Roberto Aparicio Suárez
Expediente 1269/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Roberto Aparicio Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a la fecha no ha dado cabal cumplimento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que haya realizado pronunciamiento alguno al respecto; no obstante de encontrarse debidamente notificada de dicho requerimiento. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio remitido por la autoridad responsable mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y solicita una prórroga de un día a partir del quince de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de remitir el comprobante de pago correspondiente. SE CONCEDE PRÓRROGA En ese sentido, se toma conocimiento de lo antes expuesto; en atención a lo solicitado por la oficiante, tomando en consideración los argumentos vertidos, dada la naturaleza del juicio en que se actúa y los bienes jurídicos tutelados, se concede una prórroga de un día a partir del quince de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de que la responsable dé cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Apoya a lo anterior la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/3 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2790 de rubro y texto siguiente. "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga". APERCIBIMIENTO Reitérese a la autoridad oficiante que subsiste el apercibimiento decretado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; con independencia de remitir el presente juicio a la superioridad para el trámite de inejecución correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; por tanto, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: ". De inmediato emitan una respuesta fundada y motivada, respecto de su escrito de aceptación de pensión que le fue presentado por la parte quejosa. En el mismo tenor, realice las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación le correspondan al quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/87412/23 de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en los términos establecidos en el mismo. Asimismo, las cantidades adeudadas a partir de la fecha en que la quejosa tuvo el derecho de recibir el pago de su pensión y prestaciones que de ella deriven, deberán entregarse actualizadas legalmente. ." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de amparo. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. ESCRITO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el escrito de la parte quejosa, por el cual solicita cause ejecutoria la sentencia emitida en autos. En ese orden, dígase al promovente que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS: para resolver los autos del juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Substanciación del juicio. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y seguidas las formalidades de ley, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; en virtud de reclamarse actos omisivos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados y autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad responsable la siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Director de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. ACTO RECLAMADO La omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión de ********************, y como consecuencia el pago de la misma. TERCERO. Oportunidad. En el caso, al tratarse de actos omisivos, la demanda de amparo puede promoverse en cualquier tiempo mientras subsista dicha omisión, por consiguiente, la demanda se promovió de manera oportuna. Al respecto resulta aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, III.5o.C.21 K, con número de registro electrónico 178476, correspondiente a la Novena Época, de título, subtítulo y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." Así como la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, número XVII.1o.P.A.12 A (10a.), con registro digital 2014844, correspondiente a la Décima Época, de título, subtítulo y texto, siguientes: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea". CUARTO. Existencia del acto. El representante legal de las autoridades responsables, aceptó la existencia de los actos reclamados respecto del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (foja 33 vuelta). No obstante que el citado representante legal negó la existencia de los actos reclamados al Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social y Director de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin embargo, se desvirtúa dicha negativa, en virtud que de sus manifestaciones se advierte que efectivamente existe una omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión de ********************, y como consecuencia el pago de la misma. Sirve de apoyo, la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. (Gaceta del Semanario Judicial)" QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o que de oficio se aprecien, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El representante de la autoridad responsable, Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión de ********************, y como consecuencia el pago de la misma. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que dicha porción normativa es clara al establecer que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, pues en el caso se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en razón de que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de amparo, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución General, pues es suficiente que la parte quejosa sencillamente "alegue" que se cometió una infracción directa a la Constitución Federal para que, por ese simple hecho, quede exceptuada la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, ya que cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, a efecto de garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia que se hace valer. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época volumen 175-180, Tercera parte, página 119 y registro digital 237480, de texto siguiente: "Recursos ordinarios. No es necesario agotarlos cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Asimismo, invoca como causa de improcedencia la prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo; en el sentido de que los Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social y Director de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Para una mejor explicación, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones legales siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del dispositivo 5, fracción II de la ley de la materia, se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Del análisis sistemático de las normas invocadas pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con bajo potestad legal o administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados; y, - Para emitir sus actos, no requiera acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo del País, del título y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, el amparo al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. En ese aspecto, es necesario señalar que la función jurídica que la responsable en estudio realiza, encuadra dentro de las previstas por el dispositivo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, dicha causa deviene infundada, pues en el juicio de amparo que se resuelve, contrario al dicho de la parte quejosa, por identidad institucional, la autoridad responsable, constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por ello, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional, se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve termino cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del instituto de respuesta. Cobra aplicación a lo anterior, por los razonamientos que la integran la jurisprudencia 2a./J.66/2016, visible en la página 898 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2016, tomo II, materia común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En ese sentido, aplicando por similitud de razón las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, es inconcuso que para efectos del presente juicio de amparo, el criterio interpretativo referido es preciso en determinar que tratándose del ejercicio del derecho de petición, estatuido en el artículo 8 de la Carta Magna, todos los funcionarios y empleados públicos, con independencia de la naturaleza formal de organismo descentralizado al que estén adscritos, tienen la obligación de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares; por lo que ante la omisión al cumplimiento de ese deber, sí es procedente el juicio de amparo; por lo tanto, para la substanciación del presente juicio de amparo, la autoridad citada por la parte quejosa en su escrito de demanda, se equipara aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto, creando con ellas una relación unilateral y obligatoria para el gobernado. En esta tesitura, no se puede considerar que el acto reclamado no sea atribuible a las responsables Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social y Director de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como lo hace valer su apoderado legal. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa, aduce la violación a sus garantías contenidas en el artículo 8 de la Constitución General de la República, ya que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito de ********************, en donde aceptó la pensión y como consecuencia el pago de la misma. El motivo de disenso que hace valer la parte quejosa, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, siendo necesario suplir la deficiencia de la queja en razón de que la quejosa tiene el carácter de trabajadora, tal como lo establece el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, apoya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 165908, tesis 2a./J. 173/2009, visible en el Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 437 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO LABORAL. PROCEDE CUANDO EL QUEJOSO Y EL TERCERO PERJUDICADO SON TRABAJADORES. En congruencia con la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja deficiente, se concluye que el beneficio procesal basado en el principio de justicia distributiva se instituyó en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías como parte quejosa o como tercero perjudicada, de manera que cuando sean trabajadores quienes acudan con el carácter de quejoso y tercero perjudicado, y aun cuando ninguna de las partes se coloca en una situación de desigualdad jurídica que requiera equilibrarse, subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer la obligación de suplir la deficiencia de los planteamientos que la parte obrera realice dentro del juicio de garantías, dando lugar a que en estos casos opere respecto de ambas partes, con el fin de tutelar sus derechos laborales, lo que se traduce en que el juzgador federal resuelva la litis constitucional que incide en el ámbito laboral atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan derechos laborales.". Dicho concepto de violación, es fundado, puesto que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: 1. Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. 3. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. 4. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126), que dispone: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". De lo anterior, se deduce que el artículo 8 Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por otra parte, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, en lo que interesa, establece: "ARTICULO 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Del precepto legal transcrito se aprecia, para lo que interesa, que el Instituto responsable cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto al otorgamiento de una pensión. En el presente asunto, como lo acredita el quejoso con el acuse de recibo de ********************, mediante el cual la parte quejosa presentó ante la autoridad responsable la aceptación de pensión otorgada a través del dictamen de otorgamiento de pensión número ******************** y como consecuencia de ello la omisión del pago de pensión, donde manifestó su conformidad respecto de la cuota diaria para el pago de su pensión que le fuera autorizado; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. Por tanto, si el Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios, cuenta con un plazo de treinta días a partir de que recibe una solicitud, en el caso, la aceptación de pensión, y éste ha sido omiso en dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa; es evidente que con dicho se transgrede lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio. Por su aplicación, se cita la tesis aislada I.2o.A.5 K, registro: 223375, consultable en el Tomo VII, Marzo de 1991, Página: 137 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION AL. La violación al derecho de petición puede ser invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre expresamente previsto en algún precepto ordinario" En consecuencia, a fin que la autoridad responsable cumpla con el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a favor de ********************, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisaran en el apartado correspondiente. Ahora, debe destacarse que la pensión jubilatoria constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...). XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.". Respecto del tema del pago de la pensión jubilatoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, al resolver el amparo directo en revisión 2941/2010, determinó que está protegida por el artículo 123, apartado A, fracción VIII, constitucional, contra embargo, compensación o descuento, en atención a que tiene como fin la subsistencia del trabajador y su familia, aunque limitado al parámetro para cuantificar el nivel mínimo de subsistencia que garantice la dignidad del ex trabajador jubilado, previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho criterio, dio origen, a la tesis aislada 2a. LXXV/2011, registro 161250, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 529, de rubro y texto: "PENSIÓN JUBILATORIA. GOZA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBARGO, COMPENSACIÓN O DESCUENTO HASTA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento. Esta protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atendiendo a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, porque aun cuando el precepto constitucional no se refiere expresamente a la pensión, ello se debe a que en 1917 todavía no existía ese concepto. Sin embargo, la intención del Constituyente Originario consistió en proteger a los trabajadores para que tuvieran una remuneración digna y lograran satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, objetivo que coincide con el contenido de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 constitucionales, que protegen el derecho de las personas a un núcleo de protección mínima que les garantice una subsistencia digna y autónoma. Entonces, aunque el salario y la pensión jubilatoria tienen un origen distinto -el primero está previsto en la ley y constituye la retribución pagada al trabajador por su labor, mientras que la segunda tiene un origen contractual y se genera con motivo de la terminación de la relación de trabajo, por el servicio durante varios años-, se asemejan en cuanto a que ésta reemplaza a aquél como fuente de sustento económico del ex trabajador y de sus dependientes económicos. Así, la manera idónea para garantizar la subsistencia digna de quienes reciben una pensión por jubilación es protegiéndola contra embargo, compensación o descuento hasta por el monto establecido en el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta-aplicable por igualdad de razón-, que es el parámetro establecido por el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, como no gravable para efectos de ese tributo.". Ahora bien, con relación a la protección de los derechos humanos de los gobernados, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." De lo transcrito se obtiene que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, destaca en el caso, la obligación de garantizar que el gobernado mantenga el disfrute del derecho humano, así como mejorarlo y restituirlo en caso de violaciones; de proteger que implica crear el marco jurídico y la maquinaria institucional para prevenir violaciones a los derechos humanos; y, el principio de interdependencia que se refiere a las relaciones reciprocas de los derechos humanos fundamentales, toda vez, que el disfrute de los derechos depende para su existencia de la realización de otro u otros grupos de derechos. Entre esos derechos, se encuentra los relativos a la seguridad social, el de la dignidad humana y el del mínimo vital. Para explicar ello, en principio debe observarse que al haber quedado demostrado que a la quejosa se le pensionó y conforme a las constancias existentes en autos, dicha pensión se realizó atendiendo al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************de ********************, emitido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); sin embargo, no se ha realizado dicho pago, no obstante que la parte quejosa, el ********************, presentó ante la autoridad responsable la aceptación de dicha pensión, mediante la cual manifestó su conformidad respecto de la cuota diaria para el pago de su pensión que le fuera autorizado, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde, motive, incluso justifique el retardo del pago de la pensión por jubilación, es inconcuso que tales actos son inconstitucionales. Ello, ya que conforme al numeral 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que exista mandamiento escrito de autoridad. Así, no existe mandamiento de alguna autoridad competente, que, de manera fundada y motivada, haya ordenado el retraso en dichos pagos. En suma, se advierte que con el acto reclamado no sólo existe transgresión al artículo 1° Constitucional, sino también a otros derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como el derecho a la dignidad humana y el derecho al mínimo vital, que guardan íntima relación con la pensión, y de tutela jurisdiccional urgente. En primer término, debe destacarse que conforme a la reforma constitucional, en materia de amparo y derechos humanos, respectivamente, generaron una nueva concepción sobre el alcance de los derechos humanos y su protección, particularmente con la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se incorporaron los principios de interpretación conforme, de interpretación más favorable a las personas, o principio pro homine, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, circunstancia a la que se le ha denominado comúnmente, un "nuevo paradigma constitucional" en materia de protección de este tipo de prerrogativas fundamentales. En ese nuevo paradigma, quedaron inmersos diversos derechos humanos, entre ellos, el derecho a la dignidad humana y al mínimo vital. En cuanto al derecho