Roberto Alejandro Maldonado Medina

Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Alejandro Maldonado Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara FIRME DICHO ACUERDO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de destruible al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, cuya síntesis es la siguiente: Agréguese el oficio número J30/4479/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene a la Junta responsable adjuntando copias certificadas de algunas constancias del expediente laboral número 724/2023, las cuales de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Ahora bien, de las constancias que remitió del juicio ordinario laboral 724/2023, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, por auto de quince de julio de dos mil veintidós, radicó la demanda de mérito, señaló la trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la parte demandada con esta última fecha. Atento a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de los presentes autos se advierte que mediante auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Roberto Alejandro Maldonado Medina, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el acto reclamado consistente en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad señalada el no emitir acuerdo de admisión de mi escrito inicial de demanda, no emplazar a la demandada, no señalar fecha para la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, y demás audiencias de ley, y no dictar el correspondiente LAUDO..". Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda y medios de convicción que obran en el presente asunto se colige que el estado procesal del juicio ordinario laboral de origen a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo -TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS- era la falta de radicar la demanda ejercida por la aquí parte quejosa, ordenar el emplazamiento de los demandados y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como emitir el laudo respectivo. En ese contexto, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acompañó en copia certificada, se advierte que por proveído de quince de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable radicó la demanda de mérito, señaló las trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento en el citado juicio ordinario laboral 724/2023, de su índice; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, y de la cual se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de radicar la demanda laboral, ordenar emplazar al demandado, así como de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica; sin embargo, atento al estado procesal en que se encuentra el juicio natural, dicha circunstancia, en virtud de que la autoridad responsable el quince de julio de dos mil veintidós, radicó la demanda de mérito, señaló las trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en esa data ordenó el emplazamiento respectivo. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo en relación a los diversos actos, consistentes en el emplazamiento de la parte la demandada, demás audiencias de ley, y el no dictado del laudo correspondiente, por virtud a que los mismos, se llevarán a cabo conforme avance la secuela procesal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número J30/4479/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene a la Junta responsable adjuntando copias certificadas de algunas constancias del expediente laboral número 724/2023, las cuales de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional respetiva. Ahora bien, de las constancias que remitió del juicio ordinario laboral 724/2023, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, por auto de quince de julio de dos mil veintidós, radicó la demanda de mérito, señaló la trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la parte demandada con esta última fecha. Atento a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de los presentes autos se advierte que mediante auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Roberto Alejandro Maldonado Medina, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el acto reclamado consistente en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad señalada el no emitir acuerdo de admisión de mi escrito inicial de demanda, no emplazar a la demandada, no señalar fecha para la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, y demás audiencias de ley, y no dictar el correspondiente LAUDO..". Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda y medios de convicción que obran en el presente asunto se colige que el estado procesal del juicio ordinario laboral de origen a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo -TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS- era la falta de radicar la demanda ejercida por la aquí parte quejosa, ordenar el emplazamiento de los demandados y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como emitir el laudo respectivo. En ese contexto, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acompañó en copia certificada, se advierte que por proveído de quince de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable radicó la demanda de mérito, señaló las trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento en el citado juicio ordinario laboral 724/2023, de su índice; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, y de la cual se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de radicar la demanda laboral, ordenar emplazar al demandado, así como de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica; sin embargo, atento al estado procesal en que se encuentra el juicio natural, dicha circunstancia, en virtud de que la autoridad responsable el quince de julio de dos mil veintidós, radicó la demanda de mérito, señaló las trece horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en esa data ordenó el emplazamiento respectivo. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo en relación a los diversos actos, consistentes en el emplazamiento de la parte la demandada, demás audiencias de ley, y el no dictado del laudo correspondiente, por virtud a que los mismos, se llevarán a cabo conforme avance la secuela procesal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 1075/2023, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán; mediante el cual devuelve a este Juzgado Federal sin diligenciar el despacho número 313/2023 (174/2023-D), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, emplazara a juicio a ...a quien le resulta el carácter de tercero interesado; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído, proporcione el domicilio correcto y actual del tercero interesado de referencia, para los efectos de estar en posibilidad de llamarlo a juicio a deducir sus derechos constitucionales, con el apercibimiento de no hacerlo así en el lapso concedido, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Al respecto, es de invocarse por las razones que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, observable a página 89, relativa al mes de mayo de 1991, tomo VII, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO CUANDO ELLO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Si al admitirse una demanda de amparo el a quo tuvo como tercero perjudicado a determinada persona, y de las constancias de autos se desprende que no fue emplazada, pero además dicha omisión trasciende al resultado del fallo, debe revocarse la sentencia que se revisa para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la violación procesal cometida, ordenando se subsane esa irregularidad y hecho lo anterior, se señale nuevo día y hora para que tenga.". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano