aquí combate. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 299, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. AMPARO IMPROCEDENTE. Si al momento de la presentación de la demanda de garantías, está pendiente de resolución un recurso ordinario intentado por la parte quejosa, por el que se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que lleva a sobreseer en el juicio con apoyo a lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal; sin que sea obstáculo, para lo anterior, la circunstancia de que la fracción XIV del artículo 73 de la ley invocada se refiere a recursos o defensas legales propuestos por la parte quejosa ante los tribunales ordinarios, en virtud de que la razón de este precepto, consistente en evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación que tengan un mismo objeto, se da también cuando se encuentra en trámite ante las autoridades administrativas un recurso propuesto por la quejosa a fin de lograr que se modifique, revoque o nulifique el acto reclamado en el juicio constitucional." Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas, con quince minutos del once de mayo de dos mil quince. . .IV
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