Roberto Antonio Arellano García

Expediente 207/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
207/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Roberto Antonio Arellano García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el promovente *************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de abril del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de abril del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuado, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **************, supuestamente representante de *****************, contra actos del Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social con sede en Acámbaro, Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en el punto 5 de la Circular SECNO/13/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 207/2021-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, como se verá a continuación: El artículo 108 fracción I, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que *************** manifiesta acudir en nombre y representación de **************, sin embargo, no adjunta documento alguno con el que se acredite ser representante legal, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión. Cabe señalar que la última parte del primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido; dicho precepto debe interpretarse en relación con el diverso 14 de la propia ley de la material, de donde se obtiene que la única excepción para dejar de acreditar la personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, es cuando se ostenta como defensor del imputado (quejoso). En el caso, el promovente señala como actos reclamados: El ilegal e inconstitucional traslado de la persona privada de su libertad **************, del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro al Centro Federal de Readaptación Social número 15 ****************. Traslado que se realizó fuera de audiencia y sin la intervención judicial, durante la mañana del pasado día miércoles 10 de marzo de 2021, por autoridades meramente administrativas." Y en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad narró lo siguiente: Que quejoso se encontraba recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato. Que en mi carácter de abogado que presta servicios profesionales jurídicos a público en general, tuve noticia por parte del padre el quejoso de nombre Roberto Arellano Arias, que por órdenes del Director del Penal de Acámbaro, su hijo de nombre *******************, sin ninguna orden o intervención de ningún Juez, FUE TRASLADADO al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con domicilio en *****************. Por lo que en mi despacho, al hacer las investigaciones conducentes, he confirmado que el traslado del hijo de mi cliente, no fue ordenado por el juzgado de Ejecución de Acámbaro, que en cualquier caso sería el legalmente competente. Por lo que siendo su ilegal traslado una afectación a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial, y de que el quejoso, en virtud del acto reclamado, se encuentra a 1459 kilómetros de distancia y en un notorio estado de vulnerabilidad por su desarraigo y nada puede hacer por el mismo, vengo a promover en su nombre esta petición de Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos autoritarios que se señalan en la presente demanda." De lo antes precisado es posible concluir que en el presente caso, no se está en el supuesto de que el promovente del amparo sea el defensor del quejoso en el procedimiento del que pudiera emanar el acto reclamado, lo cual se afirma en razón de que, precisamente lo que reclama es el traslado de ***************, ordenado sin la intervención judicial del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con domicilio en Carretera Federal 200, Tapachula-Arriaga, Villa de Comaltitlán Chiapas; de ahí que si el gestionante no tiene la certeza de que exista el procedimiento del que emanan los actos reclamados, tampoco puede tener la calidad de defensor en algún expediente; por tanto, no se está en el caso del artículo 14 que prevé la Ley de Amparo. Por otra parte, aunque el gestionante dice promover en nombre y representación del quejoso en términos del primer párrafo del artículo 15 de la ley de la materia y solicita se ordene la ratificación de la demanda de amparo, no es jurídicamente posible atender a su solicitud; para explicar el porqué de esa aseveración conviene traer a contexto el artículo 15 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa dispone: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. ..." Como se ve, dicho numeral hace alusión al caso en el que el quejoso se encuentre impedido para promover personalmente o a través de su representante la demanda de amparo, y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Supuestos que en la especie no se surten en virtud de que, no se reclaman actos de los que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento - ya que los que se reclaman se tratan de una orden de traslado y su ejecución -, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni el quejoso se encuentra impedido para promover por su propio derecho el amparo, ya que no se encuentra incomunicado pues en los antecedentes del acto reclamado se indica que el diez de marzo del presente año, fue traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con domicilio en Carretera Federal 200, Tapachula-Arriaga, Villa de Comaltitlán Chiapas, lo cual supo por el dicho del progenitor del directo quejoso, de ahí que se deduzca que éstos tienen comunicación; además de que en ninguna parte de la demanda se aduce tal circunstancia (incomunicación). Luego, al no encontrarse en algún caso de excepción para que el quejoso promueva el amparo por su propio derecho, debe hacerlo por sí mismo o a través de su representante legal; por ende, no procede ordenar la ratificación de la demanda, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Por tanto, lo procedente conforme a la fracción III del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción I, ambos de la ley de Amparo, lo procedente es prevenir a ************, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efecto la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito: Acredite con documento fehaciente el carácter de representante de *************. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario ****************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, tomando en consideración que la persona que se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, es la misma que promueve el presente juicio de amparo, no resulta necesario acordar al respecto, por no requerir de tal autorización. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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