Rita Mayra Arroniz Pérez

Expediente 711/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
711/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Rita Mayra Arroniz Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito (con anexos que acompañan) presentado por Rita Mayra Arroniz Pérez; y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 711/2021-E. Ahora bien, conviene precisar que en los artículos 62, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien suscribe de examinar en su integridad la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Los artículos precisados son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, quien suscribe, considera que es improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, incisos b) y c), fracciones IV, VII, y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante l interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.] XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción." El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) El de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) El de existencia de agravio personal y directo; 3) El de relatividad de la sentencia; 4) El de estricto derecho; y, 5) El de definitividad. Aquí importa referirnos a este último. Con base en lo anterior, se precisa que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Sentado lo anterior, en la especie la parte quejosa está reclamando en su escrito de demanda: "1) De la autoridad responsable indicada en el inciso a), reclamo el ilegal e inconstitucional auto de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, dentro del cual ordena concluir las diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la suscrita Rita Mayra Arroniz Pérez, para declarar en estado de interdicción a mi padre MIGUEL ARRONIZ MOISES [.]" Asimismo, en vía de consecuencia, reclama el levantamiento de las medidas decretadas en los autos de dos de julio del año en curso y dieciocho de agosto del mismo año, por lo que se dejó sin efectos el nombramiento de tutora interina; así como la omisión de continuar con las determinaciones tomadas al iniciar dicho procedimiento, como son la omisión de entregar a la quejosa copias de la designación de tutor provisional, de ponerla en posesión de diversos inmuebles, de notificar oficios a tal tutor como a diversas instituciones bancarias. Establecido el marco jurídico apuntado, tenemos que en el caso particular operó la causal de improcedencia aludida en párrafos superiores, virtud que contra el auto dictado el veinticuatro de septiembre del año en curso, en el expediente 1491/2021, por medio del cual el Juez responsable determinó dar por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Rita Mayra Arroniz Pérez, aquí quejosa, procede el recurso de apelación, según se explica a continuación. En primer lugar, debe decirse que en virtud que el procedimiento de origen se trata de un procedimiento de naturaleza civil en esta Entidad Federativa, es menester establecer que le son aplicables las disposiciones previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, mismas que respecto al recurso de apelación, establecen lo siguiente: "674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. --- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: --- [.] --- III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y "883.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables, en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez, o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación." De lo antes transcrito, se advierte primeramente que el recurso de apelación se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior. Asimismo, el primero de los dispositivos citados, establece que los autos son apelables, cuando así lo prevea expresamente la codificación adjetiva aludida; y el segundo precepto legal invocado, dispone en lo que al caso interesa, que las providencias de jurisdicción voluntaria, son apelables en ambos efectos, cuando el recurrente sea el promovente de las diligencias. Ahora bien, antes de continuar, conviene precisar que las resoluciones dictadas en las diligencias de jurisdicción voluntaria, se clasifican en decretos y autos, de modo que todas sus resoluciones son impugnables, en principio, mediante el recurso de revocación, con la salvedad de la determinación conclusiva denominada providencia, que por disposición expresa y directa del numeral 883 antes citado, es apelable. En efecto, el concepto providencia abarca cualquier resolución terminal, tanto los casos en que se decide otorgar o negar lo pedido por el solicitante, como aquellos en que se da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales. Incluso, debe tenerse presente que la procedencia del recurso de apelación está justificado por el beneficio que el promovente puede obtener con el tribunal de alzada, consistente en la satisfacción de sus pretensiones, sin verse en la necesidad de promover las diligencias dos o más veces, aunque el rechazo del Juez carezca de fundamento; en resumen, con la apelación se privilegia el principio de economía procesal. Confirma lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal colegiado del Décimo Quinto Circuito número XV.4o.14 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1519, que dispone lo siguiente: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PARA DECLARAR EL ESTADO DE INTERDICCIÓN DE UNA PERSONA. LA PARTE LEGÍTIMA QUE OCURRE AL EXPEDIENTE PARA OPONERSE A ÉSTAS DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 883 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y NO EL DE REVOCACIÓN. El auto que admite a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar en estado de interdicción de una persona y ordena la designación de médicos alienistas para realizar el examen correspondiente, así como las demás medidas preventivas a que se refiere el artículo 889 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, causa agravios a la parte legítima que se opone a éstas y, por tanto, debe interponer el recurso de apelación contemplado en el numeral 883 del citado código y no promover el de revocación una vez que por su oposición el Juez de la causa ordena la tramitación del procedimiento sumario en términos del artículo 881 del invocado ordenamiento y manda cumplimentar el proveído dictado al inicio de aquéllas, toda vez que las providencias de jurisdicción voluntaria son apelables como lo establece el referido artículo 883 y, en consecuencia, de no agotar dicho recurso en el momento oportuno se considerará el auto respectivo como consentido y aquel medio de impugnación será desechado de plano por frívolo e improcedente, atento al numeral 72 del propio código". Por consiguiente, si en el caso particular, el Juez responsable decidió dar por terminado el asunto de jurisdicción voluntaria de origen, con una providencia conclusoria del procedimiento por razones formales, al existir oposición para su continuación, por parte Miguel Arroniz Moisés; es manifiesto e indudable que el acto que ahora se reclama debió ser apelado en términos de los artículos citados en párrafos superiores, antes de promoverse el presente juicio constitucional. Confirma lo decidido, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.I.C. J/6 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización y contenido son: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES APELABLE LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DEL PROCEDIMIENTO POR RAZONES FORMALES O PROCESALES, SIN DECIDIR LA PETICIÓN DEL PROMOVENTE. (Legislación para el Distrito Federal). La queja es un recurso extraordinario que sólo procede en los supuestos previstos expresamente en la ley, sin posibilidad de extenderla a otros casos, mediante la analogía o por mayoría de razón. El rechazo de la solicitud de las diligencias de jurisdicción voluntaria no está comprendido en el supuesto previsto en el artículo 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque sólo contempla su procedencia contra la inadmisión de la demanda principal de un proceso contencioso, y la promoción de inicio de dichas diligencias no es una demanda, pues la doctrina predominante y la ley positiva actual emplean este vocablo, en el derecho procesal, exclusivamente para identificar al escrito mediante el cual se inicia una contienda jurisdiccional, dirigida a la obtención de una sentencia vinculatoria para las partes, pero no para el acto de apertura de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. No obsta para lo anterior, el empleo de la palabra providencia en el artículo 898 del código en cita, porque esta voz es admisible, tanto para la resolución desestimatoria de la petición del promovente, como para la que da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales, sin entrar al análisis de lo pedido. En cambio, en conformidad con el sistema de procedencia de los medios de impugnación, previsto en el título décimo segundo del mencionado código, los recursos allí establecidos también, son aplicables, por regla general, a las diligencias de jurisdicción voluntaria, cuyas resoluciones se clasifican en decretos y autos, ya que en ellas se emite sentencia, de modo que todas sus resoluciones son impugnables, en principio, mediante el recurso de revocación, con la salvedad de la determinación conclusiva denominada providencia, que por disposición expresa y directa del artículo 898 citado es apelable, en donde el concepto providencia abarca cualquier resolución terminal, tanto los casos en que se decide otorgar o negar lo pedido por el solicitante, como aquellos en que se da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales. Además, la procedencia del recurso de apelación se justifica aquí, por el beneficio que el promovente puede obtener con la alzada, consistente en la satisfacción de sus pretensiones, sin verse en la necesidad de promover las diligencias dos o más veces, aunque el rechazo del Juez carezca de fundamento; esto es, con la apelación se privilegia el principio de economía procesal." (Época: Décima Época, Registro: 2007508, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: PC.I.C. J/6 C (10a.), Página: 1255) En ese sentido, es manifiesto y notorio que a través del citado recurso de apelación, la quejosa pudo obtener la modificación o revocación del acto reclamado de veinticuatro de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 1491/2021, por medio del cual el Juez responsable determinó dar por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Rita Mayra Arroniz Pérez, aquí quejosa, y dejar sin efectos las medidas ordenadas en el mismo. Por lo que al no haberlo interpuesto, la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad y en consecuencia, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo cual impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V. Resta precisar que es incuestionable que no se actualizan los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de la Materia, toda vez que en primer lugar, la procedencia del recurso o medio de defensa de que se trata, no se sujeta a interpretación adicional a la señalada en los referidos preceptos y tampoco tales fundamentales legales resultan insuficientes para determinar la procedencia de ese medio de impugnación en contra del acto reclamado; lo que, desde luego, indica la procedencia del recurso en el juicio génesis. Tampoco se está en el supuesto de dejar en libertad del promovente el interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, conforme lo indica la citada porción normativa. Sobre todo, debe atenderse a que el citado medio de impugnación tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación del citado acuerdo, de manera que a través de ese medio de impugnación, la parte quejosa pudo hacer valer los argumentos que considerara pertinentes para obtener resolución favorable a sus intereses. Asimismo, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; porque simplemente está dando por terminado un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Del mismo modo, el acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Igualmente, no debemos perder de vista que la parte quejosa no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento donde se dictó el auto reclamado, en tanto resulta ser la parte promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria; quien incluso, compareció a la postre al mismo para pretender desahogar la prevención que le fue planteada por la autoridad responsable. Lo anterior al margen que el acto reclamado sea o no de imposible reparación, pues tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, aun cuando se trate de un juicio del orden civil o familiar. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: Tal criterio, es de aplicación analógica, porque los referidos numerales 73, fracción XIII y 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo, que se analizan en dicha jurisprudencia, son de contenido similar a los diversos 73, fracción XVIII y 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, pues, en el orden de su cita disponen que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, en los citados numerales 114, fracción IV, y 107, fracción V, antes referidos, se indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Igualmente, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: Así, lo determinado en párrafos superiores imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Domicilio y autorizado Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Federico Camarena Carcaño, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente.

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