Roberto Agüero Romero
Expediente 857/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Agüero Romero
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz y anexo que lo acompaña, por lo que, otórguesele pleno valor, en virtud de que cuenta con cadena de firma electrónica vigente de la remitente. Sin embargo, toda vez que de la lectura del oficio de cuenta se advierte que no guarda relación con el presente juicio de amparo, en razón de que está dirigido al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, en relación al juicio de amparo 857/2021 de su índice; obténgase copia del mismo, la cual deberá agregarse a los presentes autos para debida constancia, y con el original de dicha promoción y mismo número de registro, dese cuenta en el cuaderno de varios 1/2021 de este juzgado, para acordar lo que en derecho corresponda. Asimismo, para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que mediante oficio SEADS/1099/2021, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el Pleno del citado órgano, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, determinó la primera adscripción del suscrito como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y cúmplase. Así lo acordó y firma el Juez Fermín Santiago Santiago, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
- Principal
----el escrito signado por la quejosa Teresa Herrera Martínez, mediante el cual solicita la devolución del billete exhibido como garantía en el incidente de suspensión en que se actúa y sea entregado a los autorizados que indica en su escrito de cuenta. En mérito de lo anterior y toda vez que el plazo de seis meses señalado por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera el incidente de daños y perjuicios, ya transcurrió, en virtud de en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se determinó que transcurrido seis meses sin que la parte tercero interesada promoviera el incidente de mérito se podría devolver; como lo solicita la quejosa en el escrito de cuenta, devuélvasele el billete de depósito número N 743016 valioso por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 monada nacional), así como el diverso N 846024 por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por conducto de sus autorizados Juan José Cano Llamas y Abelardo Jarquín Martín, indistintamente, previa razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido de que los billetes serán endosados a la quejosa Teresa Herrera Martínez y, sólo se entregarán a los citados Juan José Cano Llamas y Abelardo Jarquín Martín, por lo que deberán traer la identificación de la persona para que les sean entregados los billetes. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte promovente deberá tramitar una cita para acudir las instalaciones de éste órgano jurisdiccional, esto es, deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", a fin de que obtenga un Código QR que le permita ingresar a este Juzgado de Distrito, previo cumplimiento de las medidas tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la subsistencia de la situación de emergencia sanitaria actual, y traer identificación oficial vigente para su entrega y recepción respectiva. En el entendido de que previo a que genere la cita de que se trata, deberá comunicarse al número de teléfono 2281410600 extensión 2223, a efecto de hacerlo del conocimiento de la sección de actuaría de este Juzgado y estar en posibilidad de requisitar el certificado de depósito y realizar todos los trámites conducentes a su devolución. Esto con motivo de las medidas sanitarias que deben adoptarse con motivo de la epidemia que afecta al País. Apercibida la parte quejosa que en caso de no presentarse para su devolución en el término de dos años a partir de la notificación del presente acuerdo, la garantía exhibida prescribirá a favor del erario federal, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
...Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 857/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. ACTO RECLAMADO. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El acta circunstanciada levantada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con treinta minutos, donde se les ordena retirar por sus propios medios la mercancía, mesa, estructura, artefactos o cualquier índole que obstruya la vía pública con motivo de la venta de tamales, otorgándoles un término de doce horas para hacerlo. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UN CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 61 y el diverso 113 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración los artículos 280 fracciones I y II, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente, se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), de contenido literal: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. En el caso, no se inadvierte que el acta circunstanciada de ocho de octubre de dos mil veintiuno, donde se les ordena retirar por sus propios medios la mercancía, mesa, estructura, artefactos o cualquier índole que obstruya la vía pública con motivo de la venta de tamales, otorgándoles un término de doce horas para hacerlo, sea de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo atento al contenido de la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIDO CONTRA LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. EL ACUERDO QUE ORDENA SU INICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO". Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la Jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) y 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." E "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", deriva que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de estos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así se concluye que la irreparabilidad, como característica de los actos reclamados (intraprocedimentales o resoluciones definitivas), no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, aun cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que la circunstancia de que el quejoso se encuentre sujeto al régimen especial establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/201 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.", ya que ésta alude a la causal de improcedencia del juicio constitucional, apoyada en la aplicación, a contrario sensu, del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que contra los actos u omisiones acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deviene improcedente la acción de amparo; por tanto, dicha causal de improcedencia es distinta a la prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley citada, pues no es lo mismo promover el juicio constitucional contra los actos u omisiones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, a tener que agotar los medios ordinarios de defensa contra los actos reclamados en el juicio de amparo". En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra el acto que reclama la parte quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo y como su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carmelo Reyes Gallardo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en la página de internet relativa al registro de profesionistas con el número 1647273. Asimismo, atento a las medidas de distanciamiento tomadas con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, para lo cual proporciona el siguiente: -Correo electrónico:reyesgallard@hotmail.com EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a lo solicitado por los ocursantes y, toda vez que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advierte que es válido el usuario "Carmelogallardo"; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a dicho sistema electrónico, para efectos de oír y recibir notificaciones; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional para su consulta, una vez que se reanuden las labores. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó su oposición a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la demanda. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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