Rita Sebastián Uribe
Expediente 1278/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rita Sebastián Uribe
Actuaciones
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica y emplaza previo citatorio, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesada, el acuerdo de fecha 28 de noviembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Agréguense los oficios número JES/9501/2019 Y JES/9503/2019 signados por el Juez de Ejecución Penal Región Morelia; mediante el cual, con el primero de ellos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que acompaña copia certificada de la controversia CE-166/2019, así como un disco compacto que contiene la audiencia oral que resolvió el recurso de revocación, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, glósese a los presentes autos el disco compacto de referencia y con las citadas constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado, asimismo tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien, por lo que respecta al diverso oficio, se tiene a la referida autoridad responsable, informando que las partes dentro del expediente CE-166/2019, son las víctimas María Isabel Martínez Juárez y Rogelio César Trinidad Hernández, asimismo, que el asesor jurídico victimal de estos últimos es José Alberto Tello Figueroa, quien está adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con domicilio en Calle General Mariano Arista Número 300, Colonia Chapultepec Oriente, en esta ciudad; por tanto, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, téngase a aquéllos en cuanto terceros interesados en este asunto, por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el referido domicilio, a fin de emplazar al presente juicio a los terceros interesados por conducto de su asesor jurídico victimal, debiendo hacerles saber que fueron señaladas las DIEZ HORAS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, deberá de correrle traslado con una copia de la demanda y del auto admisorio. De igual manera, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), le asiste el carácter de tercero interesado a la fiscal Lucrecia Cisneros Sánchez, por lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que lleve a cabo el emplazamiento encomendado, en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable. Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito presentado por la quejosa Rita Sebastián Uribe, mediante el cual, manifiesta que en el presente asunto no existe la figura de tercero interesado, en virtud de que no se vulneran los derechos de las personas que tienen el carácter de victimas en la controversia de origen, por lo cual, solicita no se les llame al juicio de amparo, por las razones que expone en su escrito; en consecuencia se provee lo siguiente: Dígasele que no ha lugar a lo que solicita, en virtud de que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio biistancial, el tercero interesado que puede ser la victima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Además, cabe precisar que si bien es cierto que el procedimiento del cual emana el acto reclamado no se trata de una causa penal, si deriva de una, en virtud del procedimiento penal que se instruyó en contra de la aquí quejosa, por lo cual, de conformidad con el artículo 7°, fracción VII, de la Ley General de Victimas, se le reconoce su acceso a la verdad y a la justicia, esta última no solamente para que se investigue y sancione un delito, sino también a que se cumpla con la sanción en los términos impuestos; de ahí que no llamar a juicio a las víctimas como terceros interesados, sería negarles el acceso a la justicia y a la verdad en su vertiente de conocimiento si se cumple de manera efectiva la cosa juzgada, máxime que en el expediente del que deriva el acto reclamado, se ordenó que aquéllas fueran representadas por su asesor jurídico victimal. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.
- Principal
...Morelia, Michoacán, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve...Agréguense los oficios número JES/9501/2019 Y JES/9503/2019 signados por el Juez de Ejecución Penal Región Morelia; mediante el cual, con el primero de ellos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que acompaña copia certificada de la controversia CE-166/2019, así como un disco compacto que contiene la audiencia oral que resolvió el recurso de revocación, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, glósese a los presentes autos el disco compacto de referencia y con las citadas constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado, asimismo tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien, por lo que respecta al diverso oficio, se tiene a la referida autoridad responsable, informando que las partes dentro del expediente CE-166/2019, son las víctimas María Isabel Martínez Juárez y Rogelio César Trinidad Hernández, asimismo, que el asesor jurídico victimal de estos últimos es José Alberto Tello Figueroa, quien está adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con domicilio en Calle General Mariano Arista Número 300, Colonia Chapultepec Oriente, en esta ciudad; por tanto, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, téngase a aquéllos en cuanto terceros interesados en este asunto, por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el referido domicilio, a fin de emplazar al presente juicio a los terceros interesados por conducto de su asesor jurídico victimal, debiendo hacerles saber que fueron señaladas las DIEZ HORAS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, deberá de correrle traslado con una copia de la demanda y del auto admisorio. De igual manera, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), le asiste el carácter de tercero interesado a la fiscal Lucrecia Cisneros Sánchez, por lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que lleve a cabo el emplazamiento encomendado, en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable. Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito presentado por la quejosa Rita Sebastián Uribe, mediante el cual, manifiesta que en el presente asunto no existe la figura de tercero interesado, en virtud de que no se vulneran los derechos de las personas que tienen el carácter de victimas en la controversia de origen, por lo cual, solicita no se les llame al juicio de amparo, por las razones que expone en su escrito; en consecuencia se provee lo siguiente: Dígasele que no ha lugar a lo que solicita, en virtud de que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio biistancial, el tercero interesado que puede ser la victima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Además, cabe precisar que si bien es cierto que el procedimiento del cual emana el acto reclamado no se trata de una causa penal, si deriva de una, en virtud del procedimiento penal que se instruyó en contra de la aquí quejosa, por lo cual, de conformidad con el artículo 7°, fracción VII, de la Ley General de Victimas, se le reconoce su acceso a la verdad y a la justicia, esta última no solamente para que se investigue y sancione un delito, sino también a que se cumpla con la sanción en los términos impuestos; de ahí que no llamar a juicio a las víctimas como terceros interesados, sería negarles el acceso a la justicia y a la verdad en su vertiente de conocimiento si se cumple de manera efectiva la cosa juzgada, máxime que en el expediente del que deriva el acto reclamado, se ordenó que aquéllas fueran representadas por su asesor jurídico victimal. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por... por propio derecho, contra actos de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región, Morelia; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo, por el acto que hace consistir en: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Reclamo la resolución dictada dentro de la audiencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído del ocho de ese mismo mes y año, dictado dentro de la carpeta de ejecución con número de-expediente CE-166/2019, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia.". Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 1278/2019-III. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Por otra parte, dígase a la promovente de mérito que en tanto manifieste que solicita la suspensión del acto reclamado, se ordenará su apertura; en atención a que en el punto petitorio marcado con el número dos de su demanda manifiesta: ".Admitir a trámite la demanda y requerir a las responsables sus informes justificados y previos."; lo anterior para estar en posibilidades de proveer sobre la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón la tesis visible en la página 848 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita." Así como la diversa tesis, visible en la página 522 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de Noviembre de 1998, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. ES INDEBIDO TENERLA POR NO INTERPUESTA, SI LA PREVENCIÓN QUE SE INCUMPLE SE RELACIONA CON LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se llega al conocimiento de que sólo es permisible tener por no interpuesta la demanda, cuando la prevención se relacione con la omisión o imprecisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 de la ley antes invocada, o que no se exhiban las copias reglamentarias, pero si se trata de prevención relacionada con la suspensión del acto reclamado, su incumplimiento no puede ser motivo para tener por no interpuesta la demanda de garantías, sino en todo caso, sólo a no dar trámite a la suspensión solicitada." Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalad como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba proveniente de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Ahora bien, previo a proveer lo conducente al emplazamiento de los terceros interesados, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Juez responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, se sirva proporcionar a este órgano jurisdiccional el nombre y domicilio de todas las partes dentro del juicio de origen, así como el domicilio en el que puedan ser llamados a deducir sus derechos en este amparo, bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 244 de la Ley de la materia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, en materia de Ejecución de Sanciones que se encuentran en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", planta baja del edificio donde se ubica el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, ubicado en carretera Morelia-México, vía Mil Cumbres, kilómetro 12.5 y autorizando para tal efecto a Adelaida Escutia Carrillo, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 4320039, por así haberlo solicitado expresamente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Rigoberto Solis Zamudio1033/2022
- Rigoberto Suastegui Ortíz113/2022
- Rigoberto Téllez Hernández431/2021
- Rigoberto Téllez Hernández779/2019
- Rita Ángel Gutiérrez152/2019
- Rita Bernal Cruz318/2022
- Robert Irvin McGaughey1042/2019
- Roberto Alcántar Quintana477/2019
- Roberto Alejandre Hernández106/2019
- Roberto Alejandro Maldonado Medina767/2023
- Roberto Alonso Morales325/2020
- Roberto Anguiano Méndez692/2023