Roberto Alemán Jiménez García
Expediente 941/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roberto Alemán Jiménez García
Actuaciones
- Principal
El ocho de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 2491. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 804/2021 y de origen 329/2021, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este tribunal federal notificara a la parte quejosa el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a expedir el acuse respectivo, dada la vía en la que fue recibida la comunicación de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto Alemán Jiménez García, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 18 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 941/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, el promovente de la demanda señala como acto reclamado la orden de traslado a otro reclusorio y su ejecución. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la orden de traslado a otro Centro Federal de Readaptación Social y su ejecución; en ese sentido, cabe señalar que la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero. re "llevar". De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo.(.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.)" Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "Orden de traslado del Cereso la Lima Jaltocan del día 28 de abril 2006, al Cefereso # 1 Altiplano y el día 7 de julio 2007, fui trasladado al Cefereso # 2 Occidente ahora extinto, el día 1 julio 2020, fui trasladado al Cefereso No 17 CPS-Michoacán, de forma ilegal. La omisión que le reclamo a la Juez de Distrito Especializada en el sistema penal acusatorio con competencia en ejecución penal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, Michoacán es de la controversia de traslado al Cereso La Lima Jaltolan, lo cual fue enviada vía correo el día 12 octubre 2021 lo cual ha sido omisa. Los actos citados fueron sustentados en los antecedentes siguientes: "Fui detenido el 12 de noviembre de 1997, por el delito de homicidio calificado y puesto a disposición del juzgado Tercero Penal, dentro de la causa penal 117/98 por el ahora extinto juzgado que ahora corresponde a la causa penal 570/2014 del juzgado cuarto penal de primera instancia del distrito judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, lo cual fue sentenciado a 27 años de prisión corporal, lo cual lleva recluido 24 años de prisión por el delito de homicidio calificado, radicada en el exp de ejecución 56/2014, bajo el Juez Segundo de ejecución de penas del Primer Circuito en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, fui trasladado de forma "ILEGAL" el día 28 abril 2006 al Cefereso N1 Altiplano y posteriormente el día 7 julio 2007 al Cefereso N2 Occidente extinto, el día 1- julio 2020 al Cefereso No 17 CPS- Michoacán, lo cual han pasado 14 años que sufri este traslado "ILEGAL" (.)". De cuyo contenido se advierte que el quejoso reclama el traslado de que fue objeto del Cefereso número dos occidente el uno de julio de dos mil veinte, al Cefereso número diecisiete de Michoacán, en el cual se encuentra actualmente. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si el traslado ejecutado del quejoso el uno de julio de dos mil veinte del Cefereso número dos Occidente, al lugar en que se encuentra actualmente recluido a saber en el Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán; es inconcuso que en quien recae la competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno en cuya jurisdicción se ejecutó el traslado reclamado por el quejoso, y en el que se encuentra actualmente recluido el promovente de mérito. Máxime, que no se señalan autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social; incluso, el traslado reclamado se encuentra ejecutado fuera de la jurisdicción de este juzgado Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En suma, al ser patente que la ejecución del traslado reclamado se ejecutó fuera de la jurisdicción de este juzgado, ni señalarse autoridad ejecutora que como tal otorgue competencia a este juzgado a prevención en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; es que se reitera se carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso Roberto Alemán Jiménez García. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Roberto Alemán Jiménez García, es competencia del Juzgado de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán, lugar donde se encuentra interno, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique al quejoso el contenido del presente auto. Notifíquese; por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza. Doy fe." FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE. "2021, Año de la Independencia" EXHORTO No. DE ORDEN _________ No. DE ORIGEN_________ EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, A USTED JUEZ DE DISTRITO EN URUAPAN, MICHOACÁN, EN TURNO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER: QUE EN EL JUICIO DE AMPARO REGISTRADO CON EL NÚMERO 941/2021, PROMOVIDO POR ROBERTO ALEMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, CONTRA ACTOS DEL COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRAS, SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto Alemán Jiménez García, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 18 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 941/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, el promovente de la demanda señala como acto reclamado la orden de traslado a otro reclusorio y su ejecución. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la orden de traslado a otro Centro Federal de Readaptación Social y su ejecución; en ese sentido, cabe señalar que la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero. re "llevar". De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo.(.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.)" Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán; por ende, en quien recae competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno en cuya jurisdicción aún se encuentra recluido el promovente de mérito, pues no se ha ejecutado la orden de traslado reclamada. Lo anterior, pues el amparista se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán, y reclama el traslado a diverso centro, por lo que es evidente que la ejecución del acto reclamado atañe al lugar de reclusión referido y al sitio donde será trasladado. De manera que al no señalarse autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social, es indudable que el acto reclamado no tendrá ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por lo que únicamente se puede tomar en consideración para tal efecto el lugar donde se encuentra recluido el amparista. Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En suma, al ser patente que no existirá ejecución material en el Estado de Zacatecas, no puede actualizarse la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Roberto Alemán Jiménez García, es competencia del Juzgado de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en Centro Federal de Reinserción Social Número diecisiete (17) CPS-Michoacán, municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán, lugar donde se encuentra interno, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Uruapan, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique al quejoso el contenido del presente auto. Notifíquese; por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretaria que autoriza. Doy fe."-FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. LE EXHORTO PARA QUE EN CUANTO TENGA EL PRESENTE EN SU PODER, SE SIRVA DILIGENCIARLO EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD. ATENTAMENTE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS RODOLFO GARCÍA CAMACHO. EL SECRETARIO DE JUZGADO. LIC. JOSE LUIS CUEVAS NOLASCO. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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