Rito Peña Torres

Expediente 325/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
325/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Rito Peña Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público del Agua, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el veintisiete de abril del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente. Se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en suplencia del Director Local Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que anexa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, de las referidas constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa señaló como acto reclamado: - La omisión de resolver la solicitud de prórroga del título de concesión 08GUA121675/12AMGE06, que presentó el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. b. De acuerdo con las constancias que remitió la Titular de la Unidad Jurídica en ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con residencia en esta ciudad, se desprende que: - Mediante oficio BOO.910.01.1/006951 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente administrativo GUA-L-1202-25-05-16 de su índice, resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión 08GUA121675/12AMGE06, que presentó el aquí quejoso el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis; y, - El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, notificó al promovente dicha determinación. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión 08GUA121675/12AMGE06, que presentó el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis y el veintidós de marzo pasado le notificó dicha determinación, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 325/2017-V. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen. Pídase a las partes que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento legal. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Téngase al promovente ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que en copia simple anexa, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Esperanza Quevedo Arreaga, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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