a la dignidad humana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Asimismo, que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual, se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Tales consideraciones se encuentran contenidas en la tesis aislada LXV/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 165813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 8, que dispone: "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por r azones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.". Asimismo, en la diversa del mismo órgano constitucional, con tesis VII/2013, registro 159820, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 136, que informa: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que desde una óptica tributaria, el derecho al mínimo vital tiene fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de los gobernados en lo general, independientemente de la manera en la que obtengan sus ingresos o de la prerrogativa establecida en el artículo 123 constitucional para la clase trabajadora, consistente en que se exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo; pero también reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal, lo cual en términos de su artículo 1o., resulta concordante con los instrumentos internacionales que son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema. En ese sentido, si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.". De acuerdo con lo anterior, el derecho a la dignidad humana de toda persona, se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado, y por tanto, a la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas en virtud de su dignidad como ser humano, y corresponde al Estado, asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y en general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2012363, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 633, de epígrafe y texto siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencialcomo el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada." Respecto al derecho humano al mínimo vital, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P. X/2013 (9a.), de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN CUANTO A LOS MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA SALVAGUARDARLO." emitió las consideraciones siguientes: Precisó que el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, en las condiciones en las que el artículo 25 constitucional prescribe que corresponderá al Estado: "la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales", cuya seguridad protege la propia Constitución. Aseguró que el trazo constitucional permite apreciar que el derecho al mínimo vital exige del Estado el aseguramiento de una existencia digna para las personas, como postulado básico de un Estado social, en la medida en la que se postula la idea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona, así como la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país. Percibió que, el derecho al mínimo vital no debe ser contemplado únicamente como un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna -en la que queda abarcada la protección a la alimentación, vivienda, servicios de salud y de educación- a la que se refiere la parte dogmática del Texto Constitucional, y a la que específicamente alude el artículo 25 de la Ley Fundamental. Así, estimó que ello es concordante con lo establecido en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. Indicó que puede afirmarse que, mientras que la Constitución Política claramente establece como responsabilidad estatal el que se garantice a los particulares la satisfacción de las necesidades más elementales, no puede decirse que es necesariamente a través del sistema fiscal que ello debe cumplirse, si bien no se soslaya el hecho de que, en ausencia de políticas, planes o programas que consigan dicho propósito mediante acciones positivas de la administración pública, sí resulta indispensable que la tributación no penetre en los signos de capacidad que son destinados por las personas que apenas cuentan con lo suficiente para cubrir dichos requerimientos esenciales. Apreció que se ha considerado que el derecho al mínimo vital no debe ser contemplado únicamente como un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna -en la que queda abarcada la protección a la alimentación, vivienda, servicios de salud y de educación- a la que se refiere la parte dogmática del Texto Constitucional, y a la que específicamente alude el artículo 25 de la Ley Fundamental. Asimismo, que abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado de garantizar -y no necesariamente otorgar la prestación de manera directa- que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud - incluyendo prevención de enfermedades y rehabilitación-, transporte, educación, cultura, así como a un medio ambiente sano y sustentable; aunado a ello, debe garantizar atención a los incapacitados o a las personas con necesidades especiales o específicas, procurando su incorporación a la vida activa. En este sentido, se concluye que los diversos derechos fundamentales y necesidades básicas no únicamente deben satisfacerse a través de un mecanismo único y determinado con que cuente el Estado, sino que ello puede llevarse a cabo a través de las diversas medidas positivas y negativas que tiene a su alcance, incluso, mediante diversas prestaciones relacionadas con alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, etcétera. Ahora bien, el derecho a la pensión, como ya se dijo, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que de él también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. El derecho a recibir una pensión por viudez como consecuencia de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o jubilado, según sea al caso, constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social, en tanto que busca proteger a aquellas personas dependientes del finado que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad derivada precisamente de la muerte de uno de los sostenes económicos, salvaguarda expresamente reconocida en el Texto Constitucional, y cuya garantía se establece de manera conjunta con otras pensiones, dentro de las cuales se ubica la jubilación. Con relación a la jubilación, igualmente debe reconocerse que ésta representa otro de los aspectos fundamentales del principio de la