Roberto Adrián Soto Castañeda
Expediente 213/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto Adrián Soto Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; once de septiembre de dos mil dieciocho.Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión.Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia.Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento.En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento.Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido al quejoso en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho transcurrió, por lo que, a fin de corroborar lo manifestado por la Jefa del Complejo Penitenciario Islas Marías, la Secretaria adscrita procedió a ponerse en contacto con el quejoso quien manifestó que efectivamente había cobrado el dinero generado por su trabajo dentro del complejo penitenciario en el que se encontraba recluido y que era su deseo que se desechará el juicio de amparo en que se actúa. Así, este juzgador acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintisiete de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día *******, promovió juicio de amparo contra el Titular General de Operaciones Federales de la Empresa Cosmopolita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Titular de la Empresa Cosmopolita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Coordinador de Liquidación de fideicomisos (perteneciente a la Empresa Cosmopolita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Subdita de Coordinador de Liquidación de fideicomisos (perteneciente a la Empresa Cosmopolita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jefe del Complejo Penitenciario Islas Marías y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de quienes reclamó la negativa de proporcionarle el sueldo acumulado en cuarenta y un quincenas. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 5 párrafo tercero, 14 párrafo segundo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito inicial. Mediante auto de dos de abril de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 213/2018-I-2; se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que al momento de la notificación el quejoso interpuso recurso de queja. Recurso que fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito bajo el consecutivo 41/2018 y resuelto en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó dejar insubsistente el acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho y admitir la demanda de amparo, por lo que, en cumplimiento, el once de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo fracción III inciso b); 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto con ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Causa de improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama la falta de pago de las cuarenta y un quincenas que el quejoso prestó sus servicios laborales en el complejo penitenciario en el que se encontraba recluido. Asimismo, debe establecerse que del análisis del informe justificado de la Jefa del Complejo Penitenciario Islas Marías se advierte que el once de junio del año en curso se expidieron los giros inmediatos nacionales ******* y ******* que ampara, cada uno, la cantidad de *******. Lo que se corroboró con lo manifestado por el quejoso en la llamada telefónica realizada por la Secretaria adscrita en la que informó que efectivamente había cobrado el dinero y que solicitaba que se desechara la demanda de amparo, esto es, manifestó su conformidad con el actuar de la autoridad responsable. Bajo esas premisas, es inconcuso que, la autoridad responsable respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el dieciséis de julio pasado se ordenó girar de nueva cuenta los oficios dirigidos al Titular de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable, Coordinador de Liquidación de Fideicomisos de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable y Súbdita de Coordinador de Liquidación de Fideicomisos de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, por tal motivo no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; consecuentemente, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho para tal efecto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por último, del oficio que remitió la Jefa del Complejo Penitenciario Islas Marías en alcance a su informe justificado se desprende que se expidieron los giros N107655505I y N107656566V que ampara, cada uno, la cantidad de once mil doscientos sesenta y seis pesos 13/100 moneda nacional ($11,266.13 M.N.), por lo que, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo se requiere al quejoso a fin de que en un término de tres días manifieste a este órgano jurisdiccional lo que a su interés convenga. Hágasele saber al quejoso que de conformidad con el artículo 251 de la ley de la materia y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de no informar una causal de sobreseimiento se hará acreedor a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a dos mil cuatrocientos dieciocho 00/100 moneda nacional ($2,418.00 M.N.). Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el dieciséis de julio pasado se ordenó girar de nueva cuenta los oficios dirigidos al Titular de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable, Coordinador de Liquidación de Fideicomisos de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable y Súbdita de Coordinador de Liquidación de Fideicomisos de la Empresa Cosmopolita, sociedad anónima de capital variable se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, por tal motivo no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; consecuentemente, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho para tal efecto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por último, del oficio que remitió la Jefa del Complejo Penitenciario Islas Marías en alcance a su informe justificado se desprende que se expidieron los giros N107655505I y N107656566V que ampara, cada uno, la cantidad de once mil doscientos sesenta y seis pesos 13/100 moneda nacional ($11,266.13 M.N.), por lo que, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo se requiere al quejoso a fin de que en un término de tres días manifieste a este órgano jurisdiccional lo que a su interés convenga. Hágasele saber al quejoso que de conformidad con el artículo 251 de la ley de la materia y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de no informar una causal de sobreseimiento se hará acreedor a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a dos mil cuatrocientos dieciocho 00/100 moneda nacional ($2,418.00 M.N.). Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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