Roberto Álvarez Gómez
Expediente 1456/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roberto Álvarez Gómez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo directo 1456/2018-V-B, del índice de este juzgado, el cual radicó con el número de amparo 1054/2018-VI e informa que se avoca al conocimiento de ese asunto; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. En tal virtud, y en acatamiento a la fracción I, del punto vigésimo y al último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el término de seis meses, procédase a su destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. REGISTRO Y ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Roberto Álvarez Gómez; regístrese bajo el número 1456/2018-V-B. INCOMPETENCIA Tomando en consideración que las consecuencias del acto reclamado, auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho dictado en el expediente 608/2016, se materializarán en la Ciudad de México, en la que no tiene jurisdicción este juzgado, se debe declinar competencia al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el inciso a), pues el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho dictado en el expediente 608/2016 del índice del Juez Segundo de lo Familiar de Tlalnepantla, México, en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en contra del quejoso en audiencia de de veinte de febrero de dos mil dieciocho, imponiéndole una multa de veinte Unidades de Medida y Actualización por desacato a un mandato judicial, y para el caso de no exhibirla de manera voluntaria, se procedería a su ejecución por la vía administrativa correspondiente; además, se ordenó en etapa de ejecución de sentencia, requerir de pago y en su caso, el embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago a la actora de la cantidad a la que se refiere la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete; para lo cual se giró exhorto al Juez competente en la Ciudad de México, al ubicarse en esa demarcación su domicilio; por tanto, las consecuencias del acto reclamado tendrán ejecución ante autoridades que tienen su residencia en la Ciudad de México, que no es jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan. Sin que sea óbice que se requiera al quejoso para que dentro de tres días exhiba ante el Juzgado responsable la cantidad relativa a la imposición de multa, pues de materializarse, esa conducta sería una atribuida a particulares, la que no puede servir de base para fijar la competencia entre los jueces de Distrito, toda vez que solamente se vinculan a las autoridades; asimismo, el exhorto librado por una autoridad con residencia en un municipio en que éste órgano ejerce jurisdicción, no constituye un acto de ejecución para determinar la competencia de un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de garantías, pues atento a su naturaleza, se trata únicamente de una actuación procesal, cuyo contenido esencial es una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, registro 200781, página 107, de la voz y contenido: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." También cobra aplicación por la tesis 1a./J. 8/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, a página 339, que dispone: "EXHORTO. SU LIBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN QUE DETERMINE LA COMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS. El exhorto que es girado concretamente con miras a lograr ejecutar lo ordenado en el auto de exequendo, sólo constituye una actuación procesal por medio de la cual se establece un vínculo de comunicación entre Jueces de distinta jurisdicción, pero de la misma jerarquía, que tiene como finalidad solicitar el auxilio del Juez exhortado para que, en uso de las facultades legales que puede desplegar en su jurisdicción, provea lo necesario, conforme a lo solicitado por el Juez exhortante, a fin de ejecutar lo ordenado en el auto de exequendo. Por lo tanto, el exhorto en sí mismo considerado, no constituye un acto de ejecución que sea útil para determinar la competencia de un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de garantías, pues atento a su naturaleza, se trata únicamente de una actuación procesal, cuyo contenido esencial es una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución." Ahora bien, debe decirse que el quejoso en caso de ser omiso en exhibir la multa dentro del término establecido en el proveído de veintiuno de agosto del año en curso, y se iniciara el procedimiento de ejecución por autoridades fiscales locales de la Ciudad de México, será ahí, por tener su domicilio en esa demarcación, donde se le requerirá de pago y en su caso se le embargarán bienes de su propiedad para garantizar el crédito fiscal. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 2a./J. 49/2003, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 226, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el sumario siguiente: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación." En consecuencia, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, las consecuencias del auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se ejecutarán en la Ciudad de México; de ahí que resulte competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se materializarán. En efecto, si bien lo que reclama el quejoso es un auto pronunciado por autoridad con residencia en uno de los municipios de la circunscripción de este juzgado federal, es susceptible de materialización, pero no en el lugar de su domicilio, sino en el del juez al que se giró el exhorto para que ejecute esas órdenes, y que además, es el del domicilio del quejoso. Luego, es evidente que los efectos del fallo reclamado, se materializarán en la Ciudad de México; conforme a la regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama se deba ejecutar. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, con el número 1a./J. 9/2004, en la página 182, que dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." En consecuencia, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, promovida por Roberto Álvarez Gómez, y ordena remitir la demanda con sus anexos al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para su conocimiento y efectos legales del caso, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de las constancias necesarias, para los efectos legales correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Respecto a su solicitud en el sentido de que se le tenga también como domicilio los correos electrónicos que refiere; dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que este medio no está previsto en la Ley de Amparo. Se tienen por autorizadas las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese y personalmente a la parte agraviada.
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