previsión social, porque tiende a garantizar que el trabajador o trabajadora que han prestado sus servicios por determinado número de años y llegado a una edad avanzada, puedan decidir retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrán derecho a recibir una pensión que les permita vivir con dignidad. Así, es indiscutible que los pensionados, al jubilarse, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero, además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. Ahora bien, en este apartado debe enfatizarse que los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer al pensionado de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Ello, porque el jubilado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Una vez expuestas las anteriores premisas, debe reiterarse que en este caso, quedó evidenciado que la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión por jubilación a que tiene derecho el agraviado, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************de ********************, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Ello, porque durante el tiempo en que no recibió su pago de pensión, careció de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona de la tercera edad debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de la autoridad responsable, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a él, se itera, le corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió la pensionada aquí quejosa, después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. En efecto, al restringirse el derecho de la parte quejosa de recibir su pago de pensión en tiempo, se violan los derechos humanos invocados, ya que la pensión por jubilación protege la dignidad de los trabajadores en la etapa de retiro y el derecho al mínimo vital, que comprende las satisfacciones necesarias para que ese retiro sea digno. De esta forma, el hecho de que se encuentre en trámite para generar el pago de pensión por jubilación respectivo, no hace desaparecer las infracciones a los derechos humanos de la quejosa pensionada, como sí hubieran cesado los actos reclamados, y por esa razón, al margen de que ese pago ya se haya realizado de forma tardía, ello hace que sea inconstitucional, no sólo por no existir orden escrita o mandamiento que así lo determine, sino porque con ello sea transgredido en perjuicio de la agraviada el derecho humano a la dignidad y al mínimo vital, la transgresión al derecho humano a la seguridad social del que deriva el pago de pensión a los jubilados, la violación al libre desarrollo de la persona, la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal en el pago de la pensión como obligación del Estado a través del ente asegurador de las prestaciones de seguridad social y el derecho de los pensionados de recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente, de lo que reciben mensualmente como concepto de pensión por jubilación. Derechos humanos que conforme al principio de interdependencia mantienen relaciones reciprocas entre todos ellos, así el derecho humano a recibir el pago de la pensión de jubilación en forma oportuna es condicionante de estos u otros derechos mencionados, cuya afectación no cesó y solo puede reparase restituyendo el respeto de esos derechos para alcanzar su respectiva protección y garantía, pues el contenido esencial de este derecho (pensión) supone el establecimiento de elementos mínimos que el Estado debe proveer en forma inmediata y sin que medien contra argumentos fácticos de imposibilidad proveniente de escases de recursos o elementos semejantes, pues así se cumple en este caso la obligación estatal de garantizar y proteger los derechos humanos conforme al principio de interdependencia de éstos, que resultan aplicables al caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con registro digital 2021661, tesis XV.3o.9 A (10a.), consultable en el Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2361 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión.". Por esas razones, y ante lo fundado del concepto de violación, suplido en la deficiencia de la queja, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por su parte, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija, por lo que, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables, por conducto de la autoridad legalmente competente para tal efecto, a realizar lo siguiente: De inmediato emitan una respuesta fundada y motivada, respecto de su escrito de aceptación de pensión que le fue presentado por la parte quejosa. En el mismo tenor, realice las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación le correspondan al quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************de ********************, en los términos establecidos en el mismo. Asimismo, las cantidades adeudadas a partir de la fecha en que la quejosa tuvo el derecho de recibir el pago de su pensión y prestaciones que de ella deriven, deberán entregarse actualizadas legalmente. Cobra aplicación, por su contenido jurídico, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020857, tesis 2a./J. 135/2019 (10a.), consultable en el Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1932 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de donde se obtiene: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.". En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable realice el primer pago relativo a la pensión por jubilación a la que tiene derecho la quejosa, en los términos establecidos; finalmente, lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, sin que sea motivo del cumplimiento las sumas aritméticas que realice la responsable al respecto, ni la continuación de pagos de pensión posteriores. Es aplicable por analogía la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: Único. La justicia de la unión Ampara y Protege a ********************, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes
- Rita Elena Martínez Garduño526/2021
- Rita María de la Luz Perez Servin872/2023
- Rita Villaseñor Hernández994/2023
- Roberta Claudia Sánchez Cardoso986/2020
- Roberto Alcántara Mérida276/2018
- Roberto Aparicio Suarez110/2023
- Roberto Ayala Castañeda773/2021
- Roberto Ayala Muñoz937/2023
- Roberto Becerril Espinoza1637/2019
- Roberto Calos Guadarrama Franco147/2020
- Roberto Carlos Flores Moreno504/2021
- Roberto Carlos Flores Moreno160/2022