Roberto Barrios Cuevas

Expediente 762/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
762/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Roberto Barrios Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con las constancias remitidas en atención a la sentencia de amparo, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que, resulta procedente que este juzgado realice la calificación del cumplimiento al fallo protector. Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de tres de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, respeto del acto atribuido al Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio número ...........de uno de septiembre de dos mil veinte. 2. Emita otro en el que resuelva que el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, beneficia a la trabajadora quejosa, pues conforme a éste, basta que tenga veintiocho años de servicio, sin importar su edad, para que pueda acceder a la jubilación; y determine si con base en dicho convenio, cumple con los requisitos para la jubilación solicitada. Así, tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias como así lo indica el artículo 197 de la Ley de Amparo, y que de conformidad con la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, que en sus artículos 147 al 151 , regula lo relativo al trámite de la jubilación y pensiones, para lo cual dispone que la Legislatura del Estado será quien resuelva, en definitiva, el otorgamiento o no de las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos del Estado. Entonces, en aras de una pronta impartición de justicia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el Pleno, ambos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, quedan vinculadas para que en el ámbito de sus facultades en su oportunidad realicen todas las acciones a su alcance a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado en la presente sentencia; por lo que desde este momento deberá enviárseles testimonio de la presente resolución, ya que de conformidad con la normativa aludida, dichas autoridades también están constreñidas a observar lo dispuesto en la sentencia amparatoria que se dicta, esto es, a resolver lo concerniente al trámite de jubilación de la parte quejosa con base en el convenio laboral respectivo. Máxime que dichas autoridades están obligadas a observar el convenio de referencia, no obstante que aquél únicamente se hubiera celebrado entre la parte trabajadora y la parte patronal, pues el convenio laboral no constituye un acuerdo de voluntades autónomo o ajeno a la citada ley de los trabajadores, sino por el contrario, deriva de dicha norma jurídica y amplía, precisamente, diversas prestaciones y condiciones de trabajo -como las pensiones de vejez y jubilación- la cual surgió en la relación laboral entre el trabajador y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En ese sentido, el artículo 104 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone lo siguiente: "Artículo 104. En los convenios laborales no podrán pactarse condiciones menos favorables para los trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los sindicatos." Como puede verse, dicho numeral prevé que en los convenios laborales no podrán pactarse condiciones menos favorables para los trabajadores, que las contenidas en esa ley, los convenios suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los sindicatos. Y por su parte, el artículo quinto transitorio de esa misma ley, dispone que los acuerdos, convenios, reglamentos, costumbres, prerrogativas y en general los derechos que estén establecidos en favor de los trabajadores, superiores a los que en esa ley concede, continuarán surtiendo sus efectos en todo aquello que les beneficie, pues al respecto, literalmente señala: "Artículo Quinto. Los acuerdos, convenios, reglamentos, costumbres, prerrogativas y en general los derechos que estén establecidos en favor de los trabajadores, superiores a los que en esta Ley concede, continuarán surtiendo sus efectos en todo aquello que les beneficie." Por tanto, si en el convenio laboral, se pactaron derechos de los trabajadores superiores a los de la Ley, debe preferirse su aplicación sobre la ley. Lo anterior, no obstante que en el presente juicio de amparo no se hayan señalado como autoridades responsables a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y al Pleno, ambos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, pues como se precisó, por el ámbito de sus funciones, les corresponde intervenir en el procedimiento de jubilación motivo de la concesión de este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". De igual manera, se invoca la tesis XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019663, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." (.) Inconforme con la anterior resolución, el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, y por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ......... de su índice, en el que confirmó la sentencia dictada por este juzgado, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio agregado en auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Estado de Querétaro, informando que dejó insubsistente el oficio reclamado ............ de uno de septiembre de dos mil veinte, y dictaminó favorable la solicitud de jubilación de la parte quejosa Por lo que remitió su expediente administrativo al Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para efecto de su publicación en el periódico oficial; mismo que fue publicado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del Estado de Querétaro. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto su cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". II. Archivo y Destino de Expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, las constancias que remitió previo desglose que se haga de la carátula del tomo de prueba identificado como TOMO I. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo a ninguna de las citadas autoridades, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de octubre de dos mil veintiuno. I. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por la Directora Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, por medio del cual remite copia certificada de la publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sobra de Arteaga" el decreto por el que se concede jubilación a la parte quejosa. II. Vista parte quejosa. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido de la publicación del decreto de jubilación respectivo, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. I. Autoridad informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos anexa copia certificada del dictamen definitivo de jubilación del impetrante de amparo e informa que lo turnó al Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para efecto de su publicación en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga". II. Se vincula al Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Previo a realizar pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia dictada en autos y en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En el entendido que el plazo otorgado, se fija tomando en consideración la fecha recepción del dictamen aludido. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; y por oficio al Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que por auto de treinta de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, informando las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya proporcionado mayor información respecto a las gestiones que se encuentra realizando de acuerdo a la competencia de sus funciones a fin de dar cumplimiento total a la sentencia emitida en autos. Se requiere cumplimiento nuevamente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector otorgado a la parte quejosa. En el entendido que subsiste el apercibimiento con que se conminó a dicha autoridad en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

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