Rito Villalobos Martínez
Expediente 2700/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2700/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/10/2020
Partes del expediente
- Rito Villalobos Martínez
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil En Tepic, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede asentada por la secretaria adscrita a este juzgado federal, se advierte que no se interpuso recurso alguno contra la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dentro del término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y el original es depurable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 18, fracción I, inciso a, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se concedió a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado de cuenta suscrito por la Directora General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 55095/2019 (foja 301), manifiesta que, debido a las cargas laborales, no le es posible designar un perito en materia de topografía y agrimensura. Luego del estado de autos se advierte que la Directora General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y el Director del Instituto Tecnológico de Tepic (fojas 302, 95 y 97, respectivamente), todos residentes en esta ciudad, informaron su imposibilidad de designar perito que pudiera llevar a cabo la prueba pericial en topografía ordenada en autos; asimismo, que el perito Javier Hernández García es el único que puede fungir como perito oficial en materia de topografía dentro del Vigésimo Cuarto Circuito de conformidad con el Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para el año de dos mil diecinueve y que dicho profesionista fue designado por la parte quejosa como perito en la materia precisada. En ese tenor, con sustento en el arábigo 17 Constitucional, así como del Acuerdo General 37/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para formar anualmente la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, las formalidades para su nombramiento, así como sus derechos y obligaciones; al igual que, el diverso Acuerdo General 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el citado Acuerdo 37/2001, con relación a las formalidades para el nombramiento de los mismos y el procedimiento de pago; mientras que, en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente al año dos mil diecinueve, no existe un diverso experto en la materia de topografía a Javier Hernández García, autorizado en el Vigésimo Cuarto Circuito al cual pertenece este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Sin embargo, vista la lista del Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Gobierno del Estado de Nayarit, se advierten profesionistas que se encuentran registrados en materia de topografía para el período del uno de marzo de dos mil diecinueve al veintinueve de febrero de dos mil veinte; por tanto, con base a las disposiciones anteriores, este juzgado federal designa como perito oficial a Guillermo Antonio Nolasco Betancourt, quien tiene su domicilio ubicado en Calle Bahía de Matanchen, número setenta y nueve Fraccionamiento Lomas de la Cruz, de esta ciudad. En virtud de lo anterior, con fundamento en el arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, requiérasele para que en un término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído, por conducto de la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, con copia de los cuestionarios formulados sobre los cuales versará el desahogo de la prueba pericial citada (foja 53 a 54 y 112 a 113) a efecto de que presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño; asimismo, proporcionará la cotización de honorarios correspondiente, para lo cual deberá adjuntar fotocopia de los documentos sobre los cuales versará el medio de convicción en comento para los trámites administrativos respectivos, o en su caso, deberá manifestar el impedimento que tenga para ello. Se apercibe al multicitado perito que de no realizar manifestación alguna dentro del plazo indicado, se entenderá su desinterés para aceptar el cargo conferido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL PERITO GUILLERMO ANTONIO NOLASCO BETANCOURT.
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta enviado vía telegráfica por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora General adjunta, con sede en la Ciudad de México, a través del cual alude que ya rindió su correspondiente informe previo; sin embargo, agréguese a los presentes autos sin mayor acuerdo, toda vez que el ocho de julio del año en curso (fojas 2268 a 2282, tomo IV), se resolvió la suspensión definitiva respecto de dicha autoridad. Asimismo, como lo solicita se deja sin efectos el apercibimiento formulado en los presentes autos. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el cuatro de octubre actual, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 126 a 127). En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de este mes (foja 129), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada el tres de junio de este año (fojas 39 a 58), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Los artículos 24, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XXIII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en auto de diez de septiembre de este año (fojas 116 a 117), el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió la resolución dictada en el recurso de revisión interpuesto por la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, del cual se advierte que desechó el medio de impugnación antes indicado; por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los ordinales 24, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. B).- Devolver las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado; además, devolver la cantidad correspondiente debidamente actualizada. Así, mediante oficio signado por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, informó que se había entregado a la parte quejosa un cheque por la cantidad de $6,850.32 (seis mil ochocientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia del citado cheque con firma original del quejoso, lo anterior, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $6,814.27 (seis mil ochocientos catorce pesos 27/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $6,871.32 (seis mil ochocientos setenta y un pesos 32/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 10), y la responsable efectuó la devolución de la cantidad indicada a la parte quejosa el uno de octubre de este año (foja 127), por la cantidad de $6,850.32 (seis mil ochocientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional). Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de marzo a octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero a septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de este año de 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.000372219365729. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $6,871.32 (seis mil ochocientos setenta y un pesos 32/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $57.05 (cincuenta y siete pesos 05/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $6,850.32 (seis mil ochocientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $6,871.32 (seis mil ochocientos setenta y un pesos 32/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $6,850.32 (seis mil ochocientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), es decir, un faltante de $21.00 (veintiún pesos 00/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreeyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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