Rita Maria del Rosario Dominguez Rosado
Expediente 214/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rita Maria del Rosario Dominguez Rosado
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veintidós de marzo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es destruible, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, toda vez que en autos obra la copia certificada del acta ochocientos cincuenta y cuatro, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público doce del Estado de Yucatán, la cual anexó la quejosa junto su escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto del Acuerdo referido, prevéngase a la quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, en mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada; se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", para obtener la cita correspondiente a fin de acudir al Juzgado para que se le haga entrega del documento en comento, previo cotejo y compulsa que se realice con una copia simple del mismo, debiendo dejarse dicha copia en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el informe justificado remitido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, así como el anexo que acompañó. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de la autoridad responsable, de dar respuesta a la solicitud de inscripción de un título de propiedad, presentada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable, de dar respuesta a la solicitud de inscripción de un título de propiedad, presentada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable emitió una determinación en la que indicó que dicha solicitud de registro quedaba suspendida, en virtud de que existía una diversa solicitud pendiente de ser registrada, por lo que era menester que feneciera el plazo para atender esta última solicitud, a fin de estar en aptitud de determinar lo correspondiente a la presentada por la parte quejosa, quedando, por ende, pendiente la modificación del estatus relativo. Siendo que dicha determinación le fue notificada por este órgano de control constitucional, de manera personal, a la parte quejosa, mediante el correo electrónico que indicó para tal efecto en su demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido la determinación antes ponderada, en la cual se indicó los motivos por los que la solicitud presentada por la quejosa quedaba temporalmente suspendida, misma que le fue notificada de manera personal a la parte quejosa, conociendo, por tanto, los motivos y fundamentos de la misma, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexo que acompaña. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de dicho informe, así como con el anexo respectivo, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
- Principal
Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que el Actuario adscrito, no logró emplazar a los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat, tal y como fue ordenado en proveído de veintiséis de enero pasado, dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos que señaló en sus actuaciones levantadas el veintisiete y veintiocho de enero del año en curso. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, toda vez que de autos se advierte que se han agotado diversas medidas con el propósito de investigar el domicilio de los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat, para que pudieran ser emplazados a juicio. Por otra parte, en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se le requirió al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, Vocal del Registro Federal Electoral de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegado Estatal de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Administración y Finanzas del Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica del Estado, Director del Registro Civil del Estado, Director del Catastro Municipal, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Mérida, y apoderado legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informaran a este Juzgado si en los archivos de dichas dependencias tienen registrado el domicilio de los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat; lo anterior, a fin de que este tribunal esté en aptitud de emplazarlos a juicio de amparo. Asimismo; en proveído de veintiséis de enero pasado, se ordenó al Actuario de la adscripción comisionarse a los domicilios proporcionados por las autoridades requeridas. Atento a lo anterior, por constancias levantadas de fechas veintisiete y veintiocho de enero del año en curso, realizadas por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, informó las razones por las que no le fue posible notificar a los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat, el contenido del acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, sin lograr su emplazamiento. Atento a lo anterior, y en cuanto que hasta la presente fecha, no ha sido posible lograr el emplazamiento de los referidos terceros interesados, ello a pesar de que se agotaron todos los medios de investigación al alcance a fin de allegarse del dato relativo al domicilio en que pudieran ser emplazados al presente juicio de amparo los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat,; por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, procédase a emplazar los terceros interesados Deysi María del Socorro Cat Moreno y Ricardo Alejandro Dorantes Cat, por medio de EDICTOS, que deberán publicarse a costa de la peticionaria de garantías, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República; para tal efecto, expídase los edictos correspondientes, los que se dejan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este Juzgado y una vez que sean entregados, fíjese en la puerta de este Tribunal Federal, una copia del mismo por todo el tiempo que dure el emplazamiento. En consecuencia, con fundamento en el aludido artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente acuerdo, comparezca personalmente ante este Juzgado a efecto de que se le entregue el mencionado edicto y exhiba la publicación del mismo; asimismo, requiérasele a fin de que exhiba ante este órgano de control constitucional, dentro de los cinco días hábiles, siguientes a aquél en el que le sea proporcionado el mismo, las constancias con las que acredite el pago de las correspondientes publicaciones, y dentro de los tres días hábiles siguientes al de la última publicación de los mismos, exhiba todos los ejemplares correspondientes; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, o bien, de no manifestar alguna causa justificada que tenga para no cumplir con lo anterior, se tendrá por manifiesta su evidente omisión, y por ende, ante la falta de notificación de una de las partes en el juicio de amparo, por causa atribuible al quejoso, se decretará el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo en vigor.
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