Roberta Claudia Sánchez Cardoso

Expediente 980/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
980/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Roberta Claudia Sánchez Cardoso

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés.********************Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes.********************Documentos originales. No hay para su devolución.********************Constancias o actuaciones. No hay para su devolución.********************Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional.********************Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. ****************************************Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo.********************Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión.********************Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular.********************Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".********************Notifíquese.*******************

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda que promueve (1) Roberta Claudia Sánchez Cardoso, contra actos del Poder Ejecutivo y/o Presidente de los Estados Unidos Mexicano, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 980/2020. Suspensión de plano improcedente. Ahora bien, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ??????????????? En las relatadas condiciones, no resulta dable otorgar la suspensión de plano que se solicita, en virtud de que no se surte ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional. En efecto, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no solo es preservar la materia de la litis del citado medio de control constitucional mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen a la parte quejosa daños de difícil reparación. Sobre el tema de la suspensión, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125 y 126 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)" "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los referidos numerales, se desprende que la citada suspensión se otorgará en los casos y condiciones que determine la ley reglamentaria respectiva, precisándose en el propio texto fundamental, que el órgano jurisdiccional de amparo, para decidir al respecto, deberá realizar, cuando la naturaleza del acto lo permita, un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social involucrado. Por otro lado, el citado numeral 125 de la Ley de Amparo dispone que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. El primer caso, se refiere a que el juzgador debe conceder la medida cautelar sin necesidad de que el quejoso exprese solicitud al respecto; y el segundo, se trata de actos que requieren, como primer requisito, que medie una solicitud en tal sentido. Por su parte, siendo el caso que nos ocupa, el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé diversos actos respecto a los cuales debe concederse la suspensión del acto de oficio y de plano; o sea, sin que medie solicitud del quejoso, ni tampoco la apertura del cuaderno incidental. Es decir, su o y simple enunciación ante el juez de control constitucional, dada su gravedad y llana proscripción en el orden jurídico nacional, se encuentra alejado de cualquier litis. Tales actos, como se dijo, se encuentran a partir de supuestos graves que impliquen o importen: a) Peligro de privación de la vida; b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; c) Incomunicación; d) Deportación o expulsión; e) Proscripción o destierro; f) Extradición; g) Desaparición forzada de personas; h) La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; i) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; [penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales]; y; j) Privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ese tenor, se puede observar que los señalados actos de autoridad tienen como común denominador que sus efectos no solo son de imposible o difícil reparación, sino que, además algunos otros se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando; de ahí, que en algunos supuestos, sea innecesaria la solicitud del interesado para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Sin embargo, a diferencia de tales actos, siempre graves, se encuentra otro género cuyos efectos igualmente son de imposible o difícil reparación, pero que ameritan la apertura del incidente de suspensión bien, a petición de parte o de oficio, caso último previsto en el diverso artículo 127 de la Ley de Amparo, que prevé la apertura del cuaderno incidental por equipararlo al trámite ordinario en que la solicite el quejoso en los casos en que se reclame la extradición y cualquier acto que de ejecutarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Por tanto, fuera de los casos señalados en el artículo 126 de la ley de la materia, que prevé la suspensión de oficio y de plano, la suspensión del acto reclamado se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos (a) la solicitud del quejoso y (b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el entendido, que la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Por ello, la suspensión de oficio se decreta de plano, de tal suerte que puede o no pedirse en la demanda, pues la solicitud que a ese respecto haga la parte quejosa es intrascendente, si se tiene en cuenta que el juez de Distrito decidirá de acuerdo a las características del acto reclamado; de ahí que, si procede, suspenderá el acto en forma oficiosa, aunque no medie petición. Siendo que -como se dijo- el objeto de la suspensión de oficio es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal; por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda paralizado, mientras se decide si es violatorio o no de derechos fundamentales. De ese modo, la suspensión de oficio es aquella providencia que el juez debe decretar, sin esperar a que se la solicite el agraviado, o quien promueva a su nombre, por contemplarse en la instancia -la demanda de amparo-, un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental reclamado. Ahora, cuando no se trate de estos supuestos urgentes y de ????????????? imposible reparación, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estará frente a la suspensión a petición de parte, que, como su nombre lo menciona, en estos casos, para conseguir esta medida es necesario solicitarla. Bajo ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que no procede la suspensión de plano porque los actos reclamados no encuadran en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa solicita la suspensión de oficio y de plano en contra de, la omisión de implementar, operar y/o aplicar criterios y requisitos para un plan de apoyo económico, en base a la ausencia de programas de apoyo gubernamentales que les encomendaran cumplir con sus obligaciones como lo es, el garantizar derechos básicos y el MÍNIMO VITAL y/o modo de subsistencia, llámese seguro de desempleo, beca, apoyo solidario. Como claramente se desprende de lo anterior, así como de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; sino más bien, se trata de actos administrativos, mismos actos que, que por su naturaleza, no son susceptibles de ser suspendidos en la vertiente de plano y de oficio. De tal suerte que al no actualizarse alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, resulta improcedente la medida cautelar solicitada en esos términos. Lo anterior, en el entendido de que el Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en su artículo 49, establece cuáles serán los asuntos que deberán ser considerados como urgentes; esto es, dicho precepto versa exclusivamente sobre la tramitación del juicio de amparo en asuntos que, de conformidad con el citado acuerdo, revistan el carácter urgente; disposición que es distinta a los fundamentos aplicables para resolver sobre la suspensión de plano solicitada. Improcedencia. Por otra parte, una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo presentada vía juicio en línea, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 3º, aplicado en contrario sensu, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. [.]" Asimismo, el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que a la letra establece (énfasis añadido): "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial ????????????? de la Federación ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda." De los referidos numerales se desprende que el promovente puede presentar su escrito de demanda electrónicamente; así como que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, se estima necesario señalar que la demanda de amparo presentada vía juicio en línea, no contiene la firma electrónica de (1) ************, parte promovente del juicio, quien refiere hacerlo por propio derecho, es decir no cuenta con evidencia criptográfica. Por ello, se estima que la demanda de amparo promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de una formalidad indispensable para dar curso a la misma, ya que la ausencia de la firma electrónica de la persona que promueve el juicio de amparo equivale a la falta de voluntad de la misma, por ser un acto de carácter personal y que sólo puede realizar quien promueve la demanda al resentir en su esfera jurídica una afectación real y actual, al aducir ser titular de un derecho afectado de manera personal y directa. Por tanto, dado que la demanda presentada no contiene firma electrónica de la parte promovente, por lo que se desconoce sí fue voluntad de la parte quejosa ejercer la acción constitucional, puesto que ello se manifiesta a través de su firma, no es posible proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la misma, toda vez que de su contenido integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 3º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida."Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el ?????????????? artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Notificaciones por vía electrónica. Como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones a la parte quejosa, vía electrónica por conducto de sus autorizados con nombres de los usuarios (1) "lic.rivera", (2) "lic.barcenas", (3) "mitzel", (4) "Heritrx", (5) "Marilync", (6) "Juanvaldivia", (7) "Kevin.campos", (8) "fernandarizo" y (9) "Ggarza23". Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que los nombres de usuarios con los que se registraron tales autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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