Roberto Alcantar Sosa
Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2021
Partes del expediente
- Roberto Alcantar Sosa
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documento original. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo. Incidente. No se ordenó su apertura. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Tres Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Mexicali, Baja California, mediante el cual rinde informe justificado. Manifestaciones. Téngase por hechas las diversas manifestaciones que hace la autoridad oficiante respecto una posible causal de sobreseimiento. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por presentada la probanza que adjuntó, sin perjuicio de hacer relación en la misma en su momento procesal oportuno. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Correo electrónico. Téngase a Junta oficiante, haciendo del conocimiento que su correo institucional es juntaespecial3mxl@baja.gob.mx, no obstante solicita que se continúe la tramitación del juicio bajo el esquema tradicional, es decir seguir recibiendo y remitiendo oficios, así como actuaciones correspondientes de manera física, hasta en tanto cuente con firma electrónica y los medios necesarios para digitalizar documentación, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos. Atento a lo anterior, instrúyase a los Actuarios Judiciales adscritos a realizar las notificaciones a la autoridad antes citada como lo solicita. Sobresee fuera de audiencia. Atendiendo a las manifestaciones de la parte la autoridad responsable y el estado procesal que guarda el juicio de amparo en el que se actúa, se tiene que el quejoso, hizo consistir los actos reclamados en: "IV. Acto Reclamado: El retraso y/o dilación del procedimiento laboral al omitir dictar auto de radicación dentro del Juicio Laboral 1165/2020-3A" Y su notificación. En la especie, respecto del acto reseñado en primer término complementado con su notificación, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Tres Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Mexicali, Baja California, de emitir acuerdo de radicación y notificar la fecha en que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda, y excepciones en el juicio laboral 1165/2020-3A. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diez de agosto de dos mil veinte, dictó el acuerdo de radicación y admisión, fijándose fecha para el verificativo la de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual les fue notificado a las partes y en especifica al quejoso el diecisiete de marzo del año en curso; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con veinte minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitido por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto, la respuesta emitida por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI), en el cual se contiene una firma original de recibido de fecha cuatro de marzo del año en curso; por lo que atento a su contenido, se acuerda lo siguiente. No ha lugar. Atento a lo anterior, dígasele que no ha lugar tener a las autoridades responsables dando cumplimiento al fallo protector, virtud de que, el oficio en el que se pretende dar respuesta a la petición de la parte quejosa, respecto a la solicitud de pensión por jubilación, no contiene una respuesta definitiva y, además, es incongruente, pues sustancialmente la autoridad precisó lo siguiente: "[.] En atención a lo señalado por el artículo 67 de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California y con fundamento en lo señalado en los artículos 58 primer párrafo y 67 primer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y 3, 22, 24, 25 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, se da respuesta a su escrito de fecha 15 de noviembre de 2018; de la manera siguiente: A la fecha no se tiene conocimiento de que usted haya causado baja ante la patronal, pues inclusive usted no lo informó a ésta Jefatura, en términos del artículo 7 fracción II de la Ley, indicando que está en aptitud de ser incluida a la nómina de pensionados de este Instituto al haber causado baja como trabajador activo, como se establece en los artículos 58 primer párrafo de la Ley que rige a este Instituto; 3 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones y en el apartado "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lineamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de agosto de 2017; como parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, señalado dentro del listado de Procedimientos del ISSSTECALI, en el apartado correspondiente a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, fracción II, cito en la página 43, consultable en el Portal de Internet del lSSSTECALI, www.issstecali.gob.mx, por lo que se hace de su conocimiento que dicha información es indispensable para dar entrada a su trámite en términos del marco jurídico institucional, para no vulnerar lo señalado por el artículo 5 de la Ley de Compatibilidad de Funciones, Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California. Así para estar en aptitud de iniciar el trámite de Pensión por Jubilación que Usted solicita, deberá informar a este ente asegurador, si tiene la calidad de trabajador en activo y le es aplicable el estímulo de permanencia o si ya causó baja y fue separada del encargo por alguna de las causas señaladas en la Ley aplicable a su relación laboral, de conformidad con lo que señalan los artículos 58 primer párrafo y 67 tercer párrafo de la Ley que rige a este Instituto y para efectos de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Compatibilidad de Funciones Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California. Por ende, se tiene que a partir de tales premisas, si Usted no se encuentra en alguno de los supuestos antes señalados, este Instituto se encontraría legalmente imposibilitado para dar entrada a su trámite y por ende, en tal caso pudiese darse el rechazo del mismo, como lo señala el artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California" [...] En tales condiciones, todo lo expuesto deja en claro que los efectos del fallo constitucional, no se concretaron a cabalidad, por lo que este órgano jurisdiccional considera que en el caso existió un defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, según así fue razonado. Nuevo requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última vez, a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de que reciban la notificación del presente proveído, cumplan a cabalidad y sin defectos, con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. [.] Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables que deben dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.
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