Roberto Antonio Vázquez Blandin

Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
139/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Roberto Antonio Vázquez Blandin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener las pruebas documentales que el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Celaya, remitió como sustento de su informe justificado, un disco versátil digital (D.V.D), se ordena la devolución de esas documentales.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 139/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (foja 2) ante la Oficina de Correspondencia Com n de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, *************** solicit la protecci n de la justicia federal en contra de los actos de la autoridad que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. 1.- De la autoridad se alada como ORDENADORA, lo constituye la inconstitucional OMISI N DE PRONUNCIARSE SOBRE LA EJECUCI N Y CONDUCCION DE LA ORDEN DE APREHENSI N, cumplimentada el dieciocho de febrero del a o dos mil veintiuno, as como el inconstitucional (sic) FORMULACI N DE IMPUTACI N, AUTO DE VINCULACI N A PROCESO y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISI N PREVENTIVA, dictada en mi contra dentro de la Carpeta Judicial ******, con N mero nico de Causa *******. 2.- De la autoridad se alada como EJECUTORA, lo constituye la inconstitucional PRIVACI N DE LA LIBERTAD, al mantenerme preso derivado del AUTO DE VINCULACION A PROCESO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISI N PREVENTIVA, dictada en nuestra contra dentro de la Causa Penal ********, derivado de la Carpeta de Investigaci n con N mero nico de Caso *********" Actos que reclam de las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: --- COMO ORDENADORA: 6.- La C. Lic. ***********, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Regi n del Estado de Guanajuato. Con domicilio bien conocido. COMO EJECUTORA: 7.- El C. Director del Centro Preventivo de Reinserci n Social Estatal de Celaya, Gto. Con domicilio bien conocido." Actos que consider violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los art culos 1, 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Turno de demanda. Por raz n de turno, la demanda fue remitida a este juzgado de Distrito el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Por auto de dieciocho de marzo siguiente (fojas 8 a 10), esta potestad federal admiti a tr mite la demanda constitucional, registrada con n mero 139/2021-5; solicit el informe justificado a las autoridades responsables, se al fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional y orden el emplazamiento de los terceros interesados -agente del Ministerio P blico que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, as como de ********** y*********** con car cter de v ctimas u ofendidos en la causa penal subyacente-. De igual forma, se al fecha y hora para la celebraci n de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los art culos 103 y 107 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n en relaci n con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal1. La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados son el auto de vinculaci n a proceso, y otros, en contra del quejoso, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, base Apaseo el Grande, lugares en donde ejerce jurisdicci n este Tribunal. Es aplicable por analog a y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente2: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISI N. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI N RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE STA NO COINCIDA CON LA JURISDICCI N EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Precisi n de los actos reclamados. De acuerdo al an lisis integral de la demanda, as como de las constancias de este juicio, de conformidad con el art culo 74, fracci n I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n3, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACI N CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) El auto de vinculaci n a proceso decretado en contra del quejoso en la subyacente causa penal ********, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por aparecer como probable responsable del hecho que la ley se ala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los art culos 138, 140 y 153, fracci n I, segundo p rrafo (ventaja), con relaci n a los diversos 13 y 20 primer p rrafo, tercer supuesto, todos del C digo Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de quien en vida respondi al nombre de *********. ii) La medida cautelar de prisi n preventiva oficiosa; y, iii) En v a de consecuencia, la ejecuci n de las determinaciones indicadas en los incisos que anteceden. Actos reclamados a las siguientes autoridades: Como ordenadora 1. Jueza de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato, base en Apaseo el Grande, sede Celaya; y, Como ejecutora 2. Director del Centro Estatal de prevenci n Social de Celaya, Guanajuato Se insiste, la anterior fijaci n de actos corresponde a la real intenci n de la parte quejosa, obtenida del an lisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos. De esta forma no se tienen como actos cuestionados los que la parte agraviada indic como "OMISI N DE PRONUNCIARSE SOBRE LA EJECUCI N Y CONDUCCION DE LA ORDEN DE APREHENSI N, cumplimentada el dieciocho de febrero del a o dos mil veintiuno, as como el inconstitucional (sic) FORMULACI N DE IMPUTACI N, AUTO DE VINCULACI N A PROCESO y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISI N PREVENTIVA"; habida cuenta que del sumario se desprende la inexistencia de esos actos por parte de las autoridades responsables; tanto m s que la formulaci n de imputaci n aludida, correspondi realizarla a la representaci n social adscrita al juzgado natural, quien no es autoridad sino parte procesal en el procedimiento de origen, por ende, tercera interesada en el presente asunto, mas no autoridad responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman tanto al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande y sede Celaya, como al director del Centro Estatal de Prevenci n Social en esta ciudad, pues as lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (foja 14, 25 y 26 de autos). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n4, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en l confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Adem s, la certeza de los actos reclamados se robustece con la constancia que el juez responsable adjunt a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictaron los actos reclamados y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal. Documental p blica con eficacia probatoria plena en t rminos de lo dispuesto por los art culos 129 y 202 del C digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci n supletoria a la ley de la materia, por disposici n expresa de su numeral 2 , dado que son diligencias encomendadas por disposici n de la ley y por tratarse de discos pticos en formato de videograbaci n (DVD), consideradas como una prueba documental p blica lato sensu. Es aplicable, por identidad jur dica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORM TICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERS TIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JUR DICA DE PRUEBA DOCUMENTAL P BLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el art culo 20, p rrafo primero, de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci n el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los rganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electr nico", como dispositivo de almacenamiento de dicha informaci n en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jur dica procesal es la de una prueba instrumental p blica de actuaciones al tratarse de la simple fijaci n o registro, por medios digitales o electr nicos, de los actos o diligencias propios de la tramitaci n de una causa penal de corte acusatorio, m xime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deber n acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal se alada como responsable, en t rminos del art culo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbaci n de una audiencia oral y p blica contenida en un disco vers til digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el car cter de una prueba documental p blica lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducci n de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jur dica a las partes en relaci n con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbaci n, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la informaci n contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes m s destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, comenz la audiencia inicial en la causa penal subyacente ******. En ese acto la defensa particular con anuencia del imputado, solicit receso para imponerse de la carpeta de investigaci n, por tal motivo se se al el veinte de febrero siguiente para la continuaci n de la audiencia. 2. El veinte de febrero de dos mil veintiuno, en la reanudaci n de la audiencia inicial, la juez responsable concedi el uso de la voz al fiscal quien formul imputaci n al imputado ******** La juez tambi n otorg el uso de la voz a la defensa, quien refiri no tener nada que manifestar; posteriormente, la juez le inform al imputado sobre la oportunidad para dar contestaci n a la imputaci n que se le realiz , adem s, que tiene derecho a declarar o no hacerlo. De igual forma, la juez le comunic al imputado que al tener conocimiento que se trata de una persona de nacionalidad hondure a, tiene derecho a entablar comunicaci n con el consulado de su pa s; a lo que el imputado manifest que no es su deseo declarar, ello en ejercicio de su derecho constitucional y que tampoco es su deseo tener comunicaci n con el consulado aludido. No obstante lo anterior, la juez responsable orden notificar al Consulado de Honduras sobre la detenci n del aqu quejoso. 3. Despu s el fiscal solicit permiso para pedir la vinculaci n del imputado, a lo que hubo anuencia por parte de la juez; por lo que el agente del Ministerio P blico procedi a solicitar la vinculaci n a proceso del imputado por su probable participaci n en el hecho que la ley se ala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los art culos 138, 140 y 153, fracci n I, segundo p rrafo (ventaja), con relaci n a los diversos 13 y 20 primer p rrafo, tercer supuesto, todos del C digo Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de quien en vida respondi al nombre de ********. Destaca que el cuadro f ctico, en esencia, se hizo consistir en lo siguiente: Que el jueves catorce de enero de dos mil veintiuno, alrededor de las seis de la ma ana, la persona que en vida respondi al nombre de *******, conduc a un veh culo de motor, tipo tracto cami n marca Kenworth, color blanco, placas 57AD5F del servicio p blico federal, con motivo de su trabajo como operador de dicho automotor; que se estacion en el acotamiento de la carretera Quer taro-Irapuato a la altura del kil metro 26+800, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para ingresar a una gasolinera conocida como ****** -cuya denominaci n es ******-, con la finalidad de hacer uso de los sanitarios. Que una vez que sali del ba o, regres al lugar donde dej su veh culo de motor y encendi la unidad que estaba a unos metros de la gasolinera; que en ese momento, el ahora imputado lleg al lugar de los hechos a bordo de un veh culo de motor marca Nissan March, color blanco sin placas de circulaci n, conducido por quien ahora se sabe responde al nombre de **********, veh culo donde el imputado viajaba como copiloto. Que se estacionaron frente al tracto cami n impidi ndole el libre tr nsito al operador de este. Que el imputado baj del veh culo y corri hacia el cami n donde se encontraba la v ctima; subi por el lado del conductor, abri el veh culo e intent que el ahora fallecido bajara del tr iler, pero este se opuso. Ante dicha oposici n le grito "b jate cabr n con una chingada, b jate hijo de tu puta madre"; al observar que ****** no descendi del veh culo, sac un arma de fuego que el imputado llevaba, la coloc en el cuello del ofendido y la deton ; posteriormente, descendi del cami n por el mismo lado del que lo abord y regres al veh culo blanco marca March, luego huy junto con su acompa ante. La v ctima se qued en el interior del tr iler quien perdi la vida a consecuencia de las lesiones causadas por la herida provocada con el arma de fuego. Con el informe de necropsia se determin que la causa de muerte fue por herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante de cuello y t rax. Los datos de prueba en que se sustent el cuadro f ctico son: Registro de llamada telef nica del jefe de c lula de la agencia de investigaci n criminal adscrito a la Unidad Especializada de Investigaci n de Homicidios, de catorce de enero de dos mil veintiuno, en la que inform sobre la existencia de un cad ver del sexo masculino de nombre *********, que present lesiones con las caracter sticas de las producidas por arma de fuego, el que se encontr al interior de un veh culo de motor, tipo tracto cami n ***** del Servicio P blico federal, color blanco. Entrevistas de testigos de identidad cadav rica de nombres **** y ****, ambos de apellidos ******, quienes fueron contestes al expresar que una vez que tuvieron a la vista el cad ver a bordo del veh culo tracto cami n anteriormente descrito, lo identificaron como su hermano de nombre ********, de cuarenta y seis a os de edad, con fecha de nacimiento trece de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, originario y vecino de P njamo, Guanajuato, en la comunidad *********, quien era operador de tracto cami n. Entrevista de **********quien refiri que el catorce de enero de dos mil veintiuno, alrededor de las nueve horas con treinta minutos recibi la llamada telef nica de la pareja de *******, quien le inform que ten a desde las cinco horas con diecisiete minutos que no sab a nada de l; que le llam a su tel fono celular y al no recibir respuesta, le llam al patr n del citado Oswaldo para saber de su paradero y le dijo que no lo hab a podido contactar; que por tal motivo, el entrevistado intent comunicarse con su hermano y con el patr n de este y cerca de las diez de la ma ana, le informaron que tuvo un accidente carretero; al llegar al lugar observ el cuerpo de su hermano sin vida. Raz n por la que ambos testigos interpusieron la denuncia por el delito de homicidio. Entrevista de ************, persona que refiri sustancialmente ser el gerente de la gasolinera denominada **********, conocida com nmente como la gasolinera de **********, la que se ubica sobre la carretera Irapuato- Quer taro kil metro 26+800, en Apaseo el Grande, Guanajuato; agreg que el catorce de enero de dos mil veintiuno, alrededor de las seis treinta horas recibi una llamada telef nica de uno de sus empleados de nombre *******, quien cubr a uno de los turnos de la gasolinera con otro operador de nombre *************, y le inform que cerca de la gasolinera se hab a Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ********, en contra de los actos de las autoridades, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, base Apaseo el Grande, mediante el cual se da cumplimiento con lo prevenido en auto de dieciocho de marzo pasado, pues al efecto remite las constancias de emplazamiento de los terceros interesados, agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, así como de ***** y ****** con carácter de víctimas u ofendidos en la causa penal de mérito. Diligencias de emplazamiento que se efectuaron el veinticinco y veintiséis, ambos de marzo del año actual -a la representante social y a los ofendidos de referencia, respectivamente-. Luego, se tienen a los terceros interesados en mención por debidamente llamados al presente asunto; por tanto, se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado el dieciocho de marzo pasado, al juez de control responsable.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo del actual año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Celaya, el que se notificó por lista el veintinueve de marzo siguiente, por lo que aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la ley de la materia. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

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