Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez
Expediente 962/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
... el escrito signado por José Manuel Hernández Yoval, quien se ostenta como apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz... mediante el cual manifiesta que es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda, no obstante dado que de su contenido no se observa que tenga relación con este juicio, por lo que, con el original del escrito que se provee y copia certificada de este proveído, dese cuenta en el cuaderno de varios 1/2019 a fin de acordar lo que en derecho corresponda....
- Principal
... se declara que ha causado estado el auto referencia. ...Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 962/2019/III-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Expuesto lo anterior, de la lectura a la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especia se reclama consiste en: El auto de nueve de septiembre del año en curso dictado en el expediente RA/04/20191ª-II del índice de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, mediante el cual causó estado la resolución recaída al recurso de reclamación interpuesto por el promovente. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se analiza, de los antecedentes de la demanda se advierte que: 1. La Jefa de la Unidad de Substanciación y Resolución de la Contraloría del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, el veintidós de mayo de la presente anualidad admitió el informe de presunta responsabilidad en contra de Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, -quien actualmente se desempeña como Magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa-; por lo anterior, se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa C/PARA/003/2019. 2. La parte promovente al haber considerado que fue indebida la admisión del informe de responsabilidad interpuso recurso de reclamación en contra del citado auto de veintidós de mayo pasado y mediante resolución dictada en el expediente RA/04/20191ª-II por la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, el seis de agosto de dos mil diecinueve, confirmó el auto recurrido. 3. Inconforme con la resolución emitida en el expediente RA/04/20191ª-II del índice de la autoridad responsable, el aquí quejoso presentó demanda de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional y fue radicado bajo el número 820/2019/II-B; misma que se desechó al considerar que lo decidido en tal reclamación no afecta los derechos sustantivos del quejoso. 4. En contra de la determinación que desechó la demanda de amparo el aquí promovente interpuso recurso de queja, que fue admitió por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, y que a la fecha está pendiente de resolverse. Expuesto lo anterior, esta Juzgadora Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con los diversos 62 y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de la materia , ya que el auto en el que causó estado la resolución que recayó a la reclamación hecha valer por el aquí quejoso, es de naturaleza intraprocesal y no violenta los derechos sustantivos del quejoso. En efecto, en términos de tales preceptos, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos que no ocasionan daños a las personas o a las cosas, cuya reparación sea imposible. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal a través de los derechos fundamentales consagrados, en el entendido de que dicha afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Esto es, los actos de imposible reparación recaen en la infracción de los derechos sustantivos del gobernado, lo que no ocurre en la especie, toda vez que la admisión del procedimiento de responsabilidad administrativa de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos del promovente. Ello, en virtud de que la afectación que produce incurre únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano competente, emita la resolución correspondiente en el procedimiento de mérito, y a su vez esa resolución sólo podrá ocasionarle un acto de imposible reparación hasta el momento de su emisión, pues la misma puede ser favorable o no a los intereses del quejoso; entonces, será hasta ese momento en que se podrá determinar, si en su caso, esos actos tienen la naturaleza de imposible reparación. Ahora, si el acto reclamado por Roberto Alejandro Pérez Gutierrez consiste en el acuerdo que declaró firme la resolución que recayó al recurso de reclamación que interpuso contra la admisión del informe de presunta responsabilidad, la suscrita Juzgadora considera que tal acuerdo no es impugnable en sede constitucional, dado que no constituye un acto de imposible reparación que incida en los derechos humanos del citado impetrante. Tiene aplicación por sus consideraciones, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setenta, Libro 19, Tomo Uno, de Junio de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizado de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Samuel Isidro Santorum Barreto, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación....
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