Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Roberto Alemán Jiménez García
  • Jueza Segundo Penal de Ejecución Adscrita Al Primer Circuito Judicial, Con Cabecera En Pachuca de Soto, Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 5351. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante el cual acusa recibo del oficio 5276/2023, con el que se le notificó el auto de diecinueve de abril del año en curso y se le devolvieron las copias del toca 7472022, de su índice, así como del expediente de ejecución 56/2014 y dos discos ópticos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

  2. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Toda vez que resultan innecesaria la permanencia de los tomos de pruebas que enviaron como justificante de su informe el Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo y Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial, ambos con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo; por tanto, devuélvase las referidas documentales, solicitando se sirvan acusar el recibo correspondiente. ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto, para resolver los autos que integran el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES. 1). Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto Hidalgo. 2). Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 3). Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-MICHOACAN, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO. 1). Reclamo la resolución de la (sic) toca penal de ejecución ********************/2022 de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución resuelta el día 15 agosto 2022, respecto al año 2021, relacionado a la remición (sic) parcial del 2021". Derechos fundamentales transgredidos. El quejoso, expuso que se violaron en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 8, 17, 18 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN LEÓN. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, por lo que en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ese órgano de control constitucional, determinó radicar la demanda con el número 976/2022-I. De igual manera, en ese proveído, se precisó que el acto reclamado por el quejoso, lo es la determinación dictada por la titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se modificó la resolución emitida el cinco de abril de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo Penal de Ejecución adscrito al Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, respecto al beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena privativa al año dos mil veintiuno, para el efecto de establecer que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Además, por las razones que expuso, estimó carecer de competencia para conocer y resolver el presente asunto; motivo por el cual, planteó competencia al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Uruapan y ordenó remitir los autos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda, a este órgano de control constitucional, por lo que en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el cuadernillo de incompetencia, se radicó la demanda con el número ********************, se aceptó la competencia planteada, se ordenó continuar con la tramitación del juicio, se solicitaron los informes de ley, se dio la vista correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, informando que en sesión de siete de septiembre de esa anualidad, el Pleno de Magistradas y Magistrados de dicho Tribunal, determinaron la reintegración de las Salas del Sistema Penal Acusatorio, por lo que el trámite del toca penal ********************/2022, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio, continuaría el tramite la referida autoridad responsable, por lo que se le vinculo a la Litis y se solicitó su informe de ley. En el referido auto, se ordenó suspender comunicación con la Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, autoridad señalada como responsable por el quejoso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y ********************, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa reclama de su tribunal judicial, actos con ejecución en Buenavista Tomatlán, de esta propia Entidad Federativa, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo ********************, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a las responsables, lo siguiente: De la titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (como autoridad sustituta). La resolución del quince de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca penal de ejecución ********************/2022, del índice de la Sala señalada como responsable. De la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo; y, Del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán. La ejecución de ese acto. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: La primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. El quejoso reclama de dicha autoridad, la ejecución de la resolución dictada en el toca penal de ejecución ********************/2022, de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución, del quince de agosto de dos mil veintidós, respecto del año 2021, relacionado a la remisión parcial de la pena -ahora radicada en la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo-. Al respecto, la referida autoridad responsable, al rendir su informe con justificación (foja 70), negó el acto que de ella reclama el quejoso, aduciendo además que el acto combatido, había sido dictado por una autoridad jurisdiccional, y por ende era exclusivamente atribuible a la misma, no así a la autoridad administrativa que representaba. En esas condiciones, al tratarse de un acto positivo, respecto del cual la citada autoridad, al rendir su informe con justificación negó su existencia, correspondía al quejoso acreditarla, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con el mismo, como se advierte a foja 71. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente la autoridad de que se trata, hubiera dictado el acto que se le reprocha, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si la autoridad responsable negó el acto que se le atribuye, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la referida autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo ********************, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo ******************** de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ********************8, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de dicha autoridad penitenciaria, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, respecto del acto reclamado a la autoridad de que se trata, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial, con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, así como al Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto -en cuanto autoridad sustituta-, ya que así lo confirmaron al rendir su informe justificado. En ese contexto, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que las responsables adjuntaron a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del toca penal ********************/2022, así como del expediente de ejecución incidental ********************/2014 y copias auténticas del dos DVD; las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la diversa tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo, fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, toda vez que, la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, data en la que fue notificada personalmente en el juicio de origen (foja 66 del tomo de pruebas). En esas condiciones, el plazo para la promoción del juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre del mismo año, al ser sábados y domingos; así como los días catorce y dieciséis, por ser inhábiles en términos del numeral 19, de la Ley de Amparo; de igual manera, el quince de septiembre siguiente, por haberse declarado como día no laborable, como se informó en la circular 5/2022, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, si la demanda de amparo se depositó el seis de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del sello estampado por el Servicio Postal Mexicano (foja 12), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando cuarto, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no puede surtir sus efectos, al haber quedado sin materia el mismo. El citado artículo y fracción disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". La porción normativa transcrita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Así, en este supuesto, la improcedencia del juicio deviene de la presencia de un hecho extraordinario que motiva que desaparezca el objeto o materia sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no es posible que el acto recamado lesione al quejoso. La razón de la causa de improcedencia en estudio, radica en que el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 77, de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de los derechos fundamentales violados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. En consecuencia, si la materia o el objeto del acto reclamado deja de existir, ningún efecto podría tener la sentencia que concediera el amparo solicitado, ya que aunque éste subsista formalmente, la situación jurídica en que se emitió el acto reclamado cambió, por lo que los efectos de éste, no se pueden concretar en la esfera del gobernado. Es decir, la subsistencia formal del acto reclamado no podría tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, al encontrarse aquél sin materia. Por tanto, cuando se modifica el entorno jurídico en el que se dictó el acto reclamado, de tal manera que la materia de éste queda insubsistente, debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos (porque la subsistencia formal de dicho acto no podría tener efecto alguno). Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la página 241, del tomo VII, abril de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196442, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Establecido lo anterior, se tiene que en el particular, el acto reclamado consiste en la determinación dictada por la titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo -en su calidad de autoridad sustituta-, en la que se modificó la resolución emitida el cinco de abril de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo Penal de Ejecución adscrito al Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, respecto al beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena privativa al año dos mil veintiuno, para el efecto de establecer que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Sin embargo, como ya se precisó dicho acto no obstante que continúa subsistiendo, no puede surtir efecto legal o material por haber dejado de existir la materia del mismo, desde el momento en que el peticionario de amparo, obtuvo su libertad personal, como se pondrá de manifiesto. En resolución del quince de agosto de dos mil veintidós, la entonces Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado ********************, en contra de la resolución dictada el cinco de abril de dos mil veintidós, en la que se negó conceder al sentenciado el beneficio de la remisión parcial de la pena del año 2021, dictada por la Jueza Segunda de Ejecución del Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de la carpeta de ejecución ********************/2024, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Resultan infundados los agravios hechos valer por el licenciado ******************** defensor Público del Sentenciado; sin embargo, se advierte una violación a sus derecho de certeza jurídica en el cómputo de la pena que realizó la jueza de ejecución. SEGUNDO.- Por lo que en cumplimiento a lo establecido en el normativo 479 del CNNP, se modifica la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós dictada por la Jueza Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto de Hidalgo, dentro de la carpeta de ejecución ********************/2014, en la que resolvió improcedente la petición planteada por el defensor público del sentenciado ********************, consistente en conceder el beneficio de la remisión parcial de la pena correspondiente al año 2021, únicamente en lo relativo al cómputo de pena, es decir, en su punto resolutivo cuarto segundo párrafo, para quedar de la siguiente forma: "PRIMERO. (.); SEGUNDO. (.); TERCERO. (.); CUARTO. (.) Al cinco de abril de dos mil veintidós le restaban por compurgar al sentenciado siete meses con veintidós días, por lo que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, en términos del párrafo 36 de la presente resolución"; quedando firmes y vigentes los demás puntos que no hayan sido afectados. (.)". Es el caso, que de la demanda presentada por el quejoso ********************, se aprecia que se duele de la circunstancia de habérsele negado por parte de las responsables, la remisión parcial de la pena, en el expediente de ejecución ********************/2014, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo, mediante resolución del cinco de abril de dos mil veintidós; motivo por el cual, se inconformó con esa determinación. Sin embargo, la misma, al ser recurrida, fue modificada por la Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por resolución del quince de agosto de esa misma anualidad, dictada en el toca penal de ejecución ********************/2022, para el efecto únicamente en lo relativo al cómputo de la pena, estableciéndose que la misma, quedaría cumplida el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas de la 48 a la 55 del tomo de pruebas). Lo que deja de manifiesto que el quejoso ********************, con el amparo que promovió, pretendía que se revisará las actuaciones de las responsables, con relación a la determinación que adoptaron para negarle en los términos que planteó el beneficio de la remisión parcial de la pena que fue solicitado en el expediente de ejecución ********************/2014, del consecutivo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo; lo anterior, a efecto de alcanzar su libertad, al encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario, se advierte que por oficio 6542/2022, del seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, informando que en el expediente de ejecución penal incidental ********************/2014, de su índice, en veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, decretó la libertad del quejoso ******************** (foja 110 del juicio de amparo). Razón por la que, en esa propia fecha, se requirió a la referida juzgadora, así como al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps- Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán de Ocampo, para que remitieran en copia certificada las constancias con las cuales acreditaran que el quejoso ********************, fue puesto en libertad, por haber cumplido la pena de prisión que le fue impuesta. Por oficio 6********************3/2022, del ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió las constancias certificadas solicitadas (fojas de la 118 a la 140 del juicio de amparo), de las que se advertía que efectivamente el quejoso de mérito, fue puesto en libertad absoluta el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por haber compurgado la pena de veintisiete prisión impuesta en la causa penal ******************** (********************), del consecutivo del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto Hidalgo, por la comisión del delito de HOMICIDIO CON LA CALIFICATIVA DE VENTAJA, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************aunado a que adjuntó copia del acta de ingreso 196/2022, de la misma data, de la que se constata, que aquél fue puesto en libertad en la fecha precisada (fojas 135 y 136 del juicio de amparo). De igual manera, mediante comunicado con terminación 21943/2022, del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, remitiendo copia certificada del diverso SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/20715/2022, del que se advertía que el quejoso ********************, quedó en libertad el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por haber compurgado la pena de prisión impuesta en la causa penal ******************** (********************), del índice del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto, Hidalgo. En esa tesitura, se pone de manifiesto que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no obstante que continúa subsistiendo, no pueda surtir efecto legal o material, por causas ajenas a la voluntad de la autoridad judicial, toda vez que dejó de existir la materia del mismo, en virtud que, el quejoso ********************, ha compurgado la pena de veintisiete prisión que le fue impuesta en la causa penal ******************** (********************), del consecutivo del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto Hidalgo, por la comisión del delito de HOMICIDIO CON LA CALIFICATIVA DE VENTAJA, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************motivo por el cual, quedó en libertad el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, como lo informó la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, pues al efecto emitió la resolución del catorce de noviembre del año próximo pasado, en la que decretó la extinción de la pena de prisión; lo que así corroboro el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, ya que informó que el quejoso fue puesto en libertad. De ahí que, la procedencia o no del beneficio de la remisión parcial de la pena que fue solicitado en el expediente de ejecución ********************/2014, del consecutivo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo, por las razones expuestas, ha quedado sin materia, al haber alcanzado el quejoso su libertad por haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta. Entonces, si bien el acto reclamado subsiste formalmente, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia, ello es así, toda vez que en el juicio de origen, ya se dictó su libertad absoluta, al haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta, como ha quedado precisado; sin que se tenga noticia hasta este momento que dicha determinación haya sido revocada o modificada para efecto de variar la situación jurídica antes relatada y, eventualmente, ello permitiera asumir que la resolución reclamada debe ser analizada en esta instancia constitucional. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, porque el órgano jurisdiccional, no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, ********************, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los correlativos tercero y sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Órgano Jurisdiccional, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  4. Principal

    LA PRESENTE SENTENCIA SE NOTIFICA POR LISTA A QUEJOSO ROBERTO ALEMÁN GARCÍA Y A SU REPRESENTANTE ESPECIAL EFRAÍN LÓPEZ MEDINA, EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO AL ORGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto, para resolver los autos que integran el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES. 1). Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto Hidalgo. 2). Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 3). Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-MICHOACAN, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO. 1). Reclamo la resolución de la (sic) toca penal de ejecución ********************/2022 de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución resuelta el día 15 agosto 2022, respecto al año 2021, relacionado a la remición (sic) parcial del 2021". Derechos fundamentales transgredidos. El quejoso, expuso que se violaron en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 8, 17, 18 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN LEÓN. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, por lo que en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ese órgano de control constitucional, determinó radicar la demanda con el número 976/2022-I. De igual manera, en ese proveído, se precisó que el acto reclamado por el quejoso, lo es la determinación dictada por la titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se modificó la resolución emitida el cinco de abril de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo Penal de Ejecución adscrito al Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, respecto al beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena privativa al año dos mil veintiuno, para el efecto de establecer que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Además, por las razones que expuso, estimó carecer de competencia para conocer y resolver el presente asunto; motivo por el cual, planteó competencia al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Uruapan y ordenó remitir los autos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda, a este órgano de control constitucional, por lo que en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el cuadernillo de incompetencia, se radicó la demanda con el número ********************, se aceptó la competencia planteada, se ordenó continuar con la tramitación del juicio, se solicitaron los informes de ley, se dio la vista correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, informando que en sesión de siete de septiembre de esa anualidad, el Pleno de Magistradas y Magistrados de dicho Tribunal, determinaron la reintegración de las Salas del Sistema Penal Acusatorio, por lo que el trámite del toca penal ********************/2022, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio, continuaría el tramite la referida autoridad responsable, por lo que se le vinculo a la Litis y se solicitó su informe de ley. En el referido auto, se ordenó suspender comunicación con la Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, autoridad señalada como responsable por el quejoso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y ********************, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa reclama de su tribunal judicial, actos con ejecución en Buenavista Tomatlán, de esta propia Entidad Federativa, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo ********************, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a las responsables, lo siguiente: De la titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (como autoridad sustituta). La resolución del quince de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca penal de ejecución ********************/2022, del índice de la Sala señalada como responsable. De la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo; y, Del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán. La ejecución de ese acto. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: La primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. El quejoso reclama de dicha autoridad, la ejecución de la resolución dictada en el toca penal de ejecución ********************/2022, de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución, del quince de agosto de dos mil veintidós, respecto del año 2021, relacionado a la remisión parcial de la pena -ahora radicada en la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo-. Al respecto, la referida autoridad responsable, al rendir su informe con justificación (foja 70), negó el acto que de ella reclama el quejoso, aduciendo además que el acto combatido, había sido dictado por una autoridad jurisdiccional, y por ende era exclusivamente atribuible a la misma, no así a la autoridad administrativa que representaba. En esas condiciones, al tratarse de un acto positivo, respecto del cual la citada autoridad, al rendir su informe con justificación negó su existencia, correspondía al quejoso acreditarla, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con el mismo, como se advierte a foja 71. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente la autoridad de que se trata, hubiera dictado el acto que se le reprocha, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si la autoridad responsable negó el acto que se le atribuye, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la referida autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo ********************, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo ******************** de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ********************8, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de dicha autoridad penitenciaria, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, respecto del acto reclamado a la autoridad de que se trata, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial, con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, así como al Titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto -en cuanto autoridad sustituta-, ya que así lo confirmaron al rendir su informe justificado. En ese contexto, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que las responsables adjuntaron a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del toca penal ********************/2022, así como del expediente de ejecución incidental ********************/2014 y copias auténticas del dos DVD; las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la diversa tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo, fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, toda vez que, la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, data en la que fue notificada personalmente en el juicio de origen (foja 66 del tomo de pruebas). En esas condiciones, el plazo para la promoción del juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre del mismo año, al ser sábados y domingos; así como los días catorce y dieciséis, por ser inhábiles en términos del numeral 19, de la Ley de Amparo; de igual manera, el quince de septiembre siguiente, por haberse declarado como día no laborable, como se informó en la circular 5/2022, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, si la demanda de amparo se depositó el seis de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del sello estampado por el Servicio Postal Mexicano (foja 12), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando cuarto, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no puede surtir sus efectos, al haber quedado sin materia el mismo. El citado artículo y fracción disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". La porción normativa transcrita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Así, en este supuesto, la improcedencia del juicio deviene de la presencia de un hecho extraordinario que motiva que desaparezca el objeto o materia sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no es posible que el acto recamado lesione al quejoso. La razón de la causa de improcedencia en estudio, radica en que el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 77, de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de los derechos fundamentales violados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. En consecuencia, si la materia o el objeto del acto reclamado deja de existir, ningún efecto podría tener la sentencia que concediera el amparo solicitado, ya que aunque éste subsista formalmente, la situación jurídica en que se emitió el acto reclamado cambió, por lo que los efectos de éste, no se pueden concretar en la esfera del gobernado. Es decir, la subsistencia formal del acto reclamado no podría tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, al encontrarse aquél sin materia. Por tanto, cuando se modifica el entorno jurídico en el que se dictó el acto reclamado, de tal manera que la materia de éste queda insubsistente, debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos (porque la subsistencia formal de dicho acto no podría tener efecto alguno). Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la página 241, del tomo VII, abril de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196442, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Establecido lo anterior, se tiene que en el particular, el acto reclamado consiste en la determinación dictada por la titular de la Quinta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo -en su calidad de autoridad sustituta-, en la que se modificó la resolución emitida el cinco de abril de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo Penal de Ejecución adscrito al Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, respecto al beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena privativa al año dos mil veintiuno, para el efecto de establecer que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Sin embargo, como ya se precisó dicho acto no obstante que continúa subsistiendo, no puede surtir efecto legal o material por haber dejado de existir la materia del mismo, desde el momento en que el peticionario de amparo, obtuvo su libertad personal, como se pondrá de manifiesto. En resolución del quince de agosto de dos mil veintidós, la entonces Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado ********************, en contra de la resolución dictada el cinco de abril de dos mil veintidós, en la que se negó conceder al sentenciado el beneficio de la remisión parcial de la pena del año 2021, dictada por la Jueza Segunda de Ejecución del Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de la carpeta de ejecución ********************/2024, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Resultan infundados los agravios hechos valer por el licenciado ******************** defensor Público del Sentenciado; sin embargo, se advierte una violación a sus derecho de certeza jurídica en el cómputo de la pena que realizó la jueza de ejecución. SEGUNDO.- Por lo que en cumplimiento a lo establecido en el normativo 479 del CNNP, se modifica la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós dictada por la Jueza Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto de Hidalgo, dentro de la carpeta de ejecución ********************/2014, en la que resolvió improcedente la petición planteada por el defensor público del sentenciado ********************, consistente en conceder el beneficio de la remisión parcial de la pena correspondiente al año 2021, únicamente en lo relativo al cómputo de pena, es decir, en su punto resolutivo cuarto segundo párrafo, para quedar de la siguiente forma: "PRIMERO. (.); SEGUNDO. (.); TERCERO. (.); CUARTO. (.) Al cinco de abril de dos mil veintidós le restaban por compurgar al sentenciado siete meses con veintidós días, por lo que la fecha de cumplimiento de la pena es el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, en términos del párrafo 36 de la presente resolución"; quedando firmes y vigentes los demás puntos que no hayan sido afectados. (.)". Es