Roberta Sánchez Palermo

Expediente 542/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Roberta Sánchez Palermo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ...En consecuencia, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el diverso 2° de la Ley de Amparo, por los motivos antes expuestos, se ordena la regularización del procedimiento, y se deja sin efectos el acuerdo de valoración y archivo; pero únicamente en cuanto a la valoración documental contenida en dicho auto, no así por cuanto hace al envío del archivo. Así, de la revisión de las actuaciones del presente expediente, se advierte que la clasificación y valoración correcta del presente asunto es de relevancia documental, por lo que deberá conservarse en su integridad en original...

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Lvec.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obre como corresponda la copia certificada del auto de cuenta, mediante el cual remite sin diligenciar el despacho 317/2018, del índice de este tribunal colegiado, y anexo que se acompaña, consistente en la razón de imposibilidad, suscrita por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia enToluca, de la que se advierten los motivos por los que no realizó la notificación de la resolución de cumplimiento de doce de julio del año en curso. Acúsese recibo. Por tanto, con fundamento en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano colegiado, la resolución de referencia, así como el presente auto y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal a la parte tercera interesada, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este tribunal colegiado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Lvec.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, procede determinar si se encuentra cumplida la ejecutoria constitucional dictada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete (folios 85 a 93). Los efectos de la ejecutoria constitucional, fueron para que la responsable: Dejara insubsistente la sentencia de siete de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 261/2014; únicamente en lo que se refiere al considerando séptimo y resolutivo segundo. Dictara una nueva resolución en la que, valorando la documental pública que obra a foja 60 de los autos del juicio agrario, consistente en la manifestación de valor catastral de cinco de diciembre de dos mil seis, determine si el terreno materia de la litis, del que solicita la parte actora el mejor derecho a poseer se encuentra sujeto al régimen comunal de SANTA MARÍA JAJALPA, Municipio de TENANGO DEL VALLE, o en su caso al régimen de propiedad privada. Asimismo, este Tercer Tribunal Colegiado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 105 a 107), dictó aclaración de sentencia, donde se determinó lo siguiente: Que dejara insubsistente la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, únicamente en lo que se refiere al considerando séptimo y resolutivo segundo, dictada en el expediente 261/2014. Asimismo, dictará una nueva resolución en la que, valorara la documental pública que obra a foja 60 de los autos del juicio agrario, consistente en la manifestación de valor catastral de cinco de diciembre de dos mil seis, y determinara si el terreno materia de la litis, del que solicita la parte actora el mejor derecho a poseer se encuentra sujeto al régimen comunal de SANTA MARÍA JAJALPA, Municipio de TENANGO DEL VALLE, o en su caso al régimen de propiedad privada. Por oficio 2981/2017 de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (folio 115), el Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, adjuntó la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, de la que se advierte lo siguiente: Manifestó haber dejado sin efectos la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada en los autos del expediente 261/2014 (foja 122), únicamente por lo que se refería al considerando séptimo y resolutivo segundo. Analizó las diversas documentales entre las que valoró el recibo de constancia de posesión del año dos mil cinco, recibo de certificación de clave y valor catastral y recibo de certificado de contrato expedido por el municipio de Tenango del Valle, Estado de México a nombre de Benita Santos Sánchez Palermo (foja 60 del expediente 261/2014), misma que al haberse contradicho su contenido con diversa prueba pericial, se le restó valor probatorio, por lo que el Tribunal aduce que el terreno motivo del juicio se encuentra dentro de las tierras de asentamiento humano del plano definitivo dentro de la comunidad de Santa María Jajalpa, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, por lo que dicho terreno se encuentra sujeto al régimen comunal del núcleo agrario. Con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente (fojas 182 a 183), el cual en el resolutivo segundo manifiesta que la parte demandada probó parcialmente sus pretensiones, declarando la nulidad de contrato de compraventa sin fecha suscrito entre Cirilo Sánchez Cecilia y Benita Santos Sánchez Palermo con las medidas colindancias que precisa la actora en su escrito inicial de demanda. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; sin que en su cumplimiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Sin que pase desapercibido para este tribunal que la autoridad responsable manifestó dejar insubsistente la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, sin embargo de la sentencia se comprende que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, dejo sin efectos la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que el error ortográfico cometido por la autoridad no afecta el debido cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número P. XLVIII/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 197 y 214 de la ley de la materia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, esto por así haberse ordenado en auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis; y mediante oficio al tercero interesado. En su oportunidad, archívese el presente asunto. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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