Rigoberto Flores Sánchez

Expediente 539/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
539/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Rigoberto Flores Sánchez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes, para que obre como corresponda, la copia certificada del oficio de cuenta, mediante el cual el juzgado oficiante acusa recibo del oficio por el que se remitieron los autos originales del presente juicio de amparo directo, así como de las copias certificadas del recurso de revisión 144/2018, descritos en el oficio de cuenta, e informa que asume el conocimiento para conocer y resolver del presente asunto. Consecuentemente, al no haber acto alguno que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruible, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, así como las copias certificadas del recurso de revisión 144/18, del índice de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, del Poder Legislativo del Estado de México; fórmese el juicio de amparo directo 539/2018, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. De las constancias que remite la autoridad responsable se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión 144/18, por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, perteneciente al Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de México. Por tanto, se puede advertir que este Tribunal carece de competencia para conocer y resolver el presente asunto, puesto que el acto reclamado lo constituye la resolución anteriormente mencionada, la cual fue dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por una autoridad que no se trata de un tribunal Judicial, administrativo, agrario o del trabajo. En efecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". Del artículo transcrito se obtiene que el juicio de amparo directo, competencia de los tribunales colegiados de circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en contra de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Asimismo, precisa que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal o las que sin decidirlo lo den por concluido, y que procederá el amparo directo, en contra de dichas determinaciones, únicamente cuando sean pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Por tanto, la resolución que se reclama, al no haber sido dictada por algún tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo, además de ser un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puede ser reclamada en vía indirecta, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 45 y 170 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y, por ende, se ordena remitir al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en Turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a quien se considera competente, el presente asunto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y la copia certificada del recurso de revisión 144/18; se solicita el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Tribunal (Naucalpan de Juárez), con fundamento en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se le previene para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, haga tal señalamiento, con el apercibimiento de que, en caso contrario, las demás notificaciones y aún las de carácter personal, se le harán por lista. Término que se otorga de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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