Roberto Alonso Bolaños Ovando

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Roberto Alonso Bolaños Ovando

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable DELEGADO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, anexo a su informe justificado (foja 45) un anexo de pruebas, y toda vez que no es necesario, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese la razón suscrita por el actuario de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar al quejoso el auto de once de abril de dos mil diecinueve, por los motivos que ahí expone. En tales condiciones, notifíquese dicha determinación mediante la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (municipio de Huixquilucan, Estado de México). SÍNTESIS DEL AUTO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE: "... Visto el estado procesal del presente juicio de garantías, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La orden de aprehensión detención, presentación, localización, retención e investigación, así como su ejecución. En ese sentido, en su informe justificado la autoridad Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (foja 53) negó los actos reclamados indicados; sin embargo afirmó que fueron girados los oficios 167/2019 y 168/2019 ambos de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el primero con la finalidad de verificar la existencia del domicilio ubicado en Calle Quinta Privada de Perillas número 720, Villa de las Flores, Segunda Sección y el segundo, para notificar al hoy quejoso, que debía comparecer en calidad de testigo. Además asevera que en fecha veintinueve de marzo del presente año, el hoy impetrante de garantías compareció ante la mencionada autoridad, "teniendo acceso a las constancias y manifesto que para mejor proveer y a efecto de aportar datos de prueba a los hechos que se investigan, se fijara nueva fecha y hora para presentar su entrevista por escrito (foja 54) Al margen que respecto a las diversas autoridades señaladas como responsables y actos reclamados se surte la causal de prevista en el articulo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En efecto, si el acto que demostrado en autos es la orden para comparecer en calidad de testigo ante la mesa de exhortos en Naucalpan de Juárez, de la Fiscalía General de la Republica, toda vez que el quejoso, en atención a ello acudió en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, resulta evidente que los efectos de la transgresión cesaron en esa fecha (veintinueve de marzo de la anualidad). De ahí que, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, de las causas de improcedencia del juicio de amparo que contempla el artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. De lo anterior se advierte que el agente Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México ordenó notificar al quejoso Roberto Alonso Bolaños Ovando, para que compareciera en las instalaciones de la referida representación social, por lo que, el quejoso compareció el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde después de tener acceso a las constancias manifestó que para mejor proveer y a efecto de aportar datos de prueba a los hechos que se investigan, se fijara nueva fecha y hora para presentar su entrevista por escrito En ese orden de ideas, no es posible analizar la legalidad del acto reclamado, ya que aun cuando formalmente existe el acto que dio origen al juicio de amparo, es decir, la orden para comparecer acatando lo dispuesto, en la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0002088/2018, por medio de la cual el agente responsable citó al aquí quejoso a una diligencia en su calidad de testigo, por lo que el quejoso el veintinueve de marzo del presente año, compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en este caso, de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa, ante la comparecencia del interesado, se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Por ende, el acto que aquí reclama el quejoso Roberto Alonso Bolaños Ovando, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto, en virtud de la modificación del entorno en que dicho acto se emitió. Ello, ya que si la orden para comparecer fue emitida el siete de marzo de dos mil diecinueve a fin de que el aquí quejoso acudiera a una diligencia en calidad de testigo, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de ésta, ello resultaría estéril, en virtud de que ya no existen motivos para que como consecuencia de lo determinado, dejar sin efectos una diligencia que ya tuvo lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS...". Así, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXII del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 313/2019-VI-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA..." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE..."

  3. Principal

    Visto el estado procesal del presente juicio de garantías, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La orden de aprehensión detención, presentación, localización, retención e investigación, así como su ejecución. En ese sentido, en su informe justificado la autoridad Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (foja 53) negó los actos reclamados indicados; sin embargo afirmó que fueron girados los oficios 167/2019 y 168/2019 ambos de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el primero con la finalidad de verificar la existencia del domicilio ubicado en Calle Quinta Privada de Perillas número 720, Villa de las Flores, Segunda Sección y el segundo, para notificar al hoy quejoso, que debía comparecer en calidad de testigo. Además asevera que en fecha veintinueve de marzo del presente año, el hoy impetrante de garantías compareció ante la mencionada autoridad, "teniendo acceso a las constancias y manifesto que para mejor proveer y a efecto de aportar datos de prueba a los hechos que se investigan, se fijara nueva fecha y hora para presentar su entrevista por escrito (foja 54) Al margen que respecto a las diversas autoridades señaladas como responsables y actos reclamados se surte la causal de prevista en el articulo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En efecto, si el acto que demostrado en autos es la orden para comparecer en calidad de testigo ante la mesa de exhortos en Naucalpan de Juárez, de la Fiscalía General de la Republica, toda vez que el quejoso, en atención a ello acudió en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, resulta evidente que los efectos de la transgresión cesaron en esa fecha (veintinueve de marzo de la anualidad). De ahí que, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, de las causas de improcedencia del juicio de amparo que contempla el artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. De lo anterior se advierte que el agente Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México ordenó notificar al quejoso Roberto Alonso Bolaños Ovando, para que compareciera en las instalaciones de la referida representación social, por lo que, el quejoso compareció el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde después de tener acceso a las constancias manifestó que para mejor proveer y a efecto de aportar datos de prueba a los hechos que se investigan, se fijara nueva fecha y hora para presentar su entrevista por escrito En ese orden de ideas, no es posible analizar la legalidad del acto reclamado, ya que aun cuando formalmente existe el acto que dio origen al juicio de amparo, es decir, la orden para comparecer acatando lo dispuesto, en la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0002088/2018, por medio de la cual el agente responsable citó al aquí quejoso a una diligencia en su calidad de testigo, por lo que el quejoso el veintinueve de marzo del presente año, compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en este caso, de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa, ante la comparecencia del interesado, se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Por ende, el acto que aquí reclama el quejoso Roberto Alonso Bolaños Ovando, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto, en virtud de la modificación del entorno en que dicho acto se emitió. Ello, ya que si la orden para comparecer fue emitida el siete de marzo de dos mil diecinueve a fin de que el aquí quejoso acudiera a una diligencia en calidad de testigo, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de ésta, ello resultaría estéril, en virtud de que ya no existen motivos para que como consecuencia de lo determinado, dejar sin efectos una diligencia que ya tuvo lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXII del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 313/2019-VI-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Incidental

    "...R e s u e l v e: UNICO. Se niega la suspensión definitiva a... respecto del acto apuntado en el considerando primero, por los motivos y autoridades expuestas en el segundo considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese...".

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