Roberta Claudia Sánchez Cardoso
Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
Partes del expediente
- Roberta Claudia Sánchez Cardoso
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído emitido por este órgano jurisdiccional el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de la quejosa *****, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Poder Ejecutivo o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Bienestar Social antes Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno del Estado de México. Instituto Nacional de Mujeres. Secretaría del Trabajo. Secretaría de Desarrollo (SEDESEM). Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México. Secretaría de las Mujeres. ACTOS RECLAMADOS a) Omisión de implementar, operar y/o aplicar criterios y requisitos para un plan de apoyo económico, en base a la ausencia de programas de apoyo gubernamentales que les encomendaran cumplir con sus obligaciones como lo es garantizar derechos básicos y el mínimo vital y/o modo de subsistencia, llámese seguro de desempleo, beca, apoyo solidario, etc. b) Omisión de generar, crear e implementar programas, mecanismos, lineamientos de apoyo y políticas publicas dirigidas a combatir y ecualizar las disparidades de genero que con motivo de la contingencia sanitaria la ubican en una situación vulnerable frente a la recisión económica generada derivada de la brecha de desempleo sufrido especialmente en las mujeres que impiden la independencia y desarrollo pleno en contra de las prácticas discriminatorias generadas en las autoridades y en la sociedad. c) Omisión y negativa de generar, crear e implementar programas, mecanismos, lineamientos de apoyo y políticas públicas dirigidas a combatir y ecualizar las disparidades de género que por medio de actuación administrativa respeten la libertad de trabajo consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se encuentran poniendo limitantes o condicionantes que impiden el desarrollo a sus actividades laborales de manera libre. Desechamiento Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informa, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." . Atendiendo a lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se advierte que no obra la firma autógrafa original de la quejosa Roberta Claudia Sánchez Cardoso, y tomando en consideración que ello no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, atendiendo a que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, a través la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma autógrafa original del quejoso referido, no hay forma de saber si es voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional, por lo cual, ante esa omisión se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis aislada visible en la página setenta y dos, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen 115-120, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". Sin que genere a este juzgador Federal presunción de que el escrito de demanda haya sido presentado con firma autógrafa original de la peticionaria del amparo, habida cuenta que en la primer foja del escrito de demanda se advierte la siguiente leyenda "firmada en copia"; lo que permite evidenciar que el personal de la Oficina de Correspondencia Común y de la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, al recibir el escrito de demanda que se acuerda asentó razón de que el mismo fue exhibido con una firma al parecer en copia; sin embargo, el análisis final al respecto se realiza en este momento, máxime si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada a través del buzón judicial establecido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por lo que es responsabilidad exclusiva del promovente verificar que los asuntos que depositen en dichos buzones judiciales estén en sobre u otro empaque similar, debidamente firmado, integrados y dirigidos a los órganos jurisdiccionales de que se trate, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen: "Artículo 10. Oficinas de Correspondencia Común (en adelante "OCC"). El trabajo y las labores de las OCC se regirán por las siguientes reglas: . II. El personal adscrito a las OCC realizará labores presenciales y remotas, conforme al esquema descrito a continuación: . b) Dado que la recepción de asuntos se realizará mediante los buzones judiciales, el personal que acuda a realizar labores presenciales contará con el equipamiento de seguridad necesario y se encargará de abrir los paquetes depositados para digitalizarlos, verificar que la documentación se encuentre dirigida a los órganos jurisdiccionales a los que presta servicio o auxilia, registrarlos y preparar su envío físico. En todo caso deberá asentarse si la documentación presentada se recibe con firma autógrafa, anexos, originales o copias o cualquier otra cuestión relevante. Para la digitalización de los documentos se dará prioridad a los de carácter urgente, incluso cuando su volumen sea mayor de 20 MB, lo que implica una excepción a la política de digitalización del Consejo. Cuando la urgencia en la tramitación de un asunto lo requiera, la conectividad del personal que labore de manera remota falle, o cuando las cargas de trabajo lo permitan, el personal que se encuentre físicamente en la OCC podrá colaborar con el turno de los asuntos. (Énfasis añadido). Artículo 11. Funcionamiento de los buzones judiciales. Es responsabilidad exclusiva de las personas usuarias verificar que los asuntos que depositen en los buzones judiciales estén en sobre u otro empaque similar, debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la OCC de que se trate. Al realizar el depósito, la propia persona promovente genera su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón, mientras que la boleta de turno se enviará por correo electrónico a las partes que lo proporcionen. Con independencia de lo anterior, las personas promoventes pondrán consultar el turno de sus asuntos en los listados que se colocan físicamente en las OCC, en un espacio de libre consulta al público.". (Énfasis añadido). Cobra aplicación, a contrario sensu, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Página: 3632, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción I, interpretando a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la tesis aislada, visible en la página noventa y seis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen 175-180, sexta parte, de texto y rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". No es óbice a lo anterior que si bien, el escrito de demanda cuenta con una firma autógrafa, también es cierto que dicha signatura se presenta en copia fotostática simple y no en original, lo cual desacredita en su totalidad la validez jurídica necesaria para la presentación de la demanda. Cobra sustento, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206288, visible en la página 183, Tomo I, Primera parte-1, Enero-Junio de 1988 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Domicilio procesal de la parte quejosa Toda vez que en el presente asunto la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de esta ciudad; y, a su vez, solicita autorización para la consulta del expediente electrónico así como para oír y recibir notificaciones a través de los usuarios *****, atendiendo a que en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se estableció que se privilegia el uso de medios de electrónicos. Por tanto, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, realícese la presente notificación y las subsecuentes a la parte quejosa vía electrónica, en virtud de que se encontró registro de los usuarios referidos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, se le permite el acceso al expediente electrónico. Autorizados En otro punto, se advierte que los autorizados *****, cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados en términos amplios. Luego, con sustento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, párrafo segundo, se tiene por autorizados a *****únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción; asimismo, se tiene por autorizados en los mismos términos a Rosario Carolina Cota Franco, Jesús Heriberto Torres Escalona, Jorge Alejandro Ruelas Martínez, Juan Valdivia Martínez y Valeria Carrillo Ricci. Parte quejosa proporciona correo electrónico y números telefónicos para oír y recibir notificaciones Respecto al correo electrónico y números telefónicos que proporciona la parte quejosa, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen únicamente para establecer contacto, cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
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