el caso, que de la demanda presentada por el quejoso ********************, se aprecia que se duele de la circunstancia de habérsele negado por parte de las responsables, la remisión parcial de la pena, en el expediente de ejecución ********************/2014, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo, mediante resolución del cinco de abril de dos mil veintidós; motivo por el cual, se inconformó con esa determinación. Sin embargo, la misma, al ser recurrida, fue modificada por la Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por resolución del quince de agosto de esa misma anualidad, dictada en el toca penal de ejecución ********************/2022, para el efecto únicamente en lo relativo al cómputo de la pena, estableciéndose que la misma, quedaría cumplida el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas de la 48 a la 55 del tomo de pruebas). Lo que deja de manifiesto que el quejoso ********************, con el amparo que promovió, pretendía que se revisará las actuaciones de las responsables, con relación a la determinación que adoptaron para negarle en los términos que planteó el beneficio de la remisión parcial de la pena que fue solicitado en el expediente de ejecución ********************/2014, del consecutivo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo; lo anterior, a efecto de alcanzar su libertad, al encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario, se advierte que por oficio 6542/2022, del seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, informando que en el expediente de ejecución penal incidental ********************/2014, de su índice, en veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, decretó la libertad del quejoso ******************** (foja 110 del juicio de amparo). Razón por la que, en esa propia fecha, se requirió a la referida juzgadora, así como al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps- Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán de Ocampo, para que remitieran en copia certificada las constancias con las cuales acreditaran que el quejoso ********************, fue puesto en libertad, por haber cumplido la pena de prisión que le fue impuesta. Por oficio 6********************3/2022, del ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió las constancias certificadas solicitadas (fojas de la 118 a la 140 del juicio de amparo), de las que se advertía que efectivamente el quejoso de mérito, fue puesto en libertad absoluta el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por haber compurgado la pena de veintisiete prisión impuesta en la causa penal ******************** (********************), del consecutivo del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto Hidalgo, por la comisión del delito de HOMICIDIO CON LA CALIFICATIVA DE VENTAJA, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************aunado a que adjuntó copia del acta de ingreso 196/2022, de la misma data, de la que se constata, que aquél fue puesto en libertad en la fecha precisada (fojas 135 y 136 del juicio de amparo). De igual manera, mediante comunicado con terminación 21943/2022, del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, remitiendo copia certificada del diverso SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/20715/2022, del que se advertía que el quejoso ********************, quedó en libertad el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por haber compurgado la pena de prisión impuesta en la causa penal ******************** (********************), del índice del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto, Hidalgo. En esa tesitura, se pone de manifiesto que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no obstante que continúa subsistiendo, no pueda surtir efecto legal o material, por causas ajenas a la voluntad de la autoridad judicial, toda vez que dejó de existir la materia del mismo, en virtud que, el quejoso ********************, ha compurgado la pena de veintisiete prisión que le fue impuesta en la causa penal ******************** (********************), del consecutivo del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Pachuca de Soto Hidalgo, por la comisión del delito de HOMICIDIO CON LA CALIFICATIVA DE VENTAJA, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************motivo por el cual, quedó en libertad el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, como lo informó la Jueza Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, pues al efecto emitió la resolución del catorce de noviembre del año próximo pasado, en la que decretó la extinción de la pena de prisión; lo que así corroboro el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, ya que informó que el quejoso fue puesto en libertad. De ahí que, la procedencia o no del beneficio de la remisión parcial de la pena que fue solicitado en el expediente de ejecución ********************/2014, del consecutivo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito en el Estado de Hidalgo, por las razones expuestas, ha quedado sin materia, al haber alcanzado el quejoso su libertad por haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta. Entonces, si bien el acto reclamado subsiste formalmente, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia, ello es así, toda vez que en el juicio de origen, ya se dictó su libertad absoluta, al haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta, como ha quedado precisado; sin que se tenga noticia hasta este momento que dicha determinación haya sido revocada o modificada para efecto de variar la situación jurídica antes relatada y, eventualmente, ello permitiera asumir que la resolución reclamada debe ser analizada en esta instancia constitucional. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, porque el órgano jurisdiccional, no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, ********************, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los correlativos tercero y sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Órgano Jurisdiccional, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

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