Roberto Alfonso Gutiérrez Estrada

Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
612/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Roberto Alfonso Gutiérrez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva en el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-I-1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, se recibió a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, la demanda electrónica promovida por **********, que fue remitida s este juzgado, por razón de turno, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. En el escrito inicial la parte quejosa ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se citan enseguida: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en calle **********, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua. b) El C. Actuario adscrito a la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en calle Escuadrón, número 918, colonia Centro, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua. [.] IV.- ACTO RECLAMADO. - a) La omisión de la autoridad responsable de emplazar a la demandada, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. b) La omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los plazos señalados en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo esto es, de fijar audiencia dentro de los quince días siguiente a la fecha de recepción de la demanda. [.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número **********/2021-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en laboral en el que se reclama en el que se reclama una omisión cuyas consecuencias tienen efectos en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la omisión de substanciar el juicio laboral **********/2019, en específico la falta de emplazamiento a la parte demandada Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisiones impugnadas, las señaladas en los párrafos precedentes, que serán estudiadas enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistente la omisión que se endilga a las autoridades de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 28 a 31) y Actuario de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 32 a 35), ambos con sede en esta ciudad, negaron la omisión de emplazar a la parte demandada Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Situación que queda corroborada en autos, pues la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió como apoyo a su informe copia certificada del citatorio de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, e instructivo de notificación de veinticinco de mayo del año en curso, realizados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (fojas 47 y 48). Debido a lo anterior, es que se prueba que, al momento de la presentación de la demanda no existía la omisión reclamada a las autoridades. Entonces, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado fue omisa en manifestarse expresamente respecto a la negativa o certeza de la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. En efecto, la responsable informó que por cuestiones de la suspensión de días hábiles para llevar a cabo diligencias y audiencias en esa dependencia por motivo del virus Covid-19, la suspensión en los procedimientos laborales fue inminente; por lo que, se tiene por cierta la omisión reclamada, toda vez que se desprende que, al momento de la presentación de la demanda, no había señalado fecha para la celebración la audiencia bifásica. Además, la certeza de la omisión queda acreditada con los elementos de prueba que exhibió la referida autoridad responsable consistentes en copia certificada de las diversas constancias que obran en el juicio laboral **********/2019 del índice de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, probanzas a la cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consultable en la página 41, volumen 62, sexta parte, materia Común, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 255646, que establece: INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto. Quinto. Análisis de la causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, quien esto suscribe determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de este, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, ********** promovió juicio de amparo contra la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó, entre otros, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. Ahora, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se interpuso el incidente de competencia por parte de la demandada Comisión Federal de Electricidad, interrumpiéndose la audiencia bifásica por la interposición del incidente citado, y señaló fecha y hora para su substanciación, la cual tuvo verificativo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, reservándose dictar la resolución del incidente de competencia. A la documental que remite la responsable, se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos de la omisión reclamada, lo cual, actualiza la causa de improcedencia analizada, pues la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones la cual fue suspendida por la interposición del incidente de competencia por parte de la demandada Comisión Federal de Electricidad, y una vez que se resuelva el mismo se notificará de manera personal. Por tanto, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo **********/2021-I-1 promovido por **********, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con diez minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que, se encuentra transcurriendo la vista que se dio a las partes con las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado, en autos de trece y catorce de octubre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Constancias en alcance a informe justificado Vistos el oficio y anexos de cuenta se ordenan glosar a los autos para que obre como legalmente corresponda, atento a su contenido la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe con justificación remite copia certificada de las audiencias de veintitrés de abril, treinta y uno de agosto y de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictadas en los autos del expediente laboral **********/2019, con el contenido del oficio, así como con la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, de conformidad con 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo las pruebas documentales que, en alcance a su informe justificado remite, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. MGCJ/Yjv/dmjv

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano