Rigoberto Villegas López

Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
488/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Rigoberto Villegas López

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rigoberto Villegas López, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 488/2019-H. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado a través del recurso ordinario de defensa. En ese orden, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: ... Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo... En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. En la especie, el acto reclamado es la omisión de realizar el pago correspondiente de la pensión otorgada, es decir, la variación de su pensión, pues refiere que se le está realizando el pago de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización y no conforme al Salario Mínimo. De ahí que, sea claro que dicho acto reclamado derive de la determinación y cálculo del monto de la pensión, lo cual representa un tema de legalidad, pues si la intención del promovente al interponer la protección constitucional, es que se ajuste su pensión a salarios mínimos, éste debió de haber interpuesto juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa... Por ende, lo reclamado se desprende de un acto administrativo, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia de este acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe. En efecto, en los artículos 2, 24, 28, y 50 in fine, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dispone: ... De los dispositivos trascritos se advierte que contra las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En este orden de ideas, si la materia de estudio se refiere al ajuste de la pensión de la parte quejosa por el cálculo o incremento de la misma, previo a la promoción del juicio de amparo, debía haber intentado el también llamado "juicio de nulidad" previsto en los artículos 2 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, debió observar el principio de definitividad. Además, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que con la promoción de dicho juicio se suspendían los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y no exige mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, tampoco plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional...Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En las anteriores condiciones, procede desechar la demanda de amparo, con base en el numeral 113 de la Ley de la Materia, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, lo que manifiesta el recurrente en el sentido de que no existía un acto administrativo y por ende no podía acudir ante el Tribunal a demandar su nulidad; lo anterior, pues si bien no existe una resolución administrativa expresa o ficta sobre la aplicación de la unidad de medida y actualización empleada para cuantificar la pensión, ello no lo eximía de observar el principio de definitividad, pues puede gestionar ante la autoridad administrativa que se le incrementen las cantidades que, en su caso, pudieran haber sido reducidas con la aplicación de la unidad mencionada, a fin de que existiera una respuesta expresa o ficta que perjudicara al ahora recurrente; y contra dicha decisión, promover el juicio contencioso administrativo. De ahí que el hecho de que no pueda interponer el juicio contencioso administrativo de manera inmediata y directa, no lo ... de atender el principio de definitividad, pues como se indicó, puede gestionar ante la autoridad administrativa la regularización en su cuota pensionaria, y a partir de la respuesta expresa o ficta, promover el juicio contencioso administrativo, dado que esa petición también debe agotarse, es decir, constituye un acto que forma parte de la preparación del medio de defensa (juicio de nulidad). Estimar lo contrario, implicaría dejar a discreción del quejoso, acudir directamente al juicio de amparo, ante la falta de preparación del medio de defensa legalmente previsto para conocer y resolver respecto de actos administrativos, como lo son en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado... 3. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, donde autoriza para tal efecto con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Villegas Velázquez, por tener su cédula registrada ante los Juzgados de Distrito. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Hgv Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Albina Alvarado Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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