Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Alemán Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    El treinta de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción con folio 7491. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 71/2021 con número de origen 27/2021. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    CUENTA. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se da cuenta con el escrito de demanda, sin copias ni anexos, signado por Roberto Alemán Jiménez García, con folio 1472. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto Alemán Jiménez García, contra actos de la Juez Segundo de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 116/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Toda vez que el juez de distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado del conformidad con el artículo 17 constitucional. En ese orden de ideas, este juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a las consideraciones siguientes. La competencia del Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo, debe fijarse analizando la naturaleza del acto reclamado conforme a las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la ley de la materia, el cual señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se pone de manifiesto que: * Es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. * Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, es competente el juez ante el que se presente la demanda. *En el caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, los actos declarativos son aquellos con los cuales se evidencia una situación jurídica. No obstante, los actos de ejecución son los que modifican derechos o situaciones existentes; por ende, no pueden conceptuarse como actos declarativos. Bajo esa premisa, de la lectura integral del ocurso de demanda, atendiendo a su sentido liberal y no restrictivo, se colige que Roberto Alemán Jiménez García, por su propio derecho, reclama del Juez Segundo de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo: La omisión de contestar sus peticiones de solicitud de traslado del lugar donde purga su pena corporal, es decir en Buenavista, Michoacán, a un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar, en específico a Pachuca, o a localidad de La Lima, municipio de Jaltocan, ambos en Hidalgo, peticiones que refiere el disidente le planteó a la juez responsable por escritos enviados por correo el dieciséis de junio, once de julio, y uno de agosto, todos de dos mil dieciséis, así como en uno de enero, doce y veinticinco de abril, veintiuno de agosto, y diecinueve de octubre, todos de dos mil diecisiete; así como en el exhorto 1231/2019, el oficio 5735/2019 dictado en el expediente de ejecución incidental 56/2014; y en diversos exhortos de veintitrés de enero de dos mil veinte y 7/2020; y en el oficio 4190/2020 de seis de octubre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, se colige que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues las consecuencias de las omisiones reclamadas tienen ejecución material en el lugar donde dicho órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, como se verá a continuación. En efecto respecto a la omisión de contestar sus peticiones de solicitud de traslado del lugar donde purga su pena corporal, es decir en Buenavista, Michoacán, a un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar, que lo es en el estado de Hidalgo; cierto es que aun y cuando se trata de un acto omisivo, éste sí tiene efectos materiales. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 17 Constitución Federal se establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, los cuáles emitirán sus resoluciones de manera pronta. El derecho humano consagrado en dicho precepto constitucional se vulnera a través de un acto negativo u omisión que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y los plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte en el octavo párrafo del numeral 18 de la carta magna se precisa textualmente que: "(.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social."; disposición que instituye el derecho humano a la reinserción social, en su vertiente de poder purgar la condena de prisión en los centros penitenciarios más cercanos al domicilio del reo. En ese tenor, como ya se vio, en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la omisión de contestar sus peticiones de solicitud de traslado del lugar donde purga su pena corporal, es decir en Buenavista, Michoacán, a un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar; sin embargo dicha omisión no constituye un acto meramente declarativo, sino que implica un actuar con motivo de la impartición de justicia por parte de la autoridad responsable, cuyos efectos y consecuencias perduran hasta se provea lo conducente, los cuáles se traduce en que la pena de prisión punitiva del sentenciado, aquí quejoso, se continúe verificando en los términos territoriales fijados por la autoridad judicial, es decir en Buenavista, Michoacán (pues el quejoso refiere que se encuentra el lugar de su internación) y no en un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar ubicado en el estado de Hidalgo. Por tanto, si bien se trata de un acto de naturaleza omisiva o negativa, sus efectos son positivos, en tanto que produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, y además incide en el derecho de acceso a la justicia de la parte amparista así como en el diverso de reinserción social. Resulta aplicable por analogía la tesis 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021191, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 6 de diciembre de 2019, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Congruente con lo anterior, si el acto reclamado, aun cuando omisivo o negativo, tiene efectos positivos que se traducen en que la prisión punitiva impuesta en contra del quejoso se siga compurgando en los términos fijados por la autoridad judicial, es decir en el municipio de Buenavista, Michoacán, y continuaran hasta en tanto la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo provea lo conducente respecto a las solicitudes de la parte quejosa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida, es competencia del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; en consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar donde se encuentra interno, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique al quejoso el contenido del presente auto. Notifíquese; por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.

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