Robertina Benavides Delgado

Expediente 1950/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1950/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Robertina Benavides Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta enviado por el Delegado de la responsable denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, informa que giró el oficio D.J.X. 024/2018 dirigido a la parte quejosa, a efecto de que se presentara a partir del dos de enero de dos mil diecinueve en las oficinas de la Tesorería Municipal, a fin de que le sea entregada la cantidad señalada en la sentencia de amparo; al respecto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a lo anterior, de conformidad a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad antes citada, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al dos de enero de dos mil diecinueve, informe sobre el desahogo de las pruebas descritas en el anexo que acompaña al ocurso de cuente, en acatamiento a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Coordinadora Fiscal y de Amparo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con sede en la Ciudad de México, a través del cual solicita se le remita copia de la ejecutoria emitida el veintisiete de septiembre del año actual, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, que resolvió negar y conceder la suspensión definitiva dentro de presente incidente de suspensión, a efecto de conocer los alcances de la citada medida cautelar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, remítase las mismas mediante oficio; en el entendido de que estás deberán ser simples, en virtud de que no se precisó la naturaleza de las mismas; esto es, si debían de ser simples o certificadas.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; en consecuencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 107 y 108), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad (foja 109), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio del año en curso (fojas 56 a la 80), se determinó conceder al quejoso *, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los dispositivos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la parte accionante de garantías con fundamento en las disposiciones anteriores en el pago realizado el trece de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente; cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, tampoco se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez que de esta no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $*, restándole la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria, y de igual manera, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/5251/2018 de veinte de septiembre de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado (fojas 107 y 108), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $*. Entonces, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $* misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el trece de abril del año en curso y el veinte de septiembre del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada devuelve la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo del presente año a agosto de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año actual entre el índice para el mes de agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de agosto de la presente anualidad fue de 100.492. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $15,373.89 (quince mil trescientos setenta y tres pesos 89/100 moneda nacional); toda vez que debía restarle la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria; sin embargo, éste realizó una transferencia por la cantidad de $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), es decir, un excedente por la cantidad de $3.00 (tres pesos con 00/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de exigirlos, así como los que efectué la quejosa, con el objeto de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

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