Roberto Acevedo López

Expediente 616/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 42 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
616/2017
Año
2017
Actuaciones
42
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Roberto Acevedo López
  • Fernando Quintero Millán
  • Roberto Acevedo López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia de cuenta, y dado que la parte quejosa no manifestó su inconformidad contra el proveído del veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. Ahora bien, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los 90 días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, el ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Instituto y de los Comisionados que integran el Pleno, todos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitieron copia certificada del expediente ***, y que como cuadernos de pruebas se identificaron con los números "UNO" y "DOS". En consecuencia, devuélvanse dichas copias, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la constancia de notificación hace las veces del mismo, y en el cual se identifica el legajo de referencia enviado. Asimismo, realícese el acuerdo de archivo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE

  2. Incidental

    VISTO; En ese orden, de conformidad con los artículos 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso a), y los últimos párrafos de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y OSVALDO CESAR GARCIA ORTEGA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.44.7e 22/10/23 20:38:12 resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el original del incidente en que se actúa, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN; luego, una vez que transcurran los plazos de tres años de su conservación, dentro de los 90 días posteriores, procédase a la DEPURACIÓN del CUADERNO ORIGINAL relativo al presente incidente de suspensión, de conformidad con los último párrafos del artículo 18 del multicitado ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, vista la constancia de cuenta y el estado procesal de los presentes autos, una vez que transcurran más de seis meses a que se refiere el citado Acuerdo General procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, pues encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VENTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL SEÑALA, Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Por otra parte, del estado procesal de los autos, así como de la constancia de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y a la tercero interesada para desahogar la vista de diez de marzo de dos mil veinte, ha fenecido, sin que hubiera acontecido; por lo que se procede a resolver si ha quedado satisfecha la sentencia de amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la citada Ley, ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que quede enteramente cumplido el fallo protector. EFECTOS A CUMPLIR Ahora bien, en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional se resolvió conceder el AMPARO y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice lo siguiente: Por tanto, en el caso concreto, a fin de salvaguardar el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales de la parte quejosa, es necesario que la autoridad responsable, en ejercicio de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no sólo modifique la respuesta del sujeto obligado a fin de que evite una interpretación restrictiva de la solicitud de la particular para que se le pongan a la vista los documentos que obran en sus archivos relacionados con el caso Tlatlaya, sino que, además, elimine, en la mayor medida posible, la afectación a la reputación, imagen y buen nombre de la parte promovente, lo que se consigue sólo mediante la supresión de los datos que permitan su identificación en la información que se divulga a la sociedad, disociando sus nombres de actos cuya ilicitud no fue probada, ordenando que recabe o busque en sus archivos la información que derivó de los hechos materia de la indagatoria de la que se pidió el acceso correspondiente. Lo expuesto, atendiendo a que los mencionados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-, establecen la posibilidad de cancelar aquellos datos personales que lesionen los intereses de los particulares, al ser difundidos a la opinión pública, como en el caso ocurre, con el señalamiento que se hace respecto de sus personas, frente a la sociedad, como procesados respecto de una causa penal, como responsables de la comisión de diversos delitos, mediante el dictado del auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014. Sin que resulte indispensable, en el presente asunto, que la parte promovente haga valer la acción de Habeas Data, ante la autoridad responsable o sujeto obligado, a fin de solicitar la cancelación de sus datos personales, puesto que no fueron llamados al recurso de revisión del que deriva la resolución reclamada en este asunto, de la que se alega la afectación a su esfera de derechos, pues esto surge con motivo de la omisión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de aludir el cumplimiento de una exigencia correspondiente al sujeto obligado en materia de transparencia derivada de la ponderación de la información a cuya entrega vinculó al reasumir jurisdicción en la resolución del medio de impugnación que fue sometido a su potestad, ordenando que se continúe implícitamente con la difusión de información que no está actualizada, lo que atenta contra su actual veracidad y exactitud, causando un desprestigio a la reputación, imagen y buen nombre de los quejosos, por lo que, al subsanar tal omisión, la responsable debe atender también, a los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales, consagrados en favor de los impetrantes, en los artículos 6°, fracción II y 16 constitucionales. Es aplicable al caso, el criterio que informa la tesis I.4o.A.790, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 2244, del siguiente rubro y texto: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ OBLIGADO A PROCURAR QUE LOS DATOS PERSONALES QUE DIVULGA SEAN EXACTOS Y ACTUALIZADOS, ASÍ COMO A SUSTITUIR, RECTIFICAR O COMPLETAR OFICIOSAMENTE AQUELLOS QUE PUBLIQUE Y RESULTEN INEXACTOS O INCOMPLETOS. El derecho fundamental de acceso a la información se encuentra previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ejercicio está asociado, a manera de excepción o límite, con la acción conocida como habeas data, que se define como el derecho que asiste a toda persona a solicitar, mediante un proceso determinado, la exhibición de la información contenida en registros -públicos o privados- en los cuales estén incluidos datos personales, para tomar conocimiento de su exactitud y, de ser pertinente, requerir la corrección o supresión de los inexactos u obsoletos, con sustento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que contempla los denominados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-. Por otra parte, en relación con la información que se encuentra en poder de las dependencias gubernamentales, el artículo 20, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece una serie de obligaciones que deben observar en cuanto al manejo o disposición de la información que hacen pública, y su artículo 3, fracción XIV, inciso a), prevé que la Procuraduría General de la República es un sujeto obligado al cumplimiento y observancia de la propia ley. En este contexto, se concluye que el director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República está obligado a procurar que los datos personales que divulga sean exactos y actualizados, así como a sustituir, rectificar o completar oficiosamente aquellos que publique y resulten inexactos o incompletos. Atento a lo expuesto, lo procedente en el presente asunto, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, para el efecto de que la autoridad responsable, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 68 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en atención a los derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- y de protección de datos personales que tutela el artículo 16 constitucional, modifique la resolución impugnada solo en el aspecto analizado en este fallo, reitere los aspectos que no fueron materia de esta sentencia, ordene al sujeto obligado a que en la versión pública del documentos que determinó fuera entregado a la particular, consistente en el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, suprima la información que lesione la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa, que en ella se divulga, o que la complemente con el resultado de los hechos materia de esa indagatoria contenida en la resolución de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en los autos del toca penal 247/2015, de su índice. Conforme a lo anterior, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado estableció que para el cabal cumplimiento del fallo protector, debía seguirse el Protocolo de Ejecución que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 68 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en atención a los derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- y de protección de datos personales que tutela el artículo 16 constitucional, modificar la resolución impugnada solo en el aspecto analizado en la sentencia de amparo, en el que reiterando los aspectos que no fueron materia de la misma, ordene al sujeto obligado a que en la versión pública del documentos que determinó fuera entregado a la particular, consistente en el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, suprima la información que lesione la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa, que en ella se divulga, o que la complemente con el resultado de los hechos materia de esa indagatoria contenida en la resolución de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en los autos del toca penal 247/2015, de su índice. CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO Así, el veintitrés de enero de dos mil veinte, se tuvo por acreditado, por la autoridad responsable al exhibir copia certificada del acuerdo ACT-PUB/04/12/2019.05 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el que el Pleno del Instituto dejó insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 0132/17, y turnó de nueva cuenta a proyecto el dictado de una nueva acatando las directrices ordenadas en la sentencia de amparo. Asimismo, por oficio registrado bajo el folio 5148, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su calidad de representante legal de dicho instituto y en representación de los Comisionados que integran el Pleno del mismo, a través del cual exhibe copia certificada de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RRA 0132/17 BIS. VALORACIÓN DE CONSTANCIAS Dichas documentales se tienen a la vista al momento de realizar el presente estudio de cumplimiento, y por ser un documento público es analizado a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en la materia, tienen pleno valor probatorio para acreditar que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que dejó insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 0132/17, y turnó de nueva cuenta a proyecto el dictado de una nueva resolución, emitiendo una nueva en la que atendió el contenido de la sentencia de amparo y la dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el R.A. 546/2017-VI, precisando que los argumentos de la parte quejosa son fundados y conminó al sujeto obligado a la entrega de la información relativa al caso Tlatlaya, de manera completa y actualizada, suprimiendo la información que lesionara la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa. En consecuencia, al no existir más extremos por cumplimentar, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR ESTÁ TOTALMENTE CUMPLIDO. Se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Por otra parte, del estado procesal de los autos, así como de la constancia de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y a la tercero interesada para desahogar la vista de diez de marzo de dos mil veinte, ha fenecido, sin que hubiera acontecido; por lo que se procede a resolver si ha quedado satisfecha la sentencia de amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la citada Ley, ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que quede enteramente cumplido el fallo protector. EFECTOS A CUMPLIR Ahora bien, en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional se resolvió conceder el AMPARO y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice lo siguiente: Por tanto, en el caso concreto, a fin de salvaguardar el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales de la parte quejosa, es necesario que la autoridad responsable, en ejercicio de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no sólo modifique la respuesta del sujeto obligado a fin de que evite una interpretación restrictiva de la solicitud de la particular para que se le pongan a la vista los documentos que obran en sus archivos relacionados con el caso Tlatlaya, sino que, además, elimine, en la mayor medida posible, la afectación a la reputación, imagen y buen nombre de la parte promovente, lo que se consigue sólo mediante la supresión de los datos que permitan su identificación en la información que se divulga a la sociedad, disociando sus nombres de actos cuya ilicitud no fue probada, ordenando que recabe o busque en sus archivos la información que derivó de los hechos materia de la indagatoria de la que se pidió el acceso correspondiente. Lo expuesto, atendiendo a que los mencionados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-, establecen la posibilidad de cancelar aquellos datos personales que lesionen los intereses de los particulares, al ser difundidos a la opinión pública, como en el caso ocurre, con el señalamiento que se hace respecto de sus personas, frente a la sociedad, como procesados respecto de una causa penal, como responsables de la comisión de diversos delitos, mediante el dictado del auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014. Sin que resulte indispensable, en el presente asunto, que la parte promovente haga valer la acción de Habeas Data, ante la autoridad responsable o sujeto obligado, a fin de solicitar la cancelación de sus datos personales, puesto que no fueron llamados al recurso de revisión del que deriva la resolución reclamada en este asunto, de la que se alega la afectación a su esfera de derechos, pues esto surge con motivo de la omisión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de aludir el cumplimiento de una exigencia correspondiente al sujeto obligado en materia de transparencia derivada de la ponderación de la información a cuya entrega vinculó al reasumir jurisdicción en la resolución del medio de impugnación que fue sometido a su potestad, ordenando que se continúe implícitamente con la difusión de información que no está actualizada, lo que atenta contra su actual veracidad y exactitud, causando un desprestigio a la reputación, imagen y buen nombre de los quejosos, por lo que, al subsanar tal omisión, la responsable debe atender también, a los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales, consagrados en favor de los impetrantes, en los artículos 6°, fracción II y 16 constitucionales. Es aplicable al caso, el criterio que informa la tesis I.4o.A.790, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 2244, del siguiente rubro y texto: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ OBLIGADO A PROCURAR QUE LOS DATOS PERSONALES QUE DIVULGA SEAN EXACTOS Y ACTUALIZADOS, ASÍ COMO A SUSTITUIR, RECTIFICAR O COMPLETAR OFICIOSAMENTE AQUELLOS QUE PUBLIQUE Y RESULTEN INEXACTOS O INCOMPLETOS. El derecho fundamental de acceso a la información se encuentra previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ejercicio está asociado, a manera de excepción o límite, con la acción conocida como habeas data, que se define como el derecho que asiste a toda persona a solicitar, mediante un proceso determinado, la exhibición de la información contenida en registros -públicos o privados- en los cuales estén incluidos datos personales, para tomar conocimiento de su exactitud y, de ser pertinente, requerir la corrección o supresión de los inexactos u obsoletos, con sustento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que contempla los denominados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-. Por otra parte, en relación con la información que se encuentra en poder de las dependencias gubernamentales, el artículo 20, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece una serie de obligaciones que deben observar en cuanto al manejo o disposición de la información que hacen pública, y su artículo 3, fracción XIV, inciso a), prevé que la Procuraduría General de la República es un sujeto obligado al cumplimiento y observancia de la propia ley. En este contexto, se concluye que el director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República está obligado a procurar que los datos personales que divulga sean exactos y actualizados, así como a sustituir, rectificar o completar oficiosamente aquellos que publique y resulten inexactos o incompletos. Atento a lo expuesto, lo procedente en el presente asunto, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, para el efecto de que la autoridad responsable, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 68 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en atención a los derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- y de protección de datos personales que tutela el artículo 16 constitucional, modifique la resolución impugnada solo en el aspecto analizado en este fallo, reitere los aspectos que no fueron materia de esta sentencia, ordene al sujeto obligado a que en la versión pública del documentos que determinó fuera entregado a la particular, consistente en el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, suprima la información que lesione la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa, que en ella se divulga, o que la complemente con el resultado de los hechos materia de esa indagatoria contenida en la resolución de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en los autos del toca penal 247/2015, de su índice. Conforme a lo anterior, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado estableció que para el cabal cumplimiento del fallo protector, debía seguirse el Protocolo de Ejecución que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 68 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en atención a los derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- y de protección de datos personales que tutela el artículo 16 constitucional, modificar la resolución impugnada solo en el aspecto analizado en la sentencia de amparo, en el que reiterando los aspectos que no fueron materia de la misma, ordene al sujeto obligado a que en la versión pública del documentos que determinó fuera entregado a la particular, consistente en el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil quince, respecto de los hechos ocurridos el treinta de junio de dos mil catorce, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, suprima la información que lesione la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa, que en ella se divulga, o que la complemente con el resultado de los hechos materia de esa indagatoria contenida en la resolución de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en los autos del toca penal 247/2015, de su índice. CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO Así, el veintitrés de enero de dos mil veinte, se tuvo por acreditado, por la autoridad responsable al exhibir copia certificada del acuerdo ACT-PUB/04/12/2019.05 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el que el Pleno del Instituto dejó insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 0132/17, y turnó de nueva cuenta a proyecto el dictado de una nueva acatando las directrices ordenadas en la sentencia de amparo. Asimismo, por oficio registrado bajo el folio 5148, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su calidad de representante legal de dicho instituto y en representación de los Comisionados que integran el Pleno del mismo, a través del cual exhibe copia certificada de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RRA 0132/17 BIS. VALORACIÓN DE CONSTANCIAS Dichas documentales se tienen a la vista al momento de realizar el presente estudio de cumplimiento, y por ser un documento público es analizado a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en la materia, tienen pleno valor probatorio para acreditar que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que dejó insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 0132/17, y turnó de nueva cuenta a proyecto el dictado de una nueva resolución, emitiendo una nueva en la que atendió el contenido de la sentencia de amparo y la dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el R.A. 546/2017-VI, precisando que los argumentos de la parte quejosa son fundados y conminó al sujeto obligado a la entrega de la información relativa al caso Tlatlaya, de manera completa y actualizada, suprimiendo la información que lesionara la reputación, fama, imagen y buen nombre de la parte quejosa. En consecuencia, al no existir más extremos por cumplimentar, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR ESTÁ TOTALMENTE CUMPLIDO. Se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA.

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