Roberto Ackerman Valadez

Expediente 35/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 33 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Roberto Ackerman Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que mediante oficio SEADS/669/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó mi readscripción al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintitrés; lo que se hace del conocimiento a las partes, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que conforme al artículo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Por tanto, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, por una parte se sobreseyó y se negó el amparo en el presente asunto, y por otra parte se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que no obra en autos la notificación personal de la parte quejosa, respecto del auto de tres de agosto del presente año, donde se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción a fin de que notifique personalmente el auto de tres de agosto de dos mil veintidós a la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa el auto de tres de agosto de dos mil veintidós.

  3. Principal

    a las nueve horas del ocho de diciembre de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, los acuerdos de tres de agosto y de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 35/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que no obra en autos la notificación personal de la parte quejosa, respecto del auto de tres de agosto del presente año, donde se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción a fin de que notifique personalmente el auto de tres de agosto de dos mil veintidós a la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa el auto de tres de agosto de dos mil veintidós. Número de expediente: 35/2021 Acuerdo: Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables cumplieron con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, asimismo negó el amparo y protección de la justicia federal y por otra parte, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Ackerman Valadez, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Precisión de los efectos de la concesión de amparo. En términos de los dispuesto por el numeral 74 fracción V, en relación con el precepto 77 fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a. CXV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 414, octubre de 1997, tomo VI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 197512, cuyo rubro es: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En consecuencia, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, actúe de la siguiente forma: 1.- No deberá aplicar en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa el contenido de la fracción V, apartados A y B del artículo 4º la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. En consecuencia, la autoridad que recaudó las sobre tasas en apoyo al fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos, contenidas en los recibos de pago de impuesto predial relativo a los inmuebles identificados con clave catastral PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006, de siete de enero de dos mil veintiuno. 2.- La autoridad recaudadora deberá devolver, debidamente actualizadas las cantidades cuya devolución se ha ordenado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, materia Constitucional y Común, página diecinueve, con registro 192846, de rubro y texto: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PREENTE Y FUTURA. El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo se protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atendería contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplictiva si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Al igual que la jurisprudencia 2 a./J 137/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 526, registro 163321, cuyos rubro y texto dicen: LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución. Así las cosas, al no haber sido recurrida dicha sentencia, en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a fin de que cumpliera con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el: -Doce de mayo de la presente anualidad, la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, remitió el desglose pormenorizado en relación con las "operaciones aritméticas", para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura; respecto de las claves catastrales PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006. -De igual forma, el once de julio del presente año, se tuvo a la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, remitiendo copia certificada del cheque con folio 0229428, emitido a nombre de Roberto Ackerman Valadez, valioso por la cantidad de $22,825.00 (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos); asimismo, solicitó que se requiera a la parte quejosa para que se apersonara a recoger el mismo en el horario laboral a las oficinas de Egresos dependiente de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, motivo por el cual en esa misma data se requirió a la parte quejosa para que acudiera a la referida oficina e informara a este órgano de control constitucional, si recibió de conformidad el cheque mencionado. -Posteriormente, mediante oficio recibido el veinticinco y veintisiete de julio del año en curso, en este órgano jurisdiccional la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, anexó copia certificada de la póliza que ampara el cheque número 0229428, por la cantidad de (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), con el acuse de recibo por la apoderada legal de la parte quejosa. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, a saber, artículo 4, fracción V, inciso A) y B) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Lo anterior, a través del desglose pormenorizado en relación con las operaciones aritméticas, para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, con motivo del pago de impuesto predial relativo a los inmuebles con claves catastrales PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006. Expidiéndose para tal efecto la póliza que ampara el cheque número 0229428, por la cantidad de (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), a nombre del aquí quejoso Roberto Ackerman Valadez, la cual fue recibido por la apoderada legal del antes mencionado como se advierte del acuse de recibió que remitió la autoridad responsable mediante oficio presentado el veinticinco de julio del año en curso. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes SISE. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables cumplieron con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, asimismo negó el amparo y protección de la justicia federal y por otra parte, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Ackerman Valadez, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Precisión de los efectos de la concesión de amparo. En términos de los dispuesto por el numeral 74 fracción V, en relación con el precepto 77 fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a. CXV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 414, octubre de 1997, tomo VI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 197512, cuyo rubro es: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En consecuencia, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, actúe de la siguiente forma: 1.- No deberá aplicar en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa el contenido de la fracción V, apartados A y B del artículo 4º la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. En consecuencia, la autoridad que recaudó las sobre tasas en apoyo al fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos, contenidas en los recibos de pago de impuesto predial relativo a los inmuebles identificados con clave catastral PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006, de siete de enero de dos mil veintiuno. 2.- La autoridad recaudadora deberá devolver, debidamente actualizadas las cantidades cuya devolución se ha ordenado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, materia Constitucional y Común, página diecinueve, con registro 192846, de rubro y texto: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PREENTE Y FUTURA. El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo se protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atendería contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplictiva si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Al igual que la jurisprudencia 2 a./J 137/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 526, registro 163321, cuyos rubro y texto dicen: LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución. Así las cosas, al no haber sido recurrida dicha sentencia, en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a fin de que cumpliera con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el: -Doce de mayo de la presente anualidad, la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, remitió el desglose pormenorizado en relación con las "operaciones aritméticas", para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura; respecto de las claves catastrales PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006. -De igual forma, el once de julio del presente año, se tuvo a la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, remitiendo copia certificada del cheque con folio 0229428, emitido a nombre de Roberto Ackerman Valadez, valioso por la cantidad de $22,825.00 (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos); asimismo, solicitó que se requiera a la parte quejosa para que se apersonara a recoger el mismo en el horario laboral a las oficinas de Egresos dependiente de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, motivo por el cual en esa misma data se requirió a la parte quejosa para que acudiera a la referida oficina e informara a este órgano de control constitucional, si recibió de conformidad el cheque mencionado. -Posteriormente, mediante oficio recibido el veinticinco y veintisiete de julio del año en curso, en este órgano jurisdiccional la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, anexó copia certificada de la póliza que ampara el cheque número 0229428, por la cantidad de (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), con el acuse de recibo por la apoderada legal de la parte quejosa. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, a saber, artículo 4, fracción V, inciso A) y B) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Lo anterior, a través del desglose pormenorizado en relación con las operaciones aritméticas, para determinar la devolución del impuesto predial, impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, con motivo del pago de impuesto predial relativo a los inmuebles con claves catastrales PP-020-203, PP-106-001, PR-018-009, PP-103-005 y PP-103-006. Expidiéndose para tal efecto la póliza que ampara el cheque número 0229428, por la cantidad de (veintidós mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), a nombre del aquí quejoso Roberto Ackerman Valadez, la cual fue recibido por la apoderada legal del antes mencionado como se advierte del acuse de recibió que remitió la autoridad responsable mediante oficio presentado el veinticinco de julio del año en curso. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes SISE. Notifíquese personalmente.

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