Roberto Béjar Grajeda
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Béjar Grajeda
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó por de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 12964, que remite el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y anexo que se acompaña, mediante el cual devuelve diliegenciado por medio de lista el exhorto 905/2022 (397/2022-D-A-P), derivado del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, que se le envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional notificara el referido auto al quejoso Roberto Bejar Grajeda, en el que se le requirió para que señalara domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, sin que haya lugar acusar recibo, toda vez que el sistema por el cual fue enviado, lo arroja automáticamente. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que, al día de hoy, ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso Roberto Bejar Grajeda, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo V-471/2022, de su índice. Lo anterior, toda vez que el Juzgado oficiante, en el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Béjar Grajeda, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otra autoridad; ello, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados que derivan de la presente demanda de amparo, tienen ejecución material dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción (Tangancicuaro, Michoacán); y, que por ende, la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de cuenta se actualiza en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Por lo anteriormente indicado, estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento; por tanto, fórmese expediente; acúsese recibo; y, regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 309/2022. ACTOS RECLAMADOS. En la demanda de cuenta, el quejoso Roberto Béjar Grajeda, señala como actos reclamados los siguientes: ...El juicio que constituye el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y está a punto de dictarse auto de lanzamiento forzoso y si la autoridad ejecuta forzosamente la sentencia violará mis garantías porque me despojará sin mandamiento formal fundado ni motivado ni dirigido al suscrito". Así, de lo recién transcrito se colige que el acto reclamado en esta contienda lo constituye la posible orden de desocupación o lanzamiento ordenada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otra autoridad, dentro del expediente 837/2020, respecto al inmueble ubicado en la calle Sabino, número 799, fraccionamiento Los Fresnos, de Tangancicuaro, Michoacán, que defiende en esta instancia constitucional el quejoso Roberto Béjar Grajeda. La anterior precisión se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J 40/2000 y la tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ... Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia ... Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, interpretado a contrario sensu, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Los preceptos legales antes relacionados, establecen:... Por lo tanto, debe decirse que esa última resolución será la reclamable en amparo y no las que la precedan; es decir, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, las resoluciones intermedias que no conllevan de manera directa la ejecución del acto; ni los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir la sentencia. Es fundamental precisar que el quejoso directo Roberto Béjar Grajeda, se ostenta como tercero extraño dentro del expediente 837/2020, respecto al inmueble ubicado en la calle Sabino, número 799, fraccionamiento Los Fresnos, de Tangancicuaro, Michoacán, y del cual es parte fundamental respecto al acto que reclama en el presente juicio de amparo, la posible orden de desocupación o lanzamiento ordenada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; así como violación al derecho fundamental de audiencia por no haber sido oído y vencido en juicio que le condene a la desocupación del inmueble que tiene en posesión derivado del contrato de arrendamiento. De los antecedentes de la demanda de amparo y de las copias certificadas que se adjuntaron del referido juicio natural, se advierte que: ... Pues bien, la anterior reseña permite concluir que el quejoso Roberto Béjar Grajeda, tiene el carácter de causahabiente de María Azucena Fernández Arroyo, quien figuró como parte demandada en el juicio ordinario civil 837/2020, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, y con tal carácter reclama la orden de entregar la posesión del bien inmueble ubicado en la calle Sabino, número 799, fraccionamiento Los Fresnos, de Tangancicuaro, Michoacán, al actor en el juicio natural, lo que pone en evidencia que en realidad el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño a juicio en la que basa su reclamo constitucional, pese a que reclame violación al derecho fundamental de audiencia por no haber sido oído y vencido en juicio que le condene a la desocupación del inmueble que tiene en posesión derivado del contrato de subarrendamiento; lo anterior porque, derivado de su causahabiencia, ocupa el mismo lugar que su causante, quien intervino como parte demanda en aquel juicio y está siendo requerido para que entregue la posesión del bien inmueble de que se trata. En efecto, el amparista alega que obtuvo la posesión del inmueble que defiende, precisamente de parte de la demandada en el juicio de origen, mediante el contrato de subarrendamiento que celebraron el ocho de julio de dos mil veinte, el cual anexó a su demanda. De manera que el título en que se funda la acción de amparo, tal hecho no implica que necesariamente deba llamarse al subarrendatario al juicio de terminación del contrato de arrendamiento primigenio; en primer lugar, porque éste tiene la calidad de causahabiente del arrendatario, a través de quien sería oído en el citado juicio y, en segundo, porque la existencia de un subarrendamiento no implica dejar sin efectos las obligaciones asumidas por el arrendador y arrendatario en el contrato originario, y tampoco impide a este último entregar la posesión del inmueble arrendado, ya que el término del subarrendamiento no debe exceder el de dicho contrato primigenio Desde esa perspectiva, se concluye que el quejoso realmente es causahabiente de la demandada María Azucena Fernández Arroyo, en el juicio civil de que se habla, del que se dice extraño, de modo que está sujeta a las resultas de esta última. Como apoyo de lo anterior, se invoca la tesis... Por tanto, el causahabiente, ahora quejoso, recibió el bien en las condiciones en las que se encontraba de su causante María Azucena Fernández Arroyo y que fueron afectadas en el juicio de origen; motivo por el cual, una vez acreditada la causahabiencia del promovente de esta vía de acción constitucional, respecto a los derechos del bien inmueble que fue motivo de controversia en el juicio natural, esa eventualidad la excluye de que pueda ser considerada como tercero extraño en el juicio, en el que fue llamado e intervino como parte demandada su causante. Lo anterior, trae como consecuencia que los actos de afectación no lo son propiamente como lo pretende hacer notar el impetrante, esto es, en todo el juicio de origen, sino el procedimiento de ejecución de una sentencia de naturaleza civil dado que su pretensión toral consiste en que esa etapa de ejecución de la sentencia emitida en ese juicio, se revoque, ya que, como ha quedado establecido, la acción plenaria de posesión que en la vía ordinaria civil promovió Isabel Castro Alfaro y Sarai García Castro, en contra de José Jaime Guillermo García Yañez y María Azucena Fernández Arroyo y que se resolvió como procedente y en consecuencia se condenó a los demandados a entregar la posesión del inmueble ubicado en la calle Sabino, número 799, fraccionamiento Los Fresnos, de Tangancicuaro, Michoacán; por ende, la resolución que se reclama no se vislumbra como la "última resolución" de dicho procedimiento. En efecto, la causa de improcedencia en comento se encuentra prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta fracción interpretada a contrario sensu, ya que en tratándose de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; requisito que tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", expresión que nuestro Máximo Tribunal del País, ha interpretado como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia ejecutoria. En ese tenor, se hace patente que el hoy quejoso es causahabiente del demandado en el juicio de origen María Azucena Fernández Arroyo, por lo tanto, al sustituirse en la misma situación que corresponde a su causante, se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado consistente: ... Lo que conduce a desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, que, aunque la causahabiencia no es en sí misma una causa de improcedencia del juicio de amparo, lo relevante es que, al causahabiente, por ubicarse en una posición idéntica que su causante, le afectan los mismos motivos de inejercitabilidad que le afectarían a éste. Lo anterior se robustece con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, al señalar lo siguiente: . EXHROTO. Ahora bien, como el quejoso tiene su domicilio fuera del lugar de residencia que ocupa este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio correspondientes a la parte quejosa, a saber: Roberto Béjar Grajeda (quejoso), con domicilio en calle Andador D, número 114, colonia Erendira, de Morelia, Michoacán. Y hecho lo anterior, se sirva realizar lo siguiente: Notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído. Requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación encomendada, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publique en los estrados este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez que sea diligenciado el exhorto de que se trata, se solicita al Juez auxiliar se sirva remitirlo a la brevedad con las constancias que así lo demuestren. Téngase a la parte quejosa autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eliasib Miguel Ángel Salmerón Brambilia, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tienen registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como toda clase de documentos a Jesús Torres Delgado, hasta en tanto acredite tal extremo. SE SOLICITA TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
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