Roberto Adrián Solis Amezcua

Expediente 743/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
743/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Adrián Solis Amezcua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y considerando que el plazo de cinco días para recurrir el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Luego, una vez que transcurran los plazos de tres y cinco años, tramítese su transferencia y destrucción, respectivamente, de conformidad con los diversos numerales Segundo, fracciones VI y XVI, Décimo, fracción I, Decimoprimero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General ya referido. De conformidad con el punto decimoprimero del citado acuerdo, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, a través del cual manifiesta la imposibilidad que le asiste al Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de las siguientes consideraciones: Ahora, del contenido del Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo de dos mil veinte, y al cual hace referencia la autoridad oficiante, se desprende que la suspensión de los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, fue decretada por el periodo comprendido del primero de junio al nueve de agosto de dos mil veinte. Asimismo, del contenido del artículo tercero del mencionado acuerdo, se desprende que cualquier actuación, promoción o solicitud que en su caso sea realizada ante la Administración Pública de la Ciudad de México o en las Alcaldías, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el día 10 de agosto del 2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México para que en el término de tres días remita copia certificada del acuerdo general o decretó de suspensión de labores con el cual justifique su dicho, esto es, que "a la fecha subsisten circunstancias de fuerza mayor que complican a los integrantes del Consejo de Publicidad Exterior resolver sobre la situación que es materia de la ejecutoria de mérito, pues es el caso que la "publicidad" no es actividad esencial y por tanto no se encuentra dentro de las excepciones para renovar plazos y accionas en dicha materia conforme a los decretos de suspensión de los términos que se han determinado, ante la pandemia por el SARS-COV2 (COVID-19), según lo publicado en el Decreto emitido por la titular del ejecutivo local del Gobierno de la Ciudad de México en la Gaceta de dicho territorio constitucional.". APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a la autoridad en mención, que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede mediante las actuaciones descritas en el término otorgado para ello, se hará efectiva la multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización, a la que se hizo referencia en el diverso proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte ...

  3. Principal

    Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, ordenándose la depuración del mismo con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento únicamente para el efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su valoración como asunto concluido en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los 90 días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO Por otra parte, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del multicitado Acuerdo, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. En tales circunstancias, con la demanda de amparo formulada por Roberto Adrián Solís Amezcua, por derecho propio; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 743/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, los artículos 114 y 108 de la Ley de Amparo disponen que, si este juzgado al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe ordenar prevenir al gobernado para que sea subsanada, para luego determinar lo que en derecho corresponda. En ese sentido, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: Precise con claridad, de manera específica, en concreto y sin calificativos qué acto o actos reclama de cada una de las autoridades que señalada como responsables, y en qué medida tuvieron participación en ellos; tomando en consideración que del capítulo respectivo no se advierte. En el sentido de que si reclama una orden deberá especificar en dónde se encuentra contenida (oficio, acuerdo o documento), precisando los datos de identificación del mismo, como son número, fecha, quién lo expide, entre otros. Narre de manera amplia, ordenada y cronológica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que precedieron al acto reclamado, y que constituyen los antecedentes del mismo. Precise de manea clara para qué efecto solicita la suspensión del acto reclamado. Exhiba diez copias del escrito aclaratorio por el que desahogue lo aquí requerido, a fin de correr traslado a las partes y formar los cuadernos incidentales. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Apercibida que de no cumplir con dicho requerimiento, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE De conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa por medio del usuario LIC.MARTINEZMTZ78. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en los términos amplios establecidos en dicho precepto, a los profesionistas que designa, siempre y cuando al momento de promover acrediten tener debidamente registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. Se exhorta a la parte quejosa a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá proporcionar algún correo electrónico o bien solicitar su usuario respectivo. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. Así, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Jesús Enrique Martínez Martínez la consulta del presente expediente vía electrónica, por medio del usuario LIC.MARTINEZMTZ78. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano