Roberto Alfaro Flores
Expediente 122/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Alfaro Flores
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos de Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de tres de mayo del año en curso, emitida en el recurso de queja 24/2018, interpuesto por la parte quejosa, que en su punto único resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra la determinación de diecinueve de febrero pasado, en que se desechó la demanda de amparo, la que se registró con el número 24/2018 de su índice.
- Principal
A sus autos el escrito signado al parecer por el quejoso ********, ya que la firma que lo calza difiere de la plasmada en la demanda de amparo (foja 30); en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra la determinación de diecinueve de febrero del año en curso, en la que se desechó su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********* contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, en el entendido que se encuentra registrado bajo el expediente número 122/2018. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se advierten los siguientes antecedentes: a) Que el diez de marzo de dos mil nueve, el quejoso celebró un contrato de crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). b) Que ante la falta de pago de dicho crédito, el cuatro de septiembre de dos mil catorce, el apoderado legal de dicho Instituto y el quejoso, acudieron al Centro Estatal de Justicia Alternativa, con sede en esta ciudad, donde convienen una reestructuración del mencionado contrato. c) Que debido al incumplimiento por parte del quejoso al convenio celebrado, el veintinueve de agosto de dos mil nueve, ******* quien se ostentó apoderada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), le demandó la ejecución del referido convenio, demanda que se radicó en el Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, bajo el juicio de ejecución *** d) Que una vez que el quejoso compareció al procedimiento de origen, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, promovió incidente de excepción de falta de personalidad de ******* entre otras cuestiones, por considerar que no está legalmente facultada para acudir a dicha instancia judicial como apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pues, el convenio fue celebrado con diverso apoderado legal, aunado que del instrumento notarial que exhibió para acreditar su personalidad, se advierte que le fue revocada su facultad de representación, pues feneció el término de dos años que en el mismo se estableció para desempeñarse. e) El veinticuatro de enero del año en curso, se resolvió el incidente de excepción de falta de personalidad, declarándolo improcedente. (Éste es el acto reclamado). La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, ya que como se adelantó el acto reclamado deriva de un juicio de ejecución de convenio celebrado ante la Sede Regional del Centro de Justicia Alternativa Celaya, relacionado con el crédito hipotecario que el quejoso contrajo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En virtud de lo anterior, se reitera que en el caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto debatido -al ser demandado en el juicio de origen-, el quejoso estaba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes, esto es, el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 704 O del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; ello, previamente a intentar esta instancia constitucional, lo que no hizo. El artículo 704-O, del código adjetivo civil para el Estado de Guanajuato, dispone: "ARTÍCULO 704-O. En los juicios hipotecarios sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate. La apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. (Lo resaltado no es de origen) Ningún recurso interrumpirá la continuación del procedimiento. Si llegada la fecha de la audiencia de remate no se ha resuelto la apelación, se suspenderá la celebración de la misma hasta en tanto se resuelva el recurso. El juzgador informará diez días antes de la fecha señalada para la celebración del remate, el estado procesal a la autoridad de alzada." El citado numeral pone de manifiesto que en los juicios hipotecarios, las sentencias interlocutorias, pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación. Por tanto, es inconcuso que contra el acto reclamado, consistente en la resolución del incidente de excepción de falta de personalidad, dictada dentro del juicio de ejecución C0393/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil, procede el recurso de apelación, mediante el cual puede modificarse o revocarse. Por tanto, si antes de acudir al amparo en la vía indirecta, el inconforme no interpuso contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa en cita, se concluye que no observó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualiza los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 44/2012 (10a.), con registro 2001155, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ******* Toda vez que el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones, de conformidad con los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hágase la presente notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. De igual forma, se tiene como autorizado en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******* en virtud de que no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuenta con cédula profesional registrada en dicho Sistema, sin perjuicio de que una vez que los aporte se acuerde la autorización en términos amplios. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
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