Roberto Alvarez Tolentino
Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Alvarez Tolentino
- Secretaría de Salud del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 566/2023, que promovió Roberto Álvarez Tolentino, contra actos que atribuye al Director del "Hospital Regional de Cherán" de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan y turnado a este Juzgado el mismo día, Roberto Álvarez Tolentino promovió demanda de amparo, contra actos del Director del "Hospital Regional de Cherán" de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y otra autoridad, que será debidamente precisada en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. La demanda de que se trata, fue turnada a este Juzgado la que se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; luego, la audiencia constitucional, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en el lugar donde radica una de las autoridades señaladas como responsables y donde tiene ejecución el acto reclamado (Cherán, Michoacán). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, de la lectura íntegra del escrito de la demanda se advierte que la quejosa refiere padecer insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, para lo cual, requiere eritropoyetina, hierro y multivitamínicos, que tiene su domicilio particular en calle Hidalgo, número 3, Barrio San Juan, en Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán, y que las autoridades responsables le han negado la atención medica que requiere, con el argumento de que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizarle las sesiones de hemodiálisis que requiere. Asimismo, refirió que no cuenta con seguridad social, es decir, IMSS, ISSSTE o de alguna otra institución pública. Por lo tanto, el acto reclamado se fija como la falta de tratamiento, medicamento y atención médica necesarios para el debido tratamiento que la parte quejosa requiere para vivir, ya que padece insuficiencia renal, hipertensión arterial y diabetes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados de las autoridades responsables siguientes: Director del Hospital Regional de Cherán, Michoacán. Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Ello es así, pues no obstante que dichas autoridades al emitir su informe de ley, negaron la existencia del acto que se les reclama, dicha negativa se encuentra desvirtuada y deben tenerse por ciertos los actos que se les atribuyen. Lo anterior, porque aun cuando las autoridades responsables expresaron que no es cierto el acto reclamado, toda vez que refiere se le brindo la atención médica al quejoso cuando estuvo en internado en el hospital responsable, por el contrario, en cumplimiento a la suspensión otorgada se determinó proporcionar sesiones de hemodiálisis de manera subrogada, gratuita e ininterrumpida en la clínica particular denominada "Clínica UREA". No obstante, lo anterior implica, que previo a la presentación de la demanda de amparo, existía el acto reclamado, falta de atención médica de parte de las autoridades responsables; sin que resultara indispensable que la parte quejosa demostrara en forma específica la negativa que dice, recibió de dichas responsables de prestarle atención médica, pues lo que importa en realidad es que se logre la atención de los problemas de salud que presenta actualmente, lo que es necesario, para que se cumpla con el contenido de los artículos 1 y 4 de la Constitución en la vertiente de garantizar el derecho humano a la salud, de modo que si en este juicio, las autoridades responsables, no demostraron que la parte quejosa recibe el servicio médico gratuito a través de dichas autoridades, o por ser derechohabiente de algún otro sistema de salud como podría ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o algún otro, es evidente que debe de considerarse adecuado que en el presente juicio de amparo se le garantice ese derecho y se considere que, la falta de atención médica a la parte quejosa antes de la promoción del amparo, justifica la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni se advierte alguna que se actualice, y al no existir precepto que ordene plasmar en la sentencia las razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de disenso contenidos en su escrito de demanda, los cuales no son necesarios reproducir, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición; basta hacer el estudio de los mismos, como en derecho corresponda, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. De los autos se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que "refiere que es una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social", además de que refirió ser de escasos recursos; circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, para que este Juzgado proceda a suplir la queja deficiente a su favor, pues es evidente que por su condición económica y social, se encuentra en desventaja para su defensa y el debido acceso a la justicia. Se llega a esta conclusión, pues acorde con las consideraciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 41/2006, al diferenciar entre los términos de pobreza y marginación, sostuvo que la última se define como el fenómeno estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Por lo tanto, para que se actualice el supuesto previsto en la fracción VII, del artículo 79 de la Ley de Amparo, no se requiere que se trate de personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema ni tampoco que se trate de una marginación social en términos absolutos; menos aún que se le pida a la parte peticionaria que pruebe su situación de desventaja social; sino que ese término es entendido en una intelección más amplia, y debe atenderse a los objetivos de fondo que persigue esta institución procesal respecto de personas que por sus condiciones se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Esta circunstancia que en la especie está evidenciada por la condición multifactorial de la parte quejosa por su situación económica que le impide procurarse la debida atención médica; de ahí que es procedente el estudio de los conceptos de violación en suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, en términos del penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación suplidos en su deficiencia resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa se duele de la vulneración de los artículos 1º y 4° constitucionales, porque las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; lo cual, transgrede su derecho a la salud. El referido motivo de disenso es esencialmente fundado, porque el acto reclamado vulnera el derecho a la salud de la parte quejosa de acuerdo con los estándares normativos internacionales y nacionales -contenidos en Constitución y ley-, así como jurisprudenciales. En efecto, a nivel internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -en lo que interesa- refiere que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En tanto, el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Por su parte, en el ámbito regional, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En la misma línea de protección al derecho a la salud, el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de Federación y entidades federativas en materia de salubridad general; además, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. De esta manera, en la norma constitucional se prevé que toda persona tiene la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Así, la ley a la que hace referencia el texto constitucional, es la Ley General de Salud, la cual, definirá un sistema de salud para el bienestar de las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita. Ahora, en el artículo 1º de la Ley General de Salud, se reitera la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y, se prevé que dicha normativa es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Además, en el numeral 2º se señala que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, y tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación de los servicios, medicamentos e insumos asociados será gratuita. En tanto, el artículo 4 de la Ley General de Salud reconoce de manera expresa como autoridades sanitarias, entre otras, a los gobiernos de las entidades federativas; y el diverso 5º indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, y dicho Sistema, tiene por objetivo -entre otros- proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social. Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. De manera, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual se formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Para ello, se prevé que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita, por ende, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población, o de no tenerla, podrán presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Ahora, es de destacar uno de los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculado con el derecho a la salud, en el cual, determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento de forma oportuna, permanente y constante; tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; máxime cuando se trate de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Teniendo presente la anterior premisa normativa y jurisprudencial en el caso, es de precisar que la parte quejosa refiere que es una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social, por lo cual, reclama de las autoridades responsables la omisión de brindarle atención médica, para atender la insuficiencia renal crónica diagnosticada que padece, esto es, el tratamiento médico y medicamento, de forma gratuita y cercano a su domicilio ubicado en en calle Hidalgo, número 3, Barrio San Juan, en Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Michoacán. Para demostrar tales aseveraciones, el peticionario anexó a su demanda de amparo: Copia simple de su credencial para votar con fotografía; Nota de egreso de nefrología del Hospital General "Dr. Miguel Silva"; Comprobante de domicilio a nombre del quejoso; Constancia de Vigencia de no Derechoabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Constancia de acreditación de no Afiliación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A las anteriores documentales públicas y privadas se les otorga valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197, 202, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con valor pleno por provenir de autoridad competente en ejercicio de sus funciones; a excepción de la primera que constituye un documento privado, con valor indiciario por ser emitida por un tercero; en tanto que todas hacen prueba en favor de la parte quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no las objetaron. De las relatadas pruebas se advierte que la parte quejosa cuenta con el padecimiento de insuficiencia renal crónica, requiriendo de sesiones de hemodiálisis y medicamento consistente en eritropoyetina e hierro. No pasa inadvertido que el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital Regional de Cherán, Michoacán, informó que en la actualidad el quejoso podría acudir a partir del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés a las diez horas a la "Clínica UREA", ubicada en esta ciudad, a fin de que agendara sus sesiones de hemodiálisis, las cuales se le brindarán de manera subrogada. Sin embargo, si las autoridades responsables, no demostraron que garantizan el derecho a la salud de la parte quejosa de forma oportuna, permanente -definitiva- y constante, así como de manera gratuita y cercano a su domicilio, se llega a la conclusión de que el acto reclamado es inconstitucional e ilegal por vulnerar el derecho a la salud de la parte quejosa. Lo anterior, pues la restitución al derecho a la salud acontecerá, cuando se verifique una actuación concreta de las autoridades, con la cual se asegure a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, que requiere para tratar la insuficiencia renal crónica que padece; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Sin que, para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud de la quejosa, el que no esté afiliado en alguna institución de seguridad social, en razón a que, como se evidenció en párrafos previos, en términos de la Ley General de Salud, el derecho a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la Ley y sus disposiciones reglamentarias. En consecuencia, al quedar acreditada la vulneración al derecho a la salud de la quejosa, resultan fundados los conceptos de violación y lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para los efectos que enseguida se precisarán. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, expresó manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, al no formar parte de la litis no existe obligación de abordarlos. Se cita, en la idea conducente, la Jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, ordenen la valoración y diagnostico por el médico especialista en nefrología respecto de los padecimientos de insuficiencia renal crónica que refiere la quejosa y dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgarle, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiera; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Álvarez Tolentino, contra los actos reclamados al Director del Hospital Regional de Cherán, Michoacán y Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, para los efectos precisados en el considerando octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que a la presente fecha se encuentra transcurriendo el termino de ocho días que les fue concedido a las partes en auto de siete de septiembre del año en curso, para que se impusieran del contenido del informe justificado rendido por el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por si y en cuanto superior jerárquico del Hospital Integral de Cherán, Michoacán. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por si y en cuanto superior jerárquico del Hospital Integral de Cherán, Michoacán, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngaseles rindiendo su informe justificado. Con el informe de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Jairo Fernando Herrera Lira, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual señala lo siguiente: ". que el quejoso se comunicó a la clínica donde le comentan que NO ESTA AUTORIZADO para recibir el tratamiento de forma subrogada por lo que el quejoso CONTINUA SIN RECIBIR EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS QUE REQUIERE PARA VIVIR por parte de las autoridades responsables, como tampoco tiene conocimiento o instrucciones que deba de realizar a fin de que se le proporcione el tratamiento que necesita para vivir ya sea en un nosocomio público o de forma subrogada" En atención a las manifestaciones relatadas por el autorizado de la parte quejosa, así como del informe médico de diecisiete de agosto pasado, requiérase a las autoridades responsables, para que le garanticen la continuidad al tratamiento de la enfermedad renal crónica que padece. Asimismo, informen, si el quejoso Roberto Álvarez Tolentino continúa internado en el Hospital Integral de Cherán, Michoacán. Hágase saber a las autoridades responsables; que están dando cumplimiento a la suspensión de plano, por lo que se les requiere para que informen dentro del término improrrogable de veinticuatro horas al correo electrónico oficial 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 158 en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá MULTA